GINEBRA – El relator especial de la Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Thomas Andrews, reclamó este jueves 22 que naciones decididas actúen para “poner fin a la carnicería” contra el pueblo y de la que responsabiliza a la junta militar que gobierna el país asiático.
“Las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, que una junta militar ilegal perpetra a diario contra el pueblo de Myanmar, requieren una acción enérgica y coordinada por parte de los Estados miembros de la ONU”, dijo Andrews.
Su declaración se produjo un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptase por primera vez una resolución sobre Myanmar, instando a junta militar a cesar la violencia y liberar a todos los detenidos políticos.
El texto del Consejo menciona de manera expresa al expresidente Win Myint y a la líder de la Liga Nacional Democrática (LND), Aung San Suu Kyi, distinguida con Nobel de la Paz en 1991 por encabezar la resistencia civil y pacífica a las dictaduras militares en Myanmar, también conocido por su antiguo nombre de Birmania.
La resolución se adoptó con 12 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de China y Rusia, potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad y que habrían podido bloquear la iniciativa.
Andrews, quien actúa bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, consideró “notable que el Consejo de Seguridad haya aprobado una resolución sobre Myanmar por primera vez desde que el ejército desató una brutal represión contra el pueblo de Myanmar hace casi dos años”.
Los militares tomaron el poder el 1 de febrero de 2021, alegando fraude en favor de la LND en las elecciones generales realizadas pocas semanas antes, y de inmediato el país se cubrió de manifestaciones de protesta que fueron reciamente reprimidas.
La represión ha cobrado más de 2000 vidas, más de 16 000 personas han ido a la cárcel, se ha ejecutado a manifestantes tras juicios sumarios, se han desplazado poblaciones enteras y emergieron grupos armados de resistencia, principalmente en las provincias fronterizas, incrementándose el clima de crisis y violencia.
Andrews agradeció la iniciativa británica en el Consejo de Seguridad pero advirtió que “no impedirá que la junta ilegal ataque y destruya las vidas de los 54 millones de personas retenidas como rehenes en Myanmar”, a menos que se tomen medidas para forzar el respeto a los derechos civiles, pues “lo que se requiere es acción”.
“Lo que falta son las consecuencias (para los militares) por su incumplimiento y la imposición de sanciones y rendición de cuentas por los crímenes que han cometido hasta la fecha”, dijo el relator.
Manifestó estar “totalmente de acuerdo con miembros del Consejo de Seguridad, Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Islandia y México en que el lenguaje de la resolución debería haber sido más fuerte”.
“Lo que deja claro el contenido de esta resolución es que la acción que se requiere para poner fin a esta crisis no vendrá del Consejo de Seguridad. Es imperativo que aquellas naciones con la voluntad política de apoyar al pueblo de Myanmar tomen medidas coordinadas de inmediato para poner fin a la carnicería”, expresó Andrews.
Abundó diciendo que “la resolución no debe convertirse en un callejón sin salida seguido de más inacción internacional. Debería ser una llamada de atención para aquellas naciones que apoyan a un pueblo sitiado”.
Por su parte, Agnès Callamard, secretaria general de la organización humanitaria Amnistía Internacional, declaró que “con la adopción de esta resolución, el Consejo de Seguridad ha dado finalmente un paso pequeño pero importante para reconocer la pésima situación en Myanmar”.
Sin embargo, “la resolución no incluye otras medidas que se necesitan urgentemente, como por ejemplo un embargo integral de armas, sanciones específicas contra dirigentes militares responsables de graves violaciones de derechos humanos, y la remisión de la situación a la Corte Penal Internacional”, dijo Callamard.
Por ello, consideró que el Consejo de Seguridad “debe hacer un seguimiento con reuniones abiertas periódicas y reforzar sus demandas con resoluciones adicionales”.
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