PARÍS – En todo el mundo 350 millones de estudiantes asisten a escuelas no estatales, y en América Latina y el Caribe llegan a ser 30 por ciento de los alumnos de enseñanza primaria y secundaria, mostró un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Esa situación impacta los presupuestos familiares, en particular en los países de renta baja y media-baja, donde las familias asumen en promedio 39 % de los gastos en educación, frente a 16 % en las naciones de renta alta.
En países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, y República Dominicana, esa cifra pasa de 40 %, y en Haití llega a 81 %, según el reporte
La Unesco destacó que, pese a la alta participación de las escuelas no estatales, en la región no existe una regulación eficaz de la educación privada, lo que conlleva un alto riesgo de desigualdad y segregación.
Esa tendencia va a contravía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que plantean el acceso universal a una educación inclusiva, de calidad y equitativa.
El reporte también indica que muchos países de la región no tienen la capacidad de hacer cumplir esa reglamentación cuando existe, lo que mina la calidad y ensancha la brecha educativa entre ricos y pobres.
Subraya que solo 17 de 42 países y territorios latinoamericanos analizados prohíben explícitamente el lucro en las escuelas primarias y secundarias, y que menos de la mitad de los países de la región tienen una reglamentación sobre los procedimientos de admisión en escuelas no estatales.
Además, solo ocho por ciento implementan acciones afirmativas para mejorar el acceso de los estudiantes más pobres a las escuelas.
Con datos de 2018, el informe detalló que varios países, entre los que se contaron Argentina, Brasil, Chile y México, registraban niveles elevados de segregación, y añadió que la matrícula privada en la educación superior en la región sigue siendo la más alta del mundo.
El estudio encontró que ocho por ciento de los hogares se endeuda para pagar la educación de los hijos, y de nuevo el caso de Haití es el más grave pues allí 30 % de las familias pide préstamos para cubrir ese gasto.
No obstante lo oneroso de esa carga, dos terceras partes de los países de la región no regulan las cuotas de educación primaria y secundaria.
El informe registra que en los países de bajos ingresos la educación pública conlleva costos ocultos significativos por concepto de uniformes y útiles escolares, por ejemplo.
Claudia Uribe, directora de la oficina regional de la Unesco, recordó que “la educación es una responsabilidad de toda la sociedad, y la equidad, la inclusión y la calidad de la educación sólo es posible cuando la política educativa incorpora a todos los actores, sean estatales o no estatales”.
Por ello también abogó por “atender la desigualdad que todavía prevalece en los procesos educativos, en los resultados del alumnado y en las condiciones del trabajo docente tanto en escuelas estatales como no estatales”.
En sus recomendaciones, la Unesco instó a los Estados a evaluar las reglamentaciones vigentes y cumplir el compromiso de volver gratuitos un año de preescolar y 12 años de primaria y secundaria para todos los niños y jóvenes.
En segundo lugar, establecer estándares de calidad que se apliquen a todas las instituciones educativas estatales y no estatales.
Asimismo, reforzar la capacidad gubernamental para realizar el seguimiento y hacer cumplir la reglamentación.
También se pide fomentar la innovación para el bien común, reunir a todos los actores que la desarrollan, y proteger a la educación de los intereses económicos y políticos.
A-E/HM
