RÍO DE JANEIRO – De la amenaza de etnocidio durante el gobierno saliente de Jair Bolsonaro a la participación efectiva en la gestión de sus destinos, los pueblos indígenas de Brasil viven un triunfo particular tras las elecciones presidenciales de octubre.
El presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva anunció que su gobierno, que empieza el 1 de enero, creará el Ministerio de los Pueblos Originarios “para que los mismos indígenas presenten al gobierno propuestas de políticas que les aseguren una sobrevivencia digna, seguridad, paz y sostenibilidad”.
Lo reveló el 16 de noviembre, en la 27 Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que acogió la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, del 6 al 20 de este mes.
“Quiero que los indígenas brasileños participen en la gobernanza del país”, acotó al día siguiente en el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas, que se realizó en el ámbito de la COP27.
Es un avance en relación a sus dos gobiernos precedentes, de 2003 a 2010, que beneficiaron la población originaria en general, pero también los dañaron en algunos casos, especialmente por la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en la Amazonia.
Contrastes
Pero es casi una revolución en comparación con el gobierno saliente, que impulsó el desmontaje de la política indigenista construida en las últimas seis décadas y consolidada en la Constitución Nacional de 1988, en los primeros años del ciclo democrático actual, comenzado en 1985, tras 21 años de dictadura.
Las acciones y las creencias del presidente Bolsonaro, de extrema derecha, apuntaron a avanzar hacia el etnocidio.
No demarcó una sola tierra indígena, estimuló la invasión de las existentes por la minería ilegal, nombró personas ineptas para órganos como la Fundación Nacional del Indio (Funai) y promovió a líderes minoritarios favorables a la aculturación.
“La agresividad con que el actual gobierno trató la cuestión indígena hizo que muchos sectores no indígenas de la sociedad, que hasta entonces no le prestaba atención al tema, comprendieran su importancia no solo como rescate de las injusticias del pasado, sino como componente fundamental del futuro nacional”: Marcio Santilli.
Con ello violó totalmente el artículo 231 de la Constitución que dice: “Son reconocidos a los indígenas su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, compitiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes”.
Las tierras indígenas son las “necesarias a su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones”, explica la ley fundamental.
“La agresividad con que el actual gobierno trató la cuestión indígena hizo que muchos sectores no indígenas de la sociedad, que hasta entonces no le prestaba atención al tema, comprendieran su importancia no solo como rescate de las injusticias del pasado, sino como componente fundamental del futuro nacional”, observó Marcio Santilli, expresidente de la Funai (1995-1996), en entrevista con IPS desde Brasilia.
Eso se reflejó en la gran votación que permitió elegir a dos diputadas con banderas netamente indígenas. Otros tres indígenas resultaron también electos como diputados, pero sin un vínculo directo con el movimiento encabezado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib).
En la legislatura anterior solo hubo una diputada indígena, Joenia Wapichana, que no resultó reelecta, la segunda en la historia con un asiento en el Congreso Nacional, tras el dirigente Mario Juruna, elegido en 1982.
Empoderamiento indígena
De hecho, el movimiento indígena se fortaleció con la resistencia ante las agresivas políticas durante el cuatrienio bolsonarista, y eso se plasmó, por ejemplo, en la creciente movilización del CampamentoTierra Libre, que reúne anualmente a miles de participantes en Brasilia, durante una semana de abril.
En el primer Campamento, en 2005, nació la Apib, una organización nacional que unió las distintas representaciones regionales de los pueblos originarios y le dio un nuevo empuje a las luchas por la tierra y los derechos, incluso en el campo electoral.
“Creo que estamos en un nuevo momento, en que el protagonismo de los pueblos indígenas en el proceso político será más fuerte que nunca”, destacó Santilli, socio fundador del Instituto Socioambiental y quien también fue diputado en los años 80.
Se trata de una población pequeña, de 897 000 personas según el censo de 2010, o 4,6 % de los 195 millones de habitantes nacionales de entonces. Hoy Brasil cuenta 215 millones y está en marcha un nuevo censo que debe actualizar esas estadísticas.
Pero la importancia de los pueblos originarios no se mide por la cantidad, sino por constituir un elemento fundamental de la nacionalidad y por su diversidad étnica y cultural. Son 305 pueblos que hablan 274 lenguas, según el censo oficial.
La crisis climática acentuó su condición de guardianes de la naturaleza, su papel en la protección forestal. “Nadie mejor que los indígenas para cuidar el ambiente”, reconoció Lula en la COP27.
Según Naciones Unidas, los indígenas suman 5 % de la población mundial y protegen 82 % de la biodiversidad. En Brasil son más numerosos exactamente en la Amazonia, el mayor bosque tropical y concentración de biodiversidad del mundo.
El anuncio de participación indígena en el futuro gobierno se concreta ya en el proceso de transición gubernamental. Un grupo de trabajo con 13 representantes de la Apib que trata de diseñar un “Plan de Gobernanza Indígena” para el nuevo gobierno.
Derechos territoriales, instituciones como el futuro Ministerio de los Pueblos Originarios, temas legislativos y relaciones internacionales son algunos temas en estudio.
Tierras indígenas, la batalla vital
Por lo menos cinco tierras indígenas están listas para la homologación presidencial, el último paso para asegurar el derecho constitucional al territorio para los grupos allí residentes, según Sonia Guajajara, ex coordinadora ejecutiva de Apib y ahora diputada electa por el izquierdista Partido Socialismo y Libertad.
La demarcación de cada tierra indígena (TI) es un largo proceso, que empieza por su identificación, estudios antropológicos, identificación de límites y muchas veces una batalla jurídica para sacar del área a los hacendados que la ocupan ilegalmente.
Superadas todas las fases, le toca al presidente de la República homologar la TI, una disposición conclusiva que Bolsonaro se negó a cumplir en los cinco casos mencionados y le tocará ejecutar a Lula.
En Brasil hay 729 TI, 488 de las cuales ya homologadas y que ocupan 13 % del territorio nacional de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Las demás, 241, siguen en fase de identificación o ya declaradas, es decir aprobadas por el Ministerio de Justicia.
El presidente electo, de izquierda moderada, dijo también que le gustaría nombrar indígenas para dirigir tanto el nuevo ministerio como las instituciones indigenistas, como la Funai, hoy vinculada al Ministerio de Justicia, y la Secretaria Especial de Salud Indígena, que integra el Ministerio de Salud.
Son viejas aspiraciones del movimiento indígena que se alejaron bajo el gobierno de extrema derecha, que nombró muchos militares para dirigir esas instituciones, sin capacitación para la tarea.
Lula, en su presidencia anterior, no nombró indígenas, sino antropólogos blancos para presidir la Funai. Pero su gobierno fue “positivo” por mantener las demarcaciones de TI iniciadas por sus antecesores, cumpliendo la Constitución, evaluó Santilli. De hecho, homologó 88 TI en sus ocho años de gobierno.
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En relación al clima, condujo una fuerte reducción de la deforestación amazónica y consiguió “la mayor reducción de las emisiones de carbono en la historia reciente de la humanidad”, acotó.
Pero también impulsó la construcción de varias centrales hidroeléctricas en los ríos amazónicos, en su política “desarrollista”, con impactos negativos para el ambiente y las comunidades indígenas en los entornos de las plantas.
“Esas tensiones y contradicciones deberán repetirse en su nuevo gobierno” de 2023 a 2026, reconoció Santilli, al recordar que Lula se eligió y gobernará basado en una composición de fuerzas políticas “heterogéneas, de frente amplio, con presiones encontradas”.
“La lucha continua” para definir buenas políticas ambientales e indigenistas, “sin ilusiones”. Pero el agravamiento de la crisis climática de forma “clara y excepcional” favorece el rescate de conquistas obtenidas en el anterior gobierno de Lula, concluyó.
ED: EG
