NACIONES UNIDAS – El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó este viernes 21, por unanimidad de sus 15 Estados miembros, una resolución que impone un régimen de sanciones contra Haití.
La resolución “exige el cese inmediato de la violencia, las actividades criminales y los abusos de derechos humanos que socavan la paz, la estabilidad y la seguridad del país y de la región”.
El país más pobre del hemisferio se encuentra desde hace meses sumido en una espiral de caos y violencia, protagonizada por bandas rivales que se disputan el control de territorios y bloquean parte de la actividad económica, como distribución de alimentos y combustibles, así como las tareas de auxilio a la población.
En Haití se ha presentado un brote de cólera, y casi cinco millones de sus 12 millones de habitantes necesitan asistencia humanitaria urgente, con 19 000 personas que han entrado en la fase cinco del hambre, la más aguda, que conduce a la inanición y la muerte, según reportes de agencias de la ONU.
La resolución del Consejo de Seguridad, presentada por Estados Unidos y México, prevé un embargo de armas, congelación de activos y prohibición de viajes a los principales responsables de la crisis por un periodo de un año.
Un anexo cita expresamente como sujeto de las sanciones a Jimmy Cherizier (alias “Barbacoa”), quien fue oficial de la policía y es el líder delictivo más poderoso, a la cabeza de una alianza de pandillas.
En el Consejo se destacó que las bandas criminales mantienen bloqueada la principal entrada de combustible al país -la terminal Varreux-, lo que ha paralizado servicios tan básicos como el suministro de agua, la recolección de basura y el funcionamiento de las instalaciones sanitarias, en medio del nuevo brote de cólera.
Con la resolución se instaura el primer régimen de sanciones de su tipo desde septiembre de 2017, cuando el Consejo aplicó esas disposiciones contra Mali.
Para verificar la implementación de las medidas, la resolución establece un Comité que deberá entregar un primer informe con recomendaciones al Consejo de Seguridad en un plazo de 60 días, para luego presentar un reporte anual.
Además, el documento solicita al secretario general de la ONU que forme un Panel de Expertos por un lapso de trece meses para que asista al Comité actualizando la información de la lista de individuos y entidades sujetos a las sanciones.
Los criterios para sancionar personas y entidades serán la participación o apoyo a actividades delictivas que involucren a grupos armados y redes criminales; el respaldo al tráfico y el desvío de armas y flujos financieros ilícitos; la obstrucción de la entrega de ayuda humanitaria; y los ataques al personal o instalaciones de la ONU.
La resolución también urge a todos los actores políticos a emprender “negociaciones sustantivas” para superar el actual impasse de gobernabilidad y poder celebrar unas elecciones legislativas y presidenciales libres y justas tan pronto como lo permitan las condiciones de seguridad.
México y Estados Unidos informaron que trabajan en un proyecto de resolución que autorizaría una misión internacional de asistencia a Haití para abordar cuestiones de seguridad y facilitar la ayuda humanitaria.
La misión, que respondería a una solicitud de ayuda del gobierno haitiano, es una opción que sugirió también el secretario general de la ONU, António Guterres.
Estados Unidos informó el 13 de octubre que evaluaba la petición del gobierno de Haití -en manos del primer ministro Ariel Henry desde que el presidente Jovenel Moise fue asesinado en julio de 2021- para que se envíen tropas extranjeras para hacer frente a la grave crisis que vive país.
Cinco días después, el Grupo de Puebla, que integran personalidades latinoamericanas con tendencia de izquierda y centroizquierda, expresó preocupación porque una intervención militar pueda respaldar al gobierno haitiano sin un abordaje adecuado de la crisis humanitaria, económica y política del país.
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