MÉXICO – En la zona del municipio de Papantla, en el sudoriental estado mexicano de Veracruz, la no gubernamental Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason) trabaja con comunidades locales en el fortalecimiento organizativo, capacidad de incidencia en políticas y estrategias de litigio.
“Es importante que pueda existir esa participación con organizaciones que tienen trabajo a nivel nacional y una capacidad de incidencia no solo en lo jurídico. Tienen la capacidad para iniciar amparos. Así se ha logrado frenar proyectos mineros, por ejemplo”, dijo a IPS desde Papantla, la coordinadora de Corason, Alejandra Jiménez.
En ello consiste la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, entre asociaciones basadas en los territorios y otras de alcance nacional.
Desde su surgimiento en 2015, Corason ha acompañado a organizaciones locales en su lucha contra el uso de la explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking), técnica muy contaminante que requiere de grandes volúmenes de agua y químicos, en Veracruz y Puebla, así como minería e hidroeléctricas en este último estado.
Casos como el de Corason abundan en México, como a lo largo de América Latina, en una región especialmente riesgosa para los defensores del territorio.
Activistas coincidieron en los desafíos que conlleva la aplicación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, proyectado como una herramienta para mitigar los peligros para los defensores de los territorios.
Ahora, un caso que está desde agosto de 2021 está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país, aborda la facultad de las organizaciones para manifestar su disconformidad ante decisiones ambientales y va a perfilar el futuro del activismo ambiental en este país latinoamericano, de unos 130 millones de personas, y de la aplicación del Acuerdo de Escazú.
Su origen radica en dos fallos opuestos de tribunales colegiados mexicanos de 2019 y 2020, en que uno reconoció la facultad de las organizaciones y el otro rechazó esa posibilidad, por lo que la SCJN pasó a dirimir lo que se define como contradicción de criterios.
Primero en agosto último y después el 25 de enero, la SCJN pospuso la resolución del caso, que encierra riesgos legales para los megaproyectos que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, defensor de la industria fósil.
Gustavo Ampugnani, director general de Greenpeace México, consideró el caso una alerta ante el Acuerdo de Escazú y que no debería representar un retroceso para la defensa del ambiente.
“La trascendencia radica en los riesgos que supone una decisión equivocada de la Corte de cómo resolver esta contradicción de criterios existente. Si la Corte resuelve que la constitución legal de una organización ambientalista no es suficiente y que se requieren otros elementos, sería una limitante para la participación ciudadana y el acceso a la justicia”, dijo a IPS.
Los ambientalistas esperan a su Godot particular en forma del novel acuerdo, al que aún no pertenecen Brasil y Costa Rica, para mejorar su protección.
El tratado, en vigor desde abril de 2021 y que toma su nombre de la ciudad costarricense donde se convino, garantiza el acceso a la información y a la justicia ambientales, así como la participación pública en la toma de decisiones ambientales. En ese sentido, el tratado estipula la protección de las personas defensoras del territorio.
“Si la Corte resuelve que la constitución legal de una organización ambientalista no es suficiente y que se requieren otros elementos, sería una limitante para la participación ciudadana y el acceso a la justicia”: Gustavo Ampugnani.
La Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores (SRE), el punto focal de México ante el acuerdo, ya identificó una ruta legislativa para reformar leyes que posibiliten su aplicación y promueve la integración de un grupo multisectorial con ese mismo propósito.
El aire de Escazú se ha enrarecido debido a los constantes ataques de López Obrador contra las personas defensoras, a quienes tacha de “seudoambientalistas” y “conservadores”, por criticar sus políticas, que califican de antiambientales y extractivistas.
Por ello, un grupo de organizaciones y activistas pidieron en una carta al SRE, difundida este martes 2 de febrero, detalles de los avances en la formación de mesas interinstitucionales, selección de indicadores, creación de mecanismos de protección y capacitación de funcionarios, incluyendo tribunales, así como la demanda de transparencia, inclusión y equidad en el proceso.
De alto riesgo
En 2021 se registraron 200 asesinatos de ambientalistas en todo el mundo, con una ligera disminución de los 227 del año previo, según estadísticas de un informe al respecto de la no gubernamental Global Witness, con sede en Londres.
América Latina encabezó esos crímenes, al ser el escenario de 157 de ellos, con una disminución discreta ante los 165 del año anterior, de los cuales México encabezó la lista mortal, con 54 casos, frente a 30 de 2020. Le siguió Colombia pese a la caída de casos: 33 frente a 65, Brasil (26 frente a 20), Honduras (ocho frente a 17) y Nicaragua (13 frente a 12).
Los ataques están relacionados con la oposición a la explotación forestal, minería, agroindustria a gran escala y represas, y más de 40 % de los ataques tuvieron como objetivo a indígenas.
“Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido”: Alejandra Jiménez.
En México hay actualmente unos 600 conflictos ambientales, según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que el gobierno sigue sin finiquitar.
El caso más reciente es el de la desaparición el 15 de enero del abogado Ricardo Lagunes y el defensor indígena Antonio Díaz, opositor de la explotación minera en el occidental estado de Michoacán, cuyo esclarecimiento urgente ha reclamado días después el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A un año de su vigencia, el Acuerdo de Escazú enfrenta retos mayúsculos, en especial en países como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua y donde los defensores enfrentan particulares riesgos.
Para Olimpia Castillo, coordinadora de la no gubernamental Comunicación y Educación Ambiental, el contexto arroja una luz de alerta.
“Es un round muy interesante, porque el artículo 10 (del acuerdo) hace referencia a resaltar la participación de las organizaciones. Se podría contravenir ese artículo. Significaría una limitación muy grande. Son cosas que como país vamos a tener que enfrentar”, dijo a IPS la activista, quien participó en la negociación del acuerdo como parte de la sociedad civil.
En México, el cumplimiento del acuerdo ya ha enfrentado barreras, como el decreto de noviembre de 2021 mediante el cual López Obrador declaró sus megaproyectos “obras prioritarias de seguridad nacional”, con lo que garantiza autorizaciones provisionales, en contravención del tratado.
Entre disputas
Los activistas ya avizoran la ruta si del seno de la SCJN brota un “no”: acudir al mecanismo de resolución de controversias del Acuerdo de Escazú, aunque el hecho es que aún los países no lo han diseñado.
“Consideraríamos acudir al tratado para resolver el tema. El activismo ambiental es altamente peligroso. Pero eso no debe dejar de lado el derecho de las organizaciones de intervenir en las decisiones. Hay que darle herramientas a los activistas y las organizaciones para que utilicen los acuerdos regionales, porque es gravísimo lo que pasa en el país”, previó Ampugnani, de Greenpeace.
En la línea de la difusión del acuerdo trabaja la organización de Castillo. “Si no se sabe que existe y que están obligados a cumplirlo, ¿cómo le hacemos? Aún hay procesos informativos en los que aún no está el reclamo de su aplicación. Hay que exigir su cumplimiento. Hay condiciones para aplicar el acuerdo. Pero necesitamos la voluntad política para cumplirlo y su difusión”, analizó.
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Jiménez, de Corason, cuestionó la actualidad del tratado. “Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido. Y ni digamos de acceso a la información, incluso hay retrocesos. Hay un ambiente que obstaculiza muchísimo”, criticó.
En su opinión, a los gobiernos no les conviene la aplicación del acuerdo, porque obliga a que en temas ambientales haya participación, información y protección.
En marzo de 2022 tuvo lugar la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú que se centró en sus temas operativos y otros que los países deberán dilucidar en los próximos dos años, hasta la próxima cumbre de 2024.
Aún sin fecha de debate de la demanda, la SCJN baila entre irritar al gobierno si favorece a las organizaciones ambientalistas u obstaculizar el respeto al acuerdo. Por ahora, el tratado está lejos de tierra, tanto como Ciudad de México de Escazú: unos 1 925 kilómetros.
ED: EG
