SANTIAGO – Invertir en las infraestructura hidráulicas y en los servicios de saneamiento relacionados con el agua puede generar 3,6 millones de nuevos empleos en América Latina y el Caribe en los próximos 10 años, planteó este miércoles 1 el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.
Se formaría así “un eje de recuperación transformadora de la economía de los países, reduciendo contaminantes y aumentando la resiliencia ante el cambio climático y amenazas sanitarias tales como la pandemia”, dijo el titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Agregó que esa inversión durante 10 años de 1,3 % del producto interno bruto, que en la región sumó 5,5 billones (millones de millones) de dólares en 2021 según el Banco Mundial, “es un esfuerzo importante pero no imposible”.
Salazar-Xirinachs expuso esa tesis durante la inauguración de los terceros Diálogos Regionales del Agua, reunión que se celebra hasta el viernes 3 de febrero en la sede en esta capital del organismo de las Naciones Unidas que dirige, con ministros, otras autoridades y expertos latinoamericanos y caribeños.
El énfasis está en que invertir en agua y saneamiento puede generar hasta 3,6 millones de empleos verdes, que aumenten los ingresos de las familias, mejoren la calidad de vida de las poblaciones y favorezcan la acción por el clima.
La reunión es preparatoria de la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas 2023, que tendrá lugar en marzo en Nueva York y evaluará el progreso relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6: garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Los 17 ODS, formulados en 2015, integran la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para procurar y garantizar un futuro mejor y sostenible para la humanidad.
Se espera que de la cita de Santiago surja una Agenda Regional del Acción por el Agua, que permitirá a América Latina y el Caribe llegar con una sola voz a la reunión de marzo en la sede de la ONU.
Salazar-Xirinachs recordó que, si bien el agua es reconocida como un derecho humano desde 2010, en América Latina y el Caribe una gran parte de la población aún carece de servicios seguros de agua y saneamiento.
Precisó que 25 % de la población no cuenta con acceso a agua potable (161 millones de personas), mientras que 66% (431 millones de personas) no tiene acceso a servicios de saneamiento manejados de manera segura.
“El quintil más vulnerable sufre más esta situación, con un 25 % menos de acceso a estos servicios. Además, y debido a la regresividad de los sistemas tarifarios de agua, este quintil de mayores necesidades puede pagar hasta el doble, proporcionalmente, que el quintil más rico”, alertó.
Por otra parte, en las últimas tres décadas los desastres asociados al agua representaron 88 % del total de los eventos desastrosos ocurridos en la región.
Abundó recordando que del ciclo natural del agua, y de sus flujos en cantidad y calidad suficientes, dependen tanto la vida humana como las dinámicas y la integridad ecosistémica, que alimentan gran parte de las actividades económicas fundamentales para el desarrollo sostenible.
“El agua es clave y transversal para prácticamente todas las actividades económicas, la agricultura, la industria y la minería, y para los sectores transformadores, como la bioeconomía, las energías renovables, la biodiversidad, la economía circular y el turismo sostenible”, expresó Salazar-Xirinachs.
Mario Lubetkin, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), precisó que, según estimaciones del organismo, para 2050 la producción mundial de alimentos se incrementará en 50% en comparación con 2012, a fin de satisfacer la creciente demanda de alimentos.
“Si se mantienen las condiciones actuales, esto exigirá al menos 35% más de agua dulce”, advirtió Lubetkin, e instó a gestionar de manera sostenible los escasos recursos hídricos de la tierra.
Al respecto, la ministra chilena de Medio Ambiente, Maisa Rojas, recordó la mega sequía que afecta al país desde hace más de una década.
Subrayó por ello la urgencia de fortalecer la gobernanza del agua a través del establecimiento de una política para la seguridad hídrica, la creación de una autoridad nacional del agua y la institucionalización de organismos de gobernanza a nivel de cuencas.
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