LIMA – Un nuevo momento político se inicia en Perú luego del abortado autogolpe de Pedro Castillo, su destitución como presidente por el Congreso legislativo y la asunción a la jefatura del Estado de Dina Boluarte, a quien las circunstancias colocan como la primera presidenta mujer de este país sudamericano.
“Es un momento crítico con abanicos de desarrollos posibles donde nada está claro”, resumió para IPS el analista político, sociólogo y docente universitario Carlos Reyna sobre las horas críticas que se vivieron en Perú el miércoles 7, así como sus consecuencias y salidas institucionales.
En situaciones así, agregó, el papel de los actores crece y sus virtudes y defectos tienen un peso determinante. Y en este caso mucho va a depender de la personalidad de la nueva presidenta para el manejo de las circunstancias difíciles que se vienen.
En solo cuatro horas, entre las 12:00 y las 16:00 locales, los peruanos pasaron por momentos de tensión e incertidumbre, como cúspide de una crisis de la polarización entre Ejecutivo y Legislativo que caracterizó el mandato de Castillo, un maestro rural, sindicalista y campesino, a quien fuerzas opositaras de derecha fustigaban por su origen étnico, inexperiencia y pertenencia al partido radical de izquierda Perú Libre.
Castillo, de 59 años y en el poder desde el 28 de julio de 2021, anunció un autogolpe que no llegó a consumarse, al decretar la disolución del Congreso unicameral y el establecimiento de un gobierno de excepción, horas antes de la planteada sesión del Poder Legislativo, para votar su vacancia (destitución), por un presunto caso de corrupción.
La crisis se saldó con la votación urgente del parlamento a favor de la vacancia de Castillo, por su ruptura institucional y por «incapacidad moral», y la designación como nueva titular del Ejecutivo de Dina Boluarte, quien fue elegida como vicepresidenta en la fórmula presidencial de Castillo, siguiendo así el procedimiento constitucional.
Mientras, Castillo fue detenido en una avenida de Lima, cuando aparentemente se dirigía a la embajada de México con la intención de asilarse.
Ahora será procesado por la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad de rebelión, según informó la Fiscalía de la Nación.
Castillo está detenido en un ambiente de la Dirección de Operaciones Especiales, en el distrito de Ate, en el este de la capital.
Simbólicamente es la misma sede policial donde cumple condena de 25 años por violación a los derechos humanos y corrupción el derechista expresidente Alberto Fujimori, quien en abril de 1992 rompió el orden democrático del país, en un autogolpe que lo llevó a gobernar de manera autoritaria hasta 2000.
“La gran similitud entre los golpes de Fujimori y Castillo es la interrupción ilegal de la democracia, la destrucción de los poderes del Estado para buscar beneficios ante investigaciones en curso”, sostuvo el periodista y analista político Ángel Páez.
“La diferencia es que Fujimori tenía la lealtad y adhesión de las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto y la Policía Nacional, y Castillo no; le hicieron ver el espejismo de que tendría apoyo popular”, añadió.
Páez, jefe de la unidad de Investigación del diario La República, con una línea editorial progresista, y docente universitario, conversó con IPS al cierre de la edición de una jornada intensa.
“Desde mi perspectiva, como un periodista que investiga en profundidad la corrupción casi 40 años en el Perú, esto no es más que un cambio de corruptos por otros corruptos, el sistema sigue siendo el mismo”, reflexionó.
Consideró que la transición democrática continuará siendo frágil, ante el juramento de la presidenta Boluarte de mantenerse en el cargo hasta el 2026, para cumplir el resto del mandato de Castillo.
La nueva mandataria, de izquierda moderada, conocida por su defensa de la igualdad de género y las mujeres, probablemente gobernará en alianza con el actual Congreso, al que además pidió una tregua política y no colocar en el horizonte la convocatoria a nuevas elecciones generales.
Bonuarte, una abogada de 60 años, ocupó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el gabinete de Castillo, desde julio de 2021 hasta noviembre pasado, cuando renunció por discrepancias del destituido mandatario.
De las investigaciones realizadas por su diario, existen evidencias del pago efectuado por Castillo a 20 congresistas para comprar sus votos en contra de la vacancia presidencial. Este es un mecanismo previsto en el artículo 113 de la Constitución peruana.
Dos pedidos anteriores de vacancia fueron rechazados por no haber alcanzado los necesarios 87 votos de los 130 diputados del Congreso. El primero en noviembre de 2021, a cuatro meses de asumir el mando del país, y el segundo en marzo de este año.
“Estos 20 congresistas, sumados a otros que están investigados por graves delitos de corrupción y violación sexual por ejemplo, que han vacado a Pedro Castillo, no tienen autoridad moral y deben responder a la justicia”, analizó Páez.
A su juicio, “Boluarte se ha equivocado al jurar a la presidencia hasta el 2026”.
Páez se refiere al rechazo de la mayoría ciudadana que en más de 80 % desaprueba la gestión del actual Congreso por sus conductas y por obstruir la justicia.
También al hecho que bancadas que dominan la oposición de la derecha como Fuerza Popular y Perú Podemos tienen a sus líderes investigados por crimen organizado y lavado de activos, al igual que el de Perú Libre, que sustentó a Castillo.
Es crítico del panorama que se avizora en este país sudamericano de 33 millones de habitantes.
“Diría que ha habido un compromiso, un acuerdo con la contraparte y han concertado que ella sería elegida como nueva presidenta. Boluarte dice que cumplirá hasta el 2026, eso sería posible en un estado normal de cosas pero acá tenemos un congreso desacreditado, acusado por serios casos de corrupción y con escasa credibilidad”, remarcó Páez.
Añadió que “vacar (destituir) al presidente investigado por corrupción no los hace mejores congresistas” y que la calle puede molestarse mucho, sobre todo en el interior del país, pues existe un sentir general hacia la convocatoria a nuevas elecciones generales que alivie el clima de crisis institucional permanente.
La inestabilidad política se ha vuelto una constante creciente desde la restauración democrática de 2000. La pugna entre Ejecutivo y Legislativo ha debilitado los poderes del Estado y en particular la figura presidencial. En los últimos seis años han pasado seis presidentes por la Casa de Pizarro, la sede de gobierno.
Pedro Pablo Kuczynsky no concluyó su mandato 2016-2021; en el 2018 renunció ante una inminente vacancia. Su vicepresidente y sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso en 2020 también acusado de incapacidad moral. Asumió el presidente del legislativo, Manuel Merino, quien renunció tras cinco días ante la protesta masiva de la población. Entonces, el Congreso eligió al legislador Francisco Sagasti para culminar el periodo gubernamental al 2021.
El chance para la democracia con Boluarte
El politólogo Reyna recuerda como positivo el desempeño de Boluarte desde la campaña electoral, y su rol en el gabinete ministerial hasta su renuncia.
A su juicio, por ello la nueva presidenta tendrá un mejor desempeño ante sus adversarios y los medios de comunicación, a diferencia de Castillo que mantenía una tensión creciente.
“Mostró sagacidad para ir tomando distancia de Pedro Castillo por sus posiciones insostenibles, lo que muestra un personaje político con capacidad y habilidad para lo que se viene”, explicó.
Si insistiera en posturas radicales y agresivas como Castillo “iría muerta”, subrayó.
Pero consideró positiva su postura de apertura a concertar y concentrar su gestión en demandas sensibles de la ciudadanía como salud, educación y la agricultura amenazada por el cambio climático.
Esa agenda, a juicio de Reyna, le podría permitir aislar a las bancadas extremas radicales hasta la insensatez, y además, ganar el apoyo del ala de la zquierda y de sectores sociales que inicialmente apoyaron a Castillo.
“De esta forma podría ir gestionando el Estado y los sectores económicos y sociales y responder a lo que la ciudadanía necesita. Además es la primera presidenta mujer y es quechuahblante, de una zona agrícola como Apurímac”, un departamento del sur del país, valoró.
“Son dos valores que van a pesar bastante en su vinculación con el país y hay razones para que el país le dé una chance”, dijo Reyna.
Asimismo explicó que si bien hace un tiempo opinaba que las elecciones adelantadas eran la única salida de emergencia a la crisis política del país, ha cambiado de idea, debido a la tremenda incertidumbre que significaría que vuelvan a ser electos personajes con el mismo perfil que los actuales.
“Frente a ello era mejor una sucesión en que Dina Boluarte asumiera la presidencia porque esta solución estaba perfectamente alineada a lo ya establecido por la Constitución”, afirmó.
“La salida que se ha dado casi espontáneamente es la mejor, la menos mala y al menor costo, porque en un país polarizado como el nuestro hubiese tenido importantes elementos de violencia de haber prosperado lo de Castillo”, remarcó.
Reyna mencionó también que la gran mayoría del país mira este proceso con expectativa.
“Por las características que tiene Dina Boluarte el país le va a dar un chance y ojalá que la élite política peruana, aunque ese concepto les queda muy grande, la capa política que tiene ahora poder, sea lo suficientemente madura y tolerante con esta mujer que el azar ha querido poner en la presidencia de la República en sus manos”, afirmó.
Solo el futuro dirá si Boluarte se salva de la suerte de los presidentes elegidos por votación popular en este país desde la restauración de la democracia en 2000.
Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garcia (2006-2011), Ollanta Humala (20011-2016), Kuczynski y ahora Castillo terminaron en la cárcel o prófugos por casos de corrupción, menos Garcia, quien se suicidó cuando la policía fue a detenerle.
ED: EG
