MADRID – El gobierno de España ofreció este viernes 10 la nacionalidad del país a los 222 expresos políticos que Nicaragua expulsó la víspera hacia Estados Unidos y a los que mediante una reforma constitucional les despojará de la ciudadanía.
El ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, dijo que “el gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados, ante las noticias de que se han iniciado los trámites para declararlos apátridas”.
Además España ofrecerá acogida “a cualquier otro preso que se encuentre todavía en estos momentos en la misma situación que los que acaban de ser liberados”, dijo Albares, pues una treintena de detenidos políticos aún permanecen en cárceles del país centroamericano.
El más prominente es el obispo de la diócesis católica de Matagalpa (centro de Nicaragua), monseñor Rolando Álvarez, quien rehusó abordar el avión que llevó a los liberados a Estados Unidos, por lo que las autoridades en Managua decidieron recluirlo en una cárcel de seguridad a las afueras de esa capital.
“Que sean libres, yo pago la condena de ellos”, dijo el obispo Álvarez según fuentes católicas en Managua.
El prelado de 56 años, un vehemente opositor al presidente Daniel Ortega, fue detenido, sin acusación precisa, en agosto de 2022, cuando la casa parroquial de Matagalpa fue allanada por efectivos policiales.
En Washington, entretanto, los expresos fueron alojados en un hotel cercano al aeropuerto donde comenzaron a encontrarse con familiares y amigos, y las autoridades estadounidenses les proveerán, invocando razones humanitarias, de una visa para que puedan permanecer en ese país hasta por dos años.
Junto con los primeros relatos de sus padecimientos y torturas en las cárceles de Nicaragua, así como de la sorpresa que significó su traslado hasta el avión que les llevó al exilio, decenas de expresos indicaron que no tienen en Estados Unidos familiares que les brinden acogida inmediatamente.
Hubo expresiones de alegría por la oferta española de nacionalidad a los expresos que la soliciten.
Entre los liberados y desterrados están históricos dirigentes del movimiento sandinista que llevó a Ortega al poder, como la excomandante guerrillera Dora María Téllez y el ex vice canciller Víctor Hugo Tinoco, devenidos en fuertes críticos del autoritarismo y la represión por la que culpan al gobernante.
También los hermanos Pedro Joaquín y Cristiana Chamorro (inhabilitada como aspirante presidencial para los comicios de 2021, en los que Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva), hijos de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), cuya familia dirigió durante décadas el diario La Prensa.
En Managua, entretanto, la Asamblea Nacional legislativa aprobó con 89 votos, de un total de 91, enmendar en la Constitución el artículo referido a la nacionalidad, agregándole un párrafo que permitirá arrebatar ese derecho a los deportados.
“La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”, reza la enmienda.
Ortega, en una alocución televisada se refirió a la deportación de los opositores y se congratuló por “esta paz de la que estamos gozando ahora que salieron los golpistas, los mercenarios. Bueno, respiramos más paz en Nicaragua, gracias a Dios”.
Agregó que “cuando nos preguntan que a cuántos vamos a soltar, les decimos que a todos. Y nos preguntan en particular por una sola persona, y también a Álvarez, al obispo. También. No queremos que quede ningún rastro de lo que son los mercenarios del imperio aquí en nuestro país”.
Además negó que la liberación y deportación de los detenidos haya sido producto de una transacción con Washington.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, dijo la víspera que la liberación de los presos políticos “marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en ese país y abre la puerta a más diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas que preocupan”,
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