GINEBRA – El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció este jueves 15 que el clima de opresión en Nicaragua ha aumentado en los últimos meses, y ha crecido el número de detenciones arbitrarias por parte del gobierno que encabeza el presidente Daniel Ortega.
“El número de personas detenidas arbitrariamente por expresar sus puntos de vista políticos o por ser vistos como críticos al gobierno pasaron de 195 en septiembre a 225 hoy en día, 26 de ellas mujeres y 199 hombres”, dijo Türk ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de 47 países, en esta ciudad suiza.
Esas cifras incluyen a los familiares de los opositores políticos detenidos, supuestamente para coaccionar a estos últimos para que se entreguen, de acuerdo con la actualización sobre el país centroamericano presentada por Türk.
“Como informó mi predecesora (la expresidenta chilena Michelle Bachelet, el 16 de junio), sus condiciones de detención son precarias”, dijo Türk.
Sostuvo que “los detenidos en la cárcel de El Chipote (en Managua) continúan sufriendo condiciones inhumanas de detención, con acceso limitado a atención médica, a dietas balanceadas y al contacto familiar regular. Su salud mental se deteriora cada día que pasa”.
Añadió que su oficina (Acnudh) tiene informes de “trato humillante y degradante de los miembros de la familia que visitan a los presos, como las mujeres mayores sujetas a cacheos desnudos”.
Destacó otros hechos preocupantes, como el cierre de más de 3000 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, casi la mitad de ellas desde septiembre “dejando a innumerables personas sin acceso a sus servicios o asistencia”.
También el “amordazamiento de los medios de comunicación, con 26 medios nacionales y tres internacionales cerrados por el gobierno”.
“Una nueva ley aprobada en octubre exige el registro y la autorización del gobierno para la producción, filmación y exhibición de cualquier material audiovisual en el país”, destacó igualmente el responsable de derechos humanos de la ONU.
Insistió en que defensores de los derechos humanos, periodistas, miembros del clero o personas percibidas como opositores políticos son arrestados, hostigados e intimidados, y algunos son procesados por los delitos de conspiración para atentar contra la integridad nacional o por “noticias falsas”.
Se informó que el obispo católico de Matagalpa (centro-norte), monseñor Rolando Álvarez, quien se encontraba retenido desde el 19 de agosto, fue colocado bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio que se le seguirá a partir de enero.
Se le acusa de delitos de conspiración “por cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses”.
Por otra parte Türk consideró que las elecciones municipales de noviembre en Nicaragua fueron “el aderezo de un ejercicio de autocracia”, sin la participación de los partidos políticos cuya personería jurídica fue cancelada en 2021.
Por añadidura, la policía antidisturbios reprimió a los simpatizantes del partido político indígena Yatama, que afirmaban haber ganado en el municipio de Waspam, en la Costa Caribe Norte. Al menos 19 personas, en su mayoría jóvenes indígenas, fueron arrestadas y detenidas durante varios días.
El comisionado destacó que la crisis desborda las fronteras y entre enero y octubre de 2022 Costa Rica recibió 70 000 nuevas solicitudes de asilo de nicaragüenses. Más de otros 147 000 terminaron en las fronteras de Estados Unidos.
“Nicaragua tampoco ha cooperado con el sistema interamericano de derechos humanos. Esta es una imagen de un contrato social hecho jirones, de una sociedad fracturada”, dijo Türk, y reclamó tanto la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente como el establecimiento de un diálogo nacional inclusivo.
La delegación nicaragüense rechazó el informe, y lo consideró “un instrumento de presión e injerencia que esgrime argumentos alejados de la realidad, con la única finalidad de mantener a Nicaragua en el subdesarrollo y desvirtuar sus logros”.
En la fase de comentarios, la mayoría de las delegaciones latinoamericanas presentes denunciaron la situación de Nicaragua, excepto las de Bolivia y Venezuela, y varias oenegés pidieron renovar por dos años el mandato del grupo de expertos en derechos humanos de la ONU que monitorea la situación nicaragüense.
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