BRATISLAVA, Eslovaquia – Cuando los hogares europeos se preparan para la escasez de energía en este invierno boreal y las autoridades elaboran paquetes de apoyo para ayudar a la población a calefaccionar sus hogares, especialistas temen que la minoría más numerosa del continente, los romaníes, no sea contemplada.
Muchos de los 12 millones de romaníes de Europa tienen un bajo nivel de vida, e incluso antes de esta crisis, la falta de energía eléctrica era moneda corriente en esta comunidad.
Líderes y organizaciones de defensa de los derechos de esta comunidad afirman que la crisis actual no ha hecho sino agravar un problema de larga data, y piden a los gobiernos que garanticen que uno de los grupos más vulnerables del continente reciba la ayuda que necesita para este invierno y para después.
«Autoridades y dirigentes políticos de la UE deben garantizar que las políticas energéticas ya acordadas, o las que se acuerden en el futuro, se adapten y se apliquen de forma que los más vulnerables, incluidos los romaníes, puedan acceder y beneficiarse de ellas», dijo a IPS Zeljko Jovanovic, director de la Oficina de Iniciativas Romaníes de Open Society Foundations (OSF).
Los romaníes de Europa se cuentan entre las comunidades más discriminadas y desfavorecidos del continente. En muchos países, un número significativo vive en asentamientos segregados donde las condiciones de vida suelen ser malas y la pobreza extrema está muy extendida.
La pobreza energética también es común. Se calcula que al menos 10% de los aproximadamente 6 millones de romaníes que viven en los países de la UE no tienen acceso a la electricidad.
Y cuando disponen de ella, muchos tienen dificultades para pagarla.
El aumento de los precios de la energía este año agrava la situación. Los gobiernos han puesto en marcha ayudas en forma de pagos únicos y otros apoyos para que las familias y las empresas puedan pagar las facturas de energía, pero estos no suelen llegar a los romaníes, a pesar de que esta minoría se encuentra entre las más necesitadas, afirman activistas de derechos humanos.
El desempleo en las comunidades romaníes suele ser elevado: sólo uno de cada cuatro mayores de 16 años declara tener trabajo, y muchos ganan dinero laborando en la economía informal o sumergida. Por ello, a menudo tienen dificultades para acceder a las ayudas estatales. Esto se acentúa en el caso de las medidas aprobadas para proporcionar ayuda económica durante la crisis energética.
«Incluso antes de esta crisis, Europa tenía un problema de falta de energía, y en el caso de los gitanos aún más porque muchos no estaban en el sistema formal”, puntualizó.
«Las medidas [aprobadas] para la crisis energética están pensadas para los que están en el sistema formal. Muchos gitanos no lo están -están desempleados, o no están registrados formalmente, o ganan dinero y pagan al sistema de bienestar social-, por lo que no pueden acceder a esas medidas», explicó Jovanovic.
Las ONG romaníes que trabajan en algunos países afirman que ya han observado estos problemas.
En Rumanía, donde según el Consejo de Europa viven 1,85 millones de romaníes, se puso en marcha un programa para ayudar a los más vulnerables con el pago de la energía.
Pero Alin Banu, organizador comunitario de la iniciativa cívica Aresel, dijo a IPS que algunos gitanos no pueden acceder a él precisamente porque «trabajan en la economía informal o sumergida y no tienen los documentos necesarios de los pagos a la seguridad social, salarios, etc.».
Mientras tanto, incluso a los que cumplen los requisitos para recibir ayuda se les niega a menudo, afirmó. Algunos ayuntamientos impusieron condiciones para recibir la asistencia. Por ejemplo, la existencia de deudas tributarias históricas o la posesión de un coche hacen que una persona no pueda ser beneficiaria.
La organización asegura que eso es ilegal.
«Resolvimos el problema en algunos casos, pero la mayoría de los romaníes no se quejan porque a menudo simplemente no saben que es ilegal», dijo Balu.
También existe preocupación por otras medidas ya adoptadas que podrían empeorar la situación de integrantes de esa comunidad.
El año pasado, autoridades europeas acordaron un objetivo no vinculante para que los países de la UE redujeran la demanda total de electricidad en al menos 10% para el 31 de marzo de este año, y una reducción obligatoria del consumo eléctrico de 5% durante al menos 10% de las horas de mayor demanda cada semana.
Jovanovic teme que las primeras medidas de las autoridades para ahorrar energía pasen simplemente por cortar el suministro a quienes no están formalmente conectados a la red eléctrica.
«La reducción de la demanda de electricidad de los países podría venir de cortar la energía a quienes no tienen acceso formal a ella, como los romaníes», observó Jovanovic.
Nicu Dumitru, organizador comunitario de Arsesel, coincidió: «En ese caso, los romaníes serían los primeros en sufrir el recorte», dijo a IPS, “pero aún si no sucede”, apuntó, “muchos de ellos ya paceden el aumento del coste de energía”.
La información recopilada por su organización sugiere que a una quinta parte de los hogares romaníes se les recortó la electricidad desde el comienzo de la crisis porque no pudieron pagarla. Entonces se conectan a la red de manera informal -normalmente a través de una persona que sí tiene conexión y que luego les cobra precios elevados por usar su energía-, a menudo pidiendo dinero prestado para hacerlo y empeorando su ya precaria situación económica.
Se calcula que en Rumanía hay más de 400.000 personas conectadas a la red eléctrica de forma informal, y muchas de ellas son romaníes.
«La situación se vuelve crítica para los romaníes», afirmó Dumitru.
Activistas romaníes de otros países expresaron su preocupación de que las autoridades utilicen la crisis energética como excusa para ignorar los problemas de larga data en materia de falta de energía entre los romaníes o incluso como justificación para permitir que se corte el suministro a sus asentamientos.
En mayo de 2022, se cortó el suministro eléctrico a 24 familias del asentamiento romaní «12 de febrero», en la sureña ciudad serbia de Nis, por facturas impagas. Las familias alegan que la deuda es anterior a su llegada a ese lugar, pero el distribuidor local de electricidad les exigió un comprobante de propiedad de la vivienda para volver a conectarles el suministro.
Los habitantes de muchos asentamientos romaníes carecen a menudo de tales documentos, ya que el proceso para obtenerlos es costoso y difícil sin ayuda legal experta, lo que hace que ninguna de estas familias pueda aportar las pruebas exigidas.
Sólo tras las protestas locales y nacionales de los propios miembros de la comunidad y las negociaciones entre las familias, representadas por la organización Opre Roma Serbia, las autoridades locales y la distribuidora local Elektrodistribucija Nis, se les restableció un servicio limitado a las familias afectadas en diciembre.
Jelena Reljic, de Opre Roma Serbia, se alegró de que los afectados pudieran volver a tener acceso al servicio eléctrico, pero advirtió que «la situación en este asentamiento es un ejemplo de un problema sistémico mucho más amplio», que las autoridades no atienden como corresponde para resolverlo.
«El último corte en este asentamiento se debió a una deuda histórica, pero los problemas con la electricidad [allí] llevan una década. Los políticos confían en poder cortar la electricidad a los asentamientos romaníes durante la crisis energética sin demasiada indignación o resistencia pública. Alrededor de 99% de las reacciones observadas con respecto al problema en este asentamiento fueron del tipo ‘oh, nadie debería recibir energía gratis durante esta crisis, nosotros pagamos, así que ¿por qué ellos no?
«Las autoridades utilizan la crisis energética para encubrir el hecho de que nunca se ocuparon del problema de la falta de electricidad», añadió.
Jovanovic, de la OSF, quiere que los dirigentes políticos europeos revisen sus propuestas de ayuda durante la crisis, incluidas no sólo las reducciones aprobadas de la demanda energética, sino también los planes de topes de precios y una tasa de solidaridad sobre los beneficios de las empresas activas en los sectores de petróleo, natural, carbón, así como las refinerías.
Además, subrayó que la reducción de 5% no debe implicar cortes de electricidad a quienes ya padecen una situación de pobreza energética, y que los ingresos públicos procedentes del tope energético y la tasa de solidaridad -estimados en 140.000 millones de euros (unos 195.000 millones de dólares) en la UE- deben redistribuirse según principios justificados tanto moral como macroeconómicamente.
Jovanovic participó en reuniones de alto nivel de comités de la UE sobre políticas de apoyo frente a la crisis energética, pero, según dijo a IPS, los participantes parecían tener «poca idea de la situación de los romaníes y de otros sectores vulnerables, y de cómo afrontar la crisis».
Ahora, él y otros activistas intentan organizar nuevas conversaciones con autoridades nacionales y de la UE para instarles a abordar las deficiencias de las políticas actuales que afectan a las comunidades vulnerables, entre las que están los romaníes.
«Queremos plantear estas cuestiones», afirmó.
