LIMA – La violencia contra las mujeres no ha logrado descender en la región de América Latina tras el grave incremento registrado durante la pandemia de covid-19, a la vez que se mantiene como un gran desafío la prevención de las causas que la originan.
Así reflexionaron para IPS representantes de Naciones Unidas, de organizaciones feministas y de movimientos de mujeres en el marco de la conmemoración este 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La fecha, instituida en 1999 por Naciones Unidas, surgió en 1981 en el primer encuentro feminista de América Latina y del Caribe realizado en Colombia, para impulsar las luchas contra las violencias hacia las mujeres, en una región donde se mantiene exacerbada por los altos niveles de machismo.
El día escogido quería rendir homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por las fuerzas represivas del régimen del dictador Rafael Trujillo.
La fecha abre 16 días de activismo contra la violencia de género, que culminan el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, porque justamente la violencia machista contra mujeres y niñas es la más generalizada violación de los derechos humanos en todo el mundo.
“No se puede confirmar un descenso de la violencia de género en la región en este momento de pospandemia. Podría decir, por la información que he recogido y empíricamente, que se mantiene tras el significativo incremento registrado en los dos últimos años” consideró la abogada venezolana Moni Pizani, una de las mayores expertas de la región en materia de derechos de las mujeres.
Pizani, jubilada de Naciones Unidas, apoya actualmente a la oficina de ONU Mujeres en Guatemala tras un fructífero recorrido en favor de los derechos de las mujeres. Fue dos veces representante en Ecuador de ONU Mujeres y su predecesora Unifem, trabajó luego para el este y sudeste asiático y abrió después la Oficina de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe en Ciudad de Panamá, como directora regional.
“Antes de la pandemia hablábamos que tres de cada 10 mujeres había sufrido violencia, hoy hablamos que son cuatro de cada 10. El otro dato alarmante es que el impacto es en todo el ciclo vital de las mujeres incluyendo a las adultas mayores”, refirió en un diálogo con IPS en Tegucigalpa, durante un coloquio centroamericano sobre la situación de la mujer.
“Atacamos el problema pero no sus causas, tengo 30 años hablando de la importancia de prevenir la violencia contra las mujeres promoviendo cambios culturales fuertes para que niñas y niños se críen en el conocimiento de que es inaceptable en cualquier forma”: Moni Pizani.
ONU Mujeres midió el año pasado en 13 países de todas las regiones la “pandemia en la sombra”, término con el que nombró a la violencia contra las mujeres durante los periodos de confinamiento y cierre de actividades por covid.
Se halló que siete de cada 10 mujeres experimentaron alguna vez la violencia durante la pandemia, que una de cada cuatro se siente insegura en el hogar ante el incremento de los conflictos familiares y que siete de cada 10 percibe que es más común el maltrato de sus parejas.
También reveló que cuatro de cada 10 mujeres se sienten más inseguras en los espacios públicos.
El estudio evidenció, como detalló Pizani, que esta vulneración a los derechos humanos de las mujeres se da en los diferentes grupos etarios: están afectadas 48 % de quienes tienen entre 18 y 49 años, 42 % de las que están entre los 50 y 59 años y 34 % de las mujeres de 60 o más años.
En mayor vulnerabilidad, según el mismo estudio, se encuentran las mujeres desempleadas: 52 % de ellas vivieron hechos de violencia durante la pandemia.
Y quienes son madres: una de cada dos mujeres con hijos experimentó también la vulneración de sus derechos.
Pizani destacó el esfuerzo que hicieron muchos países para adoptar medidas durante la pandemia con el incremento de servicios, líneas telefónicas de atención, uso de nuevos medios de denuncia a través de aplicaciones móviles, entre otras. Pero lamentó que no fueran suficientes y se registrara un déficit en la atención.
La región cuenta este año con 662 millones de habitantes, 8 % de la población mundial, algo más de la mitad, mujeres.
El nivel de violencia contra las mujeres es tan grave, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) lo coloca como uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género junto a las brechas en el empleo, la concentración de los trabajos de cuidado y la inequitativa representación en los espacios públicos.
Estado ni previene ni atiende la violencia
Perú es un ejemplo de situaciones similares se violencia de género en la región.
Fue uno de los países donde se dispuso uno de los confinamientos más estrictos que paralizó la acción del Estado frente a la violencia de género, los que se fueron retomando paulatinamente en el segundo semestre del 2020 y que posibilitó, por ejemplo, la recepción de denuncias en las fiscalías provinciales del país.
El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (fiscalía) reportó 1 081 851 denuncias en 2021, lo que representa un promedio de 117 por hora. Esa cantidad retornó a los niveles prepandemia la frecuencia de las denuncias, que en el 2020 descendieron a cerca de 700 000, porque las mujeres confinadas tuvieron dificultades para hacerlo, por el confinamiento y por tener a sus agresores más cerca.
Cynthia Silva, abogada peruana y directora del feminista no gubernamental Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer-Demus, sostuvo a IPS que el Estado no ha logrado reactivar los diferentes servicios y que se necesita implementar plenamente el sistema nacional especializado de justicia para proteger a las víctimas y sancionar a agresores.
Remarcó la importancia de destinar recursos tanto para la atención de los casos de violencia como para la prevención. “Son dos estrategias que deben ir de la mano y vemos que el Estado no está haciendo lo suficiente en relación a lo segundo”, dijo.
Silva instó al Estado a tomar acción en medidas dirigidas a la población para contribuir a revisar patrones socioculturales discriminatorios a las mujeres y sentidos comunes machistas.
En base a la experiencia que desarrollan con niñas y adolescentes en el distrito de Carabayllo, al extremo norte de Lima, afirmó que se trata de acompañar procesos de deconstrucción para que desde la infancia se fomenten relaciones igualitarias entre mujeres y hombres.
Este 26 de noviembre marcharán con diversos movimientos y colectivos feministas contra las violencias machistas a fin de que “el derecho a vida libre de violencia a las mujeres se garantice y no se dé ni un paso atrás respecto de lo avanzado, en particular en derechos sexuales y reproductivos, que son amenazados por grupos conservadores del Congreso”.
Panorama igual de grave
Argentina es otro ejemplo de la violencia de género en América Latina, la región con mayores agresiones hacia las humanas en el mundo, fruto de sociedades muy machistas, incluidos los feminicidios o femicidios.
Eso sucede en contraste con el hecho de que es una de las regiones más pertrechadas contra esa violencia en las legislaciones nacionales e incluso regionales, porque desde 1994 cuenta con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El problema es que esas leyes fallan gravemente en su implementación, sobre todo en los territorios del interior de los países, coinciden ONU Mujeres, organismos regionales y organizaciones feministas nacionales.
Para Rosaura Andiñach, docente universitaria argentina y responsable de procesos comunitarios en el Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio-Creas, es preocupante que en su país se mantengan las altas tasas de femicidio, pese a los avances normativos con que cuenta el país.
Entre enero y octubre del 2022 sumaban 212 casos y 181 intentos de homicidio por razones de género, según el observatorio de sociedad civil Ahora que sí nos ven.
Afirmó que el Estado mantiene su deuda con las mujeres en este contexto post pandemia pues no garantiza los derechos de las mujeres al no atender adecuadamente sus denuncias
“No queremos que ocurra lo mismo que con un caso reciente: Noelia Sosa, de 30 años, vivía en Tucumán y denunció en una comisaría a su pareja por violencia de género. No le hicieron caso y ella se suicida esa tarde porque ya no sabía qué más hacer. La preocupación que tenemos es grande porque el panorama sigue siendo igual de grave en la violencia contra las mujeres”, dijo.
Justamente en Argentina surgió en 2015 la campaña #NiunaMenos que se extendió por toda la región como un movimiento contra los feminicidios y la inoperancia de las autoridades en la aplicación de las leyes para prevenirlos y castigarlos, porque es un delito con un altísimo nivel de impunidad en América Latina.
Moni Pizani, de ONU Mujeres, subrayó que la prevención de la violencia de género no debe ser más un déficit en la región.
“Atacamos el problema pero no sus causas, tengo 30 años hablando de la importancia de prevenir la violencia contra las mujeres promoviendo cambios culturales fuertes para que niñas y niños se críen en el conocimiento de que es inaceptable en cualquier forma”, puntualizó.
Esa estrategia, remarcó, “es invertir en la juventud y en la niñez para garantizar que las nuevas generaciones estén libres de violencia, de acoso, de discriminación, con respeto a una vida digna para todas y todos”.
ED: EG
