GINEBRA – La misión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela advirtió, este lunes 30, sobre el impacto que tendría la sanción de una ley que discute el parlamento para fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúan en el país.
De ser sancionada, “la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” alertó la jurista Marta Valiñas, presidenta de la misión, en un comunicado difundido en esta ciudad suiza.
En 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, para investigar las violaciones manifiestas de los derechos humanos cometidas desde 2014, y su mandato se ha prorrogado hasta septiembre de 2024.
Para la Misión, el proyecto de ley “está claramente orientado a limitar, no a facilitar, el ejercicio del derecho de asociación, ya que varias de sus disposiciones afectarían a este derecho, recogido en la Constitución venezolana”.
La ley fue aprobada en una primera lectura el 24 de enero por la unicameral Asamblea Nacional legislativa, casi en su totalidad oficialista (las principales fuerzas de oposición se abstuvieron en la elección parlamentaria de 2020) y se espera en breve una segunda lectura, artículo por artículo, para promulgarla.
También el alto comisionado de Derechos Humanos de ONU, Volker Türk, quien visitó Caracas del 26 al 28 de enero, informó que pidió al gobierno venezolano que se establezca un «amplio proceso consultivo» sobre el proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG.
Türk detalló que, en conversaciones con el Ejecutivo, compartió las “observaciones y preocupaciones” de su oficina en torno al proyecto.
“Reiteré la importancia de garantizar el espacio cívico y pedí que se estableciera un amplio proceso consultivo sobre la ley”, subrayó Türk.
Francisco Cox, experto de la misión, afirmó por su parte que “la regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas”.
Uno de los aspectos del proyecto que más preocupa a la misión son las atribuciones que le confiere al gobierno, especialmente la facultad de supervisar y sancionar las “desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional”.
“Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia”, afirma la Misión.
De esa forma, las organizaciones que recurren a instancias internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento extranjero podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional, indicó.
La “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de las ONG, cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio, destacó la misión.
Señaló que las ONG dedicadas a promover los derechos humanos “enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave de la financiación”.
Agregó que, sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer.
Mientras, entre las sanciones por incumplir disposiciones de la ley se contemplan multas de hasta 12 000 dólares, en un país donde, por vía de comparación, las pensiones que otorga el Estado y el salario mínimo caen hasta seis dólares al mes.
En un análisis preliminar de la Misión, varias disposiciones del proyecto afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión, recogidos en los artículos 52 y 57 de la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos que vinculan a Venezuela.
Otro aspecto que preocupa a la misión es la falta de precisión en la prohibición de realizar “actividades políticas” o que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”.
“Una interpretación amplia del concepto ¨actividades políticas¨, que no está definido con claridad en la ley, permite subsumir todo tipo actividades de documentación, análisis y divulgación de información sobre las políticas y prácticas gubernamentales, incluyendo en materia de derechos humanos”, según la misión.
Y añade que “esta prohibición puede comprometer especialmente a las ONG dedicadas a la fiscalización del espacio público y democrático, lo que resulta particularmente significativo de cara a futuras elecciones”.
Sostuvo que el proyecto se enmarca en un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico, a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas.
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