LA PAZ – En septiembre de 2020, durante su campaña a la presidencia de Bolivia, Luis Arce Catacora prometió construir dos plantas de producción de biodiésel.
Aunque la propuesta electoral giraba en torno a la generación de empleo y al ingreso del país a una economía circular, ya en funciones, el mandatario Arce Catacora aseguró que la transformación energética tenía que ver con la reducción de importación de combustibles.
Y es que en los últimos años, las cifras que Bolivia pagó por este concepto fueron en ascenso, llegando a marcar un récord en 2021, con 2123 millones de dólares. Todavía no existen datos oficiales del 2022, pero según los expertos entrevistados para este artículo, la situación no cambió mucho a comparación del año anterior.
En ese escenario, en septiembre de 2022, el presidente dio la orden para iniciar la construcción de la primera planta de biodiésel de Bolivia –la Planta de Biodiésel-1– que estará en la ciudad de Santa Cruz.
Un par de meses antes lanzó el Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas, para cultivar palma aceitera (Elaeis guineensis), jatropha (Jatropha curcas) y macororó (Ricinus comunis) como materia prima para para alimentar Biodiésel-1, Biodiésel-2 y una tercera planta de fabricación de gasóleo a partir de aceite vegetal y aceite de cocina usado.
Ese programa, que tiene una vigencia de cinco años, busca “implementar condiciones tecnológicas para la producción de especies oleíferas (que contienen aceite), fortaleciendo las capacidades de las y los productores locales”, aseguró el presidente durante la presentación, en julio del año pasado.
Ello significa que el Estado producirá la materia prima para la generación de biodiésel, mediante el apoyo a productores locales, a quienes posteriormente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comprará los frutos.
“Con este programa el gobierno nacional no solo quiere garantizar la producción para el productor, sino también garantizarle la compra”, dijo a Diálogo Chino Javier Mamani Quispe, coordinador del Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas.
La palma aceitera o palma africana es una especie nativa del oeste de África. Los frutos rojos que produce pueden procesarse para obtener biodiésel. En tanto que la jatropha es originaria de Centroamérica y sus semillas sirven para extraer un aceite similar al de la palma aceitera. El macororó, la tercera planta, tiene frutos útiles para el mismo fin. Semillas de las tres especies fueron importadas de Colombia, Venezuela y Costa Rica.
Con la introducción de estas especies al país, atrás quedó el discurso ideológico que en 2007 vertió el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), también del Movimiento Al Socialismo (MAS) como Arce, de no dedicar productos agrícolas a los automóviles porque los cultivos deben servir ante todo para alimentar a la población.
Mamani Quispe asegura que para finales de 2023, la primera planta de biodiésel estará en funcionamiento. Como todavía no habrá palma aceitera, ya que tarda entre cuatro y cinco años en crecer, se usará jatropha y macororó para generar 1500 barriles de biocombustible al día, resaltó el funcionario. En paralelo, se iniciará la construcción de otras dos plantas: Biodiésel-2 y una tercera de diésel renovable (HVO), un combustible que se obtiene al procesar aceite vegetal o aceite de cocina usado.
Según los planes, las tres factorías permitirán al país sustituir “entre un 43 y 45 por ciento las importaciones de diésel y gasolina”, aseguró en julio pasado el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a la cadena de televisión de France Press.
En América Latina, Colombia, Brasil y Argentina lideran la producción de biocombustibles, mientras que Paraguay también se apresta a subir al tren de este tipo de producción. De lograr sus objetivos, Bolivia se sumaría a la lista y para ello prevé invertir 387,5 millones de dólares por la construcción de las tres factorías, y 58,6 millones de dólares en la producción de la materia prima.
Biodiésel en Bolivia: un dilema entre costo y beneficio
Sin embargo, los sectores indígenas, campesinos y científicos están preocupados.
“Nombrar ese producto biocombustible es una tergiversación tremenda”, manifestó Vincent Vos, biólogo holandés especializado en Amazonia, al diario Los Tiempos de Cochabamba, que se edita en ese departamento boliviano.
“La misma ley prohíbe a Bolivia producir combustible a partir de productos agrícolas: ni de soya ni de maíz y tampoco de la palma aceitosa si es una plantación agroforestal. Es una manipulación total llamarlo biodiésel cuando en realidad estamos hablando de agrocombustibles”, añadió.
La norma a la que se refiere es el artículo 24 de la Ley Marco de la Madre Tierra, que en su inciso 11 establece: “Prohibir la producción de agrocombustibles y la comercialización de productos agrícolas para la producción de los mismos”. Un tema que no ha sido aclarado ni resuelto por fuentes oficiales.
La otra preocupación pasa por la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola, al sumar tres nuevos monocultivos a los ya existentes: soya, caña de azúcar, girasol, sésamo y maíz.
“Implementar una nueva especie en un ecosistema siempre tiene riesgos”, sentenció Freddy Zenteno, investigador del Herbario Nacional de Bolivia. “En Bolivia tenemos alrededor de cien especies de palmeras y esta (la palma aceitera) es una que no ha crecido en este ambiente, entonces tiene que luchar contra plagas y para ello se necesitará agroquímicos”, añadió.
Vincent Vos dice que en el país existen alternativas. “En Pando (Amazonía) hay una palmera que se llama palla, debe haber hasta cien mil hectáreas por lo menos, que pueden producir dos mil litros de aceite por hectárea. No hace falta tumbar nada, ni meter maquinaria y tiene un aceite de mejor calidad que la palma africana”, explicó a Diálogo Chino.
Sin embargo, Mamani dice que no existen riesgos. Los sembradíos se harán “en suelos deforestados y agotados” ubicados en la Amazonía y el Chaco principalmente.
La posible deforestación que podría causar la introducción de la palma aceitera en Bolivia preocupa también a los pueblos indígenas, quienes, en agosto pasado, entregaron una carta abierta a la entonces vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez cuando visitó Bolivia.
En ella le piden que no se deje llevar por las noticias «demasiado buenas». Además advierten que el proyecto del gobierno boliviano para el fomento de plantaciones de palma para producir biodiésel “representa amenazas de más deforestación de la Amazonía y en otras regiones del país”.
Para Miguel Vargas Delgado, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social de Bolivia (Cejis), el hecho de priorizar el monocultivo de oleaginosas para garantizar la seguridad alimentaria o energética del país, no genera ninguna posibilidad de sostenibilidad a la vida de las comunidades indígenas.
“En todo caso significa romper su tejido social, cultural, sus sistemas económicos, y por tanto, exponerse a una situación de mayor vulnerabilidad”, advirtió a Diálogo Chino.
El antecedente: etanol
Bolivia entró en la producción de biocombustibles en 2018, con la generación de etanol. El también llamado alcohol anhidro es un aditivo para la gasolina, que se produce a partir de la caña de azúcar. En marzo de 2017, el entonces presidente Evo Morales lanzó un programa para su producción, el cual todavía está vigente en alianza con la empresa privada de Santa Cruz.
Este preveía la producción de 80 millones de litros en 2018 y 380 millones de litros en 2025. En 2021, el gobierno se comprometía a comprar 110 millones de litros, y en 2022, 160 millones. Hasta ahora, «ha funcionado muy bien», declaró a Diálogo Chino Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos.
De acuerdo a Ríos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) compra al sector cañero su producción de biocombustible y este, a su vez, “se encarga de las inversiones necesarias para la instalación de plantas, entre otros recursos”.
En el caso del biodiesel será distinto. El propio Estado se hará cargo incluso de la producción de materia prima.
Según Mamani, hay tres ministerios a cargo de todo el megaproyecto: el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para la producción de oleíferas; el de Economía, a cargo de la construcción de plantas extractoras, y el de Hidrocarburos que, por medio de YPFB, comprará la materia prima a los productores y trabajará en la refinación.
En este caso, Ríos observa que YPFB está entrando en el negocio de la agricultura. “Para mí, podría haberse emulado lo que se ha hecho con el etanol”, dice. Es decir, dejar al sector privado la producción de la palma y el biodiésel, para que la estatal petrolera pueda comprarlo.
Al respecto el Mamani Quispe dice que el gobierno de Arce busca garantizar al productor el éxito de sus cultivos de palma y la compra de esa materia prima.
“Como programa, las expectativas en el área de producción son muy altas. Ya hemos inaugurado el primer vivero de palma aceitera de Bolivia y estamos implementando 18 viveros que van a asegurar una superficie productiva de seis mil hectáreas. El programa tiene vigencia de cinco años y en ese tiempo tiene que asegurar la superficie de producción de 60 mil hectáreas”, señaló.
Las 60 000 hectáreas, sin embargo, únicamente cubrirán 40 % de la demanda de YPFB. “Tenemos que buscar estrategias. ¿Cómo vamos a cubrir el saldo de 60 %? Ahí es donde van a entrar y tienen que ser parte los empresarios privados”, dijo Mamani Quispe.
Sin embargo, hasta el momento, las dudas sobre esta nueva era en Bolivia aumentan. El exministro Ríos exige eficiencia, ya que “el país importa 70 % del diésel y 50 % de la gasolina que consume, y cada año la demanda crece”.
Mientras que por el otro lado, comunidades y científicos piden que sus bosques no se vean afectados, ya que la deforestación cada año también crece.
Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.
RV: EG
