BRATISLAVA – Se suceden informes sobre la creciente lista de abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania. Ahora, una nueva investigación ha puesto al descubierto la campaña de violaciones de derechos humanos más sistemática y mortífera en el país: la destrucción casi total de instalaciones sanitarias.
Según un informe publicado por el Centro de Asistencia Sanitaria en Ucrania (UHC, en inglés)), 80 % de la infraestructura de salud de una de las ciudades más grandes de Ucrania, Mariúpol, fue destruida cuando las fuerzas rusas ocuparon la ciudad.
Prácticamente no hay atención primaria, hospitales generales, hospitales infantiles, maternidades ni centros psiquiátricos, y se cree que grandes zonas de la ciudad no disponen de ningún tipo de atención médica.
Desde hace algún tiempo circulan informes de que ya se ha producido una catástrofe humanitaria en la ciudad ocupada, y con la falta casi total de asistencia sanitaria, la amenaza de enfermedades y dolencias se cierne sobre los que aún viven allí.
La UHC afirma que la destrucción de Mariúpol solo puede compararse con lo ocurrido en las ciudades de Grozni (Chechenia) o Alepo (Siria), donde Rusia hizo todo lo posible por destruir cada una de estas ciudades.
Asegura que con su bombardeo masivo e indiscriminado de infraestructuras civiles, Rusia «no solo violó ciertas normas del derecho internacional humanitario, sino que libró la guerra como si este derecho no existiera».
“Esta destrucción de instalaciones sanitarias es un crimen de guerra muy, muy grave. Rusia hizo lo mismo en Siria, pero en Ucrania, lo que también ha hecho es que no ha distinguido entre infraestructura militar y civil. El objetivo ha sido simplemente destruir todo, y en Mariúpol, vimos esta filosofía en su máxima concentración”, dijo a IPS Pavlo Kovtoniuk, cofundador de UHC y antiguo viceministro de Salud de Ucrania.
A su juicio y de otros especialistas, el asedio ruso y posterior ocupación de Mariupol fue uno de los primeros y más claros ejemplos de la destrucción y la brutalidad que han llegado a definir la guerra en Ucrania, que comenzó con la invasión de Rusia al país el 24 de febrero de hace un año.
En los meses transcurridos desde la caída de Mariúpol, las autoridades ucranianas han informado de las terribles condiciones en las que, según afirman, se encuentran quienes aún viven en la ciudad, cuya población ha descendido de 425 000 habitantes antes de la invasión a unos 100 000 en la actualidad, debido a la huida o la muerte de sus antiguos ciudadanos.
Es difícil verificar estos informes, ya que el acceso a la ciudad y a la información sobre la vida en ella está estrictamente controlado por las autoridades ocupantes.
El 3 de marzo de 2022, un avión ruso lanzó bombas pesadas sobre los edificios de apartamentos residenciales en el centro de la ciudad ucraniana de Chernihiv, en que se vio afectado el Centro Cardíaco Regional. Foto: UHCPero el verano pasado hubo informes confirmados de protestas masivas en la ciudad por la falta de agua, electricidad y calefacción, y fuentes con cierto acceso a la población local de Mariúpol han dicho a IPS que los informes de graves penurias son en gran medida exactos y que se cometen regularmente crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos sobre la población.
Kovtoniuk dijo que, incluso sin tener acceso directo a Mariúpol, es seguro que la situación allí era y es «desesperada» para muchos y casi con toda seguridad sería la misma en otras zonas ocupadas.
“Es difícil saber demasiado sobre lo que está ocurriendo exactamente en las zonas ocupadas, pero podemos ver (la situación allí) a partir de la experiencia en las zonas que una vez fueron ocupadas y luego fueron retomadas por Ucrania», explicó.
De hecho, los informes de las ciudades liberadas y los testimonios de las personas que consiguieron escapar de las zonas ocupadas dibujan un panorama de crímenes de guerra generalizados y atrocidades como ejecuciones masivas, violaciones, torturas, secuestros, desapariciones forzadas, encarcelamientos y confiscación ilegal de bienes.
Además, también dan fe de catástrofes humanitarias. La gente no tiene dinero ni trabajo, no puede acceder a ningún servicio y depende por completo de la ayuda humanitaria.
Kovtoniuk destacó que solo en Mariúpol, la destrucción ha sido enorme desde el comienzo de la invasión. Cuatro de los cinco hospitales generales han sido destruidos, al igual que cinco de los seis centros de maternidad, mientras que también han desaparecido las instalaciones para la atención de la salud mental.
En resumen, no hay manera de que la atención médica integral pueda continuar en la ciudad.
“Puede que algunos centros sigan funcionando, pero no hay sistema, lo que es igual de malo o peor”, dijo quien fuera viceministro de Salud ucraniano.
Añadió que “tampoco conocemos la situación de los medicamentos y su suministro. ¿Qué pasa con las personas con enfermedades crónicas que los necesitan? ¿Hay medicamentos para ellos y, en caso afirmativo, de dónde proceden? ¿Hay personas que ya no los toman?”
“Por supuesto, esto puede ser fatal para algunas personas con determinadas enfermedades», afirmó Kovtoniuk.
A su juicio, “las estrategias rusas han consistido en destruir por completo la asistencia sanitaria; se ha deportado al personal sanitario”.
“Se niega a los civiles el acceso a la asistencia sanitaria, ya que las instalaciones se utilizan únicamente para tratar a los soldados rusos; se saquean las instalaciones sanitarias en busca de equipamiento», aseguró.
El actual ministro de Salud ucraniano, Viktor Liashko, declaró a principios de enero que unas mil instalaciones médicas ucranianas habían sido dañadas o destruidas.
Hasta el 23 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había documentado 747 ataques contra instalaciones sanitarias en Ucrania desde el inicio de la invasión.
Sus responsables han afirmado que estos ataques constituyen una violación del derecho internacional humanitario y de las normas de la guerra.
Otros grupos, como UHC, están documentando y recopilando pruebas de presuntos crímenes de coche durante la invasión y han afirmado que los ataques a la asistencia sanitaria forman parte de una estrategia militar rusa más amplia, incluso más destructiva, en Ucrania.
“Los ataques a instalaciones médicas se consideran especialmente condenables según el derecho internacional. Tienen graves consecuencias negativas para la seguridad y la salud de los ucranianos”, remarcó Svyatoslav Ruban, del independiente Centro para las Libertades Civiles de Kiev.
Añadió a IPS que “dado que Rusia utiliza los crímenes de guerra como método bélico, podemos hablar de acciones deliberadas para crear una catástrofe humanitaria en Ucrania y un deseo de hacerla inhabitable”.
Otros grupos de derechos humanos también han condenado los ataques contra instalaciones y trabajadores sanitarios.
En su último informe mundial, Human Rights Watch (HRW) condenó a las fuerzas rusas por una «letanía de violaciones del derecho internacional humanitario» en Ucrania.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Rachel Denber, subdirectora de la División de Europa y Asia Central de esa organización mundial con su base en Washington, dijo a IPS: «Los ataques contra infraestructuras críticas que se llevan a cabo con la aparente intención de infundir terror en la población y privar deliberadamente a la gente de los servicios esenciales podrían ser crímenes de guerra potenciales e ilegales. Estos ataques en Ucrania son ilegales”.
“Es obvio que los autores de estos ataques son plenamente conscientes del daño que causarán, y el objetivo es hacer la vida insostenible de forma acumulativa. Estos ataques a las infraestructuras afectan a millones de personas y repercuten en el funcionamiento de los hospitales, el suministro de agua, la calefacción, etc.», añadió.
También advirtió de que la aparente estrategia rusa de atacar deliberadamente la infraestructura civil ucraniana recordaba en forma escalofriante a lo que sus fuerzas habían hecho en la ciudad siria de Idlib en 2019 y 2020.
En ese bienio, allí, recordó, escuelas y mercados fueron atacados repetidamente durante una ofensiva sirio-rusa de 11 meses que finalmente dejó 1600 muertos y 1,4 millones de desplazados.
El propio informe de HRW sobre la ofensiva en Idlib documentó decenas de ataques ilegales que violaban el derecho internacional humanitario o las leyes de la guerra.
Mientras tanto, los investigadores de las Naciones Unidas afirmaron que las fuerzas rusas habían sido responsables de múltiples crímenes de guerra en aquella ciudad del noroeste de Siria.
“No me sorprendería que resultara que los rusos están haciendo en Ucrania lo mismo que hicieron en Idlib», dijo Denber.
Mientras continúen los ataques rusos contra la infraestructura civil, incluidas las instalaciones médicas, la situación humanitaria no mejorará, consideró por su parte Kovtoniuk, de UHC.
Señaló que las fuerzas rusas están destruyendo deliberadamente centrales eléctricas, de calefacción y de suministro de agua, con los consiguientes riesgos potenciales para la salud, así como los efectos de estos ataques en la capacidad de las instalaciones médicas para seguir funcionando.
En el caso de Mariúpol, los daños en los sistemas de agua y alcantarillado provocaron un grave riesgo de epidemia de cólera el verano boreal de 2022.
Kovtoniuk aseguró la sociedad internacional y los líderes de los países que respaldan a Ucrania, no deben permitir que la situación actual se acepte como una nueva normalidad, ni dejar que el conflicto se prolongue.
“Hemos aprendido a sobrevivir y a adaptarnos, pero es importante que esta situación no se normalice; ese es el objetivo de Rusia, normalizarla como ocurrió en Siria”, dijo.
Para el especialista, “la gente tiene que entender que el patrón de la estrategia rusa es no distinguir entre hacer la guerra a civiles y a militares”.
“También es fundamental poner fin a esta guerra lo antes posible. Su prolongación es mala para Ucrania y mala para Europa», afirmó.
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