NACIONES UNIDAS – La cumbre climática en la costera ciudad de Sharm el Sheij ha puesto el foco sobre el régimen autoritario del país anfitrión, Egipto, acusado de abusos de los derechos humanos y reiteradamente condenado por su larga campaña represiva contra los disidentes y las organizaciones de la sociedad civil.
Sahar Aziz, profesor de la estadounidense Universidad de Rutgers, afirma en el último número de la revista Time que «el gobierno egipcio solo ha dado acceso a la cumbre a las ONG locales que apoyan al régimen» de Abdelfatah el Sisi, su presidente desde que llegó al poder por un golpe de Estado en 2014.
El régimen egipcio, señala, ha tratado a la sociedad civil como «enemigos del Estado».
La 27 Conferencia de las Partes (COP27) sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas debería ser una oportunidad para que Egipto predicara con el ejemplo. En cambio, su decisión de hospedar la cumbre anual pareciera “una tapadera política para su autodestructiva represión de la sociedad civil”, escribe Aziz, autor de “The Racial Muslim: When Racism Quashes Religious Freedom (El musulmán racial: cuando el racismo anula la libertad religiosa)”.
En una dura declaración en la antesala de la COP27, inaugurada el domingo 6, Amnistía Internacional (AI) afirmó que la detención de cientos de personas solo en las dos últimas semanas, en relación con las convocatorias de protestas durante la cumbre, es un recordatorio de “la cruda realidad de la política egipcia de detenciones arbitrarias masivas para aplastar la disidencia”.
Al menos 151 detenidos están siendo investigados por la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado, mientras que otros cientos se enfrentan a detenciones e interrogatorios más breves, detalló la organización.
“La detención de cientos de personas por el mero hecho de ser sospechosas de apoyar la convocatoria de protestas pacíficas suscita una gran preocupación por la forma en que las autoridades responderán a las personas que deseen protestar durante la COP27, algo esencial en cualquiera de las conferencias de la ONU sobre el clima”, dijo AI.
Philip Luther, director de Investigación e Incidencia Política de AI para Medio Oriente y el Norte de África, remarcó que “las autoridades egipcias deben permitir que los manifestantes pacíficos se reúnan libremente y abstenerse de utilizar la fuerza ilegal o las detenciones arbitrarias para disuadir las protestas».
Los líderes mundiales que han ido llegando a la ciudad balnearia de Sharm el Sheij para participar en la fase inicial de la cumbre climática, “no deben dejarse engañar por la campaña de relaciones públicas de Egipto”, planteó.
“Lejos de los deslumbrantes hoteles, miles de personas, incluidos defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes pacíficos y miembros de la oposición política, siguen siendo detenidos injustamente” en el país, añadió Luther.
El directivo de AI dijo que esos líderes mundiales “deben instar al presidente Abdelfattah al Sisi a que ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos humanos. Con carácter de urgencia, esto debería incluir al activista encarcelado Alaa Abdel Fattah, que hoy ha intensificado su huelga de hambre al dejar de beber agua”.
Mandeep S. Tiwana, director de programas de Civicus, la alianza mundial de la sociedad civil, dijo a IPS que acoger una conferencia mundial como la COP27 supone una obligación especial para el gobierno de Egipto de respetar y permitir el ejercicio de las libertades fundamentales según el derecho internacional.
“El derecho a protestar pacíficamente y el derecho a no ser detenido arbitrariamente son elementos esenciales del derecho internacional. En este caso, el gobierno egipcio puede ordenar fácilmente la liberación de los presos de conciencia encarcelados arbitrariamente y permitir que las protestas se lleven a cabo sin impedimentos como señal de buena fe», defendió.
En un artículo conjunto, Gadir Lavadenz, coordinador mundial de la Campaña Mundial para Exigir Justicia Climática, y Lidy Nacpil, directora ejecutiva del Movimiento de los Pueblos de Asia sobre la Deuda y el Desarrollo, escriben: “las conferencias sobre el clima se están convirtiendo cada vez más en espacios para el lavado verde no sólo de los delitos de los grandes contaminadores, sino también de los regímenes y presidencias que acogen la COP”.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Mientras todas las miradas se dirigen a Egipto por la COP27, que culminará el día 18, “las campañas para liberar a Alaa y a otros presos políticos, así como para que se abra el espacio cívico en Egipto, están cobrando impulso”, dijeron los dos actvistas.
En una rueda de prensa en la sede de las Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el lunes 7, se plantearon varias preguntas sobre los informes de que la aplicación oficial de la COP27 aparentemente requiere acceso a la ubicación del usuario, su correo electrónico y sus fotos.
“La cumbre sucede en en Egipto, pero es una conferencia dirigida por la ONU. ¿Cuál es la opinión de la ONU sobre el hecho de que esto parece estar buscando datos sensibles y podría estar rastreando a la gente?”, se preguntó.
“Y en segundo lugar, el wifi en la COP, que es una conferencia de la ONU, aparentemente está restringiendo el acceso a las organizaciones de derechos humanos y a algunas organizaciones de noticias. ¿Cuál es su reacción al respecto?”, se añadió.
En su respuesta, Stéphanie Tremblay, portavoz adjunta de la ONU, dijo: “Hemos visto estos informes. Permítanme empezar por la aplicación. En primer lugar, esta aplicación no pertenece a la ONU, así que no haré más comentarios al respecto”.
“Pero una cosa que es importante señalar es que la propia ONU a través de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) tiene una aplicación, y todo el mundo en la ONU ha estado animando a todo el mundo a descargar y utilizar esta aplicación” durante la COP27.
Y luego, como norma general, añadió la portavoz, «defendemos la libertad de información y la libertad de prensa. Esto se aplica a todo el mundo”.
“Para nosotros, el acceso es importante, y queremos asegurarnos de que todos los que tienen que trabajar puedan hacer el trabajo que tienen que hacer de la mejor manera posible», dijo Tremblay.
Mientras tanto, en su Informe Mundial 2022, Human Rights Watch (HRW) señaló que las autoridades egipcias intensificaron el uso de los abusivos Tribunales de Seguridad del Estado de Emergencia para procesar a activistas y críticos pacíficos que se sumaron a los miles de disidentes que ya se encuentran en las congestionadas cárceles del país.
Además, los tribunales dictaron sentencias de muerte en juicios masivos, lo que se sumó a un número cada vez mayor de ejecuciones.
El gobierno de El Cairo emitió en enero un reglamento de aplicación de la ley de ONG de 2019 que codificaba restricciones draconianas a las organizaciones independientes, recordó la organización con su base en Washington.
Además, dijo, “las autoridades no investigaron adecuadamente una violación en grupo de gran repercusión, y los testigos clave siguen teniendo prohibiciones de viaje extrajudiciales después de haber sido encarcelados durante meses en aparente represalia por haber dado a conocer su situación”.
HRW también dijo que el ejército sigue imponiendo severas restricciones a la circulación y demolió cientos de edificios en el norte del Sinaí en nombre de la lucha contra Wilayat Sinaí, una filial local del Estado Islámico.
“Estas demoliciones constituyen probablemente crímenes de guerra», dijo.
Durante los meses previos a la celebración de la cumbre climática, las autoridades egipcias liberaron a 766 presos tras la decisión de Al Sisi de reactivar el Comité Presidencial de Indultos en abril, recordó Amnistía Internacional.
Sin embargo, durante el mismo periodo, AI ha documentado la detención del doble de ese número: 1540 personas que fueron interrogadas por el ejercicio de la libertad de expresión y de asociación.
En los últimos seis meses, AI ha recopilado datos de decenas de abogados que asisten regularmente a interrogatorios y audiencias de renovación de la detención, ha revisado decisiones judiciales y otros documentos oficiales, y ha entrevistado a expresos y a familiares de detenidos.
En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han detenido y encarcelado a cientos de personas en el centro de El Cairo y en las plazas de las ciudades egipcias por el contenido de sus teléfonos, una táctica que suele emplear la policía antes de las protestas previstas.
Aunque la mayoría fueron liberados en cuestión de horas o días, algunos fueron llevados ante los fiscales, mientras que otros siguen siendo objeto de desaparición forzada, según 11 abogados de El Cairo, Alejandría, Sharqiya y Dakahliya.
En septiembre, recordó AI, Abdelsalam Abdelghani, de 55 años, fue detenido en su domicilio en las afueras de El Cairo. Los fiscales le interrogaron sobre un grupo de Facebook llamado “Nuestro derecho”, que incluía publicaciones que llamaban a protestas el 11 de noviembre, el primer viernes de la COP27.
El fiscal lo interrogó bajo la acusación de difundir «noticias falsas» y ser «miembro de un grupo terrorista» antes de ordenar su detención en espera de una investigación, según explicó Amnistía Internacional.
Según la página web de la presidencia egipcia de la COP27, quien desee organizar protestas en Sharm el Sheij durante la cumbre deberá informar a las autoridades con 36 horas de antelación y mostrar a los organizadores una insignia de que forman parte de personas autorizadas para participar en la cumbre.
Las protestas, se añade, solo se permitirán entre las 10:00 y las 17:00 horas en una zona alejada de la conferencia y vigilada por cámaras. Las autoridades también han limitado el contenido de las protestas a cuestiones relacionadas con el clima.
Amnistía Internacional considera que estas medidas son innecesarias y desproporcionadas, y que tienen por objeto restringir la capacidad de las personas para protestar de forma segura de manera que puedan ser vistas y escuchadas.
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