LONDRES – Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) demandaron este jueves 1 que China rinda cuentas por las violaciones de derechos humanos en Xinjiang, tras conocerse un informe de las Naciones Unidas que formula duras acusaciones contra Beijing.
Agnès Callamard, secretaria general de AI, dijo que “la reiterada negación por Beijing de la crisis de derechos humanos en Xinjiang suena cada vez más vacía tras este nuevo reconocimiento de la evidencia de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en la región”.
“La jefe de derechos humanos de la ONU por primera vez pone al descubierto los graves abusos del gobierno chino y concluye que pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, destacó John Fisher, uno de los directores de HRW.
Michelle Bachelet, hasta el 31 de agosto alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó en su último día en el cargo un contundente informe sobre la actuación del Estado chino en la noroccidental región de Xinjiang, la cual visitó en mayo.
En esa región autónoma china “se han cometido graves violaciones de los derechos humanos contra los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas”, señaló el informe de Bachelet, cuya publicación demandaron durante semanas las oenegés críticas con Beijing.
El informe dice que “las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluidos los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las de incidentes individuales de violencia sexual y de género”.
Además, sobre los uigures y otras personas críticas detenidas arbitrariamente “las restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales, disfrutados individual y colectivamente, pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad”, reza el informe.
“Las autoridades chinas deben poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente en campos o prisiones, y poner fin a la persecución de personas uigures, kazajas y de otras minorías con predominio musulmán en Xinjiang”: Agnès Callamard.
Xinjiang, de 1,6 millones de kilómetros cuadrados y gran productor de algodón, tiene unos 20 millones de habitantes, de los cuales 45 % son uigures, una etnia que en su mayoría profesa el islamismo, y 40 % son de la etnia han, mayoritaria en el resto de China pero que a mediados del siglo XX era apenas seis por ciento en la región.
Uno de los señalamientos contra Beijing es el de que, apoyándose en la etnia han, fuerza un cambio en la composición de la población de Xinjiang, donde también hay minorías de kazajos, hui, kirguises, mongoles y tayikos.
El informe dice que las violaciones se han producido en el contexto de la afirmación del gobierno chino de que está persiguiendo a los terroristas entre la minoría uigur, con una estrategia de lucha contra el extremismo que implica el uso de los llamados Centros de Educación y Formación Profesional o campos de reeducación.
AI ha sostenido que en esos campos de internamiento y prisiones pueden haber estado detenidas hasta un millón de personas, e insistió en que “el encarcelamiento, la tortura y la persecución masivos y sistemáticos organizados por las autoridades chinas constituyen crímenes de lesa humanidad”.
HRW destacó que el informe de Bachelet registra que os detenidos en “los llamados centros de formación” son sometidos a torturas y malos tratos como “ser golpeados con porras, incluidas porras eléctricas, mientras están atados, sometidos a interrogatorios con agua vertida en sus rostros, y confinamientos prolongados”.
El gobierno chino, en una larga respuesta al informe, afirmó que las autoridades de Xinjiang “actúan según el principio de que todos son iguales ante la ley, y la acusación de que su política está basada en la discriminación carece de fundamento”.
Beijing dijo que sus esfuerzos antiterroristas en la región se llevan a cabo de acuerdo con el estado de derecho y de ninguna manera hacían parte de una “supresión de las minorías étnicas”.
Reiteró que los centros de formación profesional son “instalaciones de aprendizaje establecidas de acuerdo con la ley y destinadas a la desradicalización” y de ninguna manera “campos de concentración”.
Beijing pide a la comunidad internacional que “sea clara en cuanto a la verdad” de su campaña antiterrorista en la región, y que “vea a través de las torpes actuaciones y los motivos maliciosos de las fuerzas antichinas de Estados Unidos y Occidente, que intentan utilizar Xinjiang para contener a China”.
AI en cambio expuso que, a raíz del informe, “las autoridades chinas deben poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente en campos o prisiones y poner fin a la persecución de personas uigures, kazajas y de otras minorías con predominio musulmán en Xinjiang”.
Además, “todos los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tienen la obligación moral de apoyar las propuestas de debatir el informe y establecer un mecanismo de investigación. Debe haber rendición de cuentas”.
En sus recomendaciones, el informe de Bachelet también pide al gobierno chino “medidas rápidas” para liberar a todas las personas encarceladas arbitrariamente en Xinjiang, ya sea en campamentos o en cualquier otro centro de detención.
También pide a China que lleve a cabo una revisión jurídica completa de sus políticas de seguridad nacional y antiterrorista en Xinjiang, “para garantizar su plena conformidad con el derecho internacional vinculante en materia de derechos humanos” y que derogue cualquier ley que no cumpla las normas internacionales.
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