LONDRES – Las comunidades locales están cada vez más solas cuando se trata de luchar para salvar la selva amazónica. El asesinato del periodista británico Dom Philips y del experto indígena brasileño Bruno Pereira ha sido una evidencia impactante de corrupción y abuso de poder.
Es solo un ejemplo más de por qué los pueblos amazónicos tienen que encontrar sus propias formas de defender los principios de verdad, ley y orden: para protegerse a sí mismos y a un ecosistema que es vital para el futuro de la humanidad. ¿Es sostenible, y justo, dejarlos caer solos como mártires?
Phillips viajaba con Pereira cerca del territorio indígena Vale do Javari, un área remota cerca de la frontera con Perú, para registrar la iniciativa de ciudadanos locales que luchan pacíficamente contra la actividad criminal en la Amazonia.
Pereira, uno de los mayores expertos brasileños en grupos indígenas no contactados o recién contactados, entrenaba a los miembros de la comunidad en el uso de drones e imágenes de satélite para monitorear el territorio y registrar la caza, la tala, la pesca, la minería ilegales y el tráfico de drogas.
Según los grupos indígenas, ha habido tantas invasiones en los últimos dos años como antes de que el territorio fuera declarado legalmente como área protegida en 2001. Pereira fue amenazado de muerte por este trabajo.
A pesar de los riesgos de tales esfuerzos, hay muchas comunidades pequeñas, poco capacitadas y mal equipadas en toda la región amazónica que intentan hacer frente a las crecientes amenazas, como la que estaba siendo capacitada por Pereira.
La líder indígena brasileña Juma Xipaya declaró recientemente, durante la conferencia Amazonian Leapfrogging, que “estamos defendiendo la selva con nuestros cuerpos, con nuestros hijos en brazos, bajo una violencia implacable. Los pueblos de la selva necesitamos seguridad para que podamos seguir siendo los guardianes de la selva, brindando un servicio no solo a la Amazonia sino al mundo”.
Expuestos al riesgo de confrontación con delincuentes, esos grupos enfrentan políticas públicas insuficientes o corruptas, y son frecuentemente etiquetados como “agitadores” o “agentes que actúan contra el progreso”.
Kaskirunas, en Sarayaku, en Ecuador, practicando el control de un dron. Abril 2022. Foto: Ana Cristina Suzina
Los Kaskirunas de Sarayaku, en Ecuador, por ejemplo, están aprendiendo a utilizar drones e imágenes satelitales para contribuir al manejo y protección de las 135 000 hectáreas de la tierra milenaria del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. Kaskiruna es un término kichwa que significa “protectores del bosque vivo”.
La comunidad de alrededor de 1400 personas también cuenta con los Wios, el Grupo de Seguridad Interna de Sarayaku. Wio es un nombre kichwa para una hormiga muy pequeña cuya picadura duele mucho.
Es un grupo pacífico que ha sido entrenado en el monitoreo del territorio, la tierra y los ríos, y la prestación de servicios de rescate. Uno de sus principales aliados es un sistema de comunicación por radio que se inauguró cuando decomisaron armas y equipos al Ejército Nacional del Ecuador en 2002.
Ilustrando la ambigüedad de las políticas ambientales, el Ejército estaba allí para salvaguardar la instalación de una empresa petrolera internacional privada que obtuvo una autorización del propio Estado ecuatoriano para explotar fuentes dentro del territorio de Sarayaku, sin consulta previa a la populación local.
La resistencia incluyó retener a trabajadores de la petrolera en la comunidad para detener las actividades de prospección que ya comenzaban: la tala de árboles milenarios y la siembra de minas en áreas sagradas de bosque denso. Un grupo de mujeres kichwas agarró las armas con las propias manos desnudas.
“Decidimos levantarnos juntas en el acercamiento al Ejército porque sabíamos que, si fueran nuestros hombres solos frente a ellos, el uso de la fuerza podría ser diferente”, explica Gloria Berta Gualinga, quien participó en las protestas de 2002.
La comunicación por radio ayudó a apoyar la acción contra los invasores y, desde entonces, se ha convertido en una parte importante de la vida de la comunidad.
Sarayaku llevó el caso a los tribunales contra el Estado de Ecuador y ganó.
Obtuvieron el derecho a mantener los proyectos extractivos fuera de su territorio, un derecho que tienen en el papel, pero que no se cumple completamente en la práctica. La amenaza sigue ahí y Sarayaku, junto con otros movimientos indígenas, sigue siendo estigmatizado por actuar en contra de los intereses más amplios del país.
La forma en que los pueblos indígenas son retratados en los medios de comunicación contribuye a este estereotipo. Como lo destaca un informe reciente de Climate Outreach, las oportunidades limitadas para expresar sus propios puntos de vista aumentan los riesgos de que se perpetúen las actitudes coloniales (denigración, criminalización y racismo).
En otro caso de resistencia local, en 2009, un colectivo de 26 comunidades tradicionales alrededor de la Gleba Nova Olinda, en Pará, Brasil, fueran inscritas en esta lista de “obstáculos al desarrollo”. Las comunidades han bloqueado el río Arapiuns y detenido dos embarcaciones que transportaban 1500 m3 de madera sacada del bosque, reteniendo a sus tripulantes.
Los manifestantes querían llamar la atención sobre la explotación ilegal de su territorio y resaltar la importancia de establecer legalmente áreas protegidas arraigadas en comunidades indígenas y tradicionales que viven y trabajan en el territorio desde mucho tiempo, una mezcla entre tribus originarias y grupos que se establecieron como resultado de las olas migratorias internas desde las primeras décadas del siglo XX.
Al igual que los Sarayaku, rápidamente fueron tildados de delincuentes por robar los botes y bloquear el río, y muchos medios de comunicación describieron el incidente como un “secuestro violento de la tripulación”, que en cambio ésta había sido respetuosamente acogida por familias locales. La acción duró casi un mes y terminó con la quema de los barcos con toda la madera dentro.
La comunidad de Sao Pedro, en el norteño estado de Pará, Brasil, donde los manifestantes estuvieran acampados. Noviembre 2015. Foto: Ana Cristina Suzina
El legado de esa protesta es ambiguo. Si bien ha llamado la atención sobre el problema de la explotación ilegal de madera y otros recursos en la región, no ha habido una resolución concreta y las comunidades aún viven amenazadas.
El territorio sigue siendo víctima de explotación ilegal; y el Estado y los medios de comunicación han logrado crear oposiciones entre los grupos locales, al promover fuertemente la idea de que la explotación de los recursos naturales podría ofrecer empleos y prosperidad a las poblaciones locales.
La tensión actual en la región hace casi imposible el trabajo de los comunicadores locales, ya que los periodistas comunitarios se han convertido en blancos cada vez que critican los proyectos extractivos o visibilizan la actividad ilegal de los emprendimientos.
El superintendente de la Policía Federal de Brasil afirmó que Phillips “estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada”, tratando de explicar el asesinato del periodista británico como una desafortunada coincidencia. Lo que no se puede explicar tan a la ligera es por qué tantas comunidades en la Amazonia, en Brasil y en otros países, tienen que encontrar sus propias formas de protegerse a sí mismas y a un tesoro natural vital.
Algunos analistas han dicho que, si no fuera por el asesinato de un periodista británico, el asesinato de Pereira hubiera pasado completamente desapercibido. Familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil piden justicia para Phillips y Pereira. Para que haya justicia, debe haber un reconocimiento fundamental de la validez y relevancia de la histórica lucha local para proteger la Amazonía, y un profundo y urgente cambio cultural y político para apoyarla.
La esposa de Phillips declaró que su conocimiento sobre la Amazonía lo llevó a comprender que el pescador, el minero en la punta de la línea son igualmente víctimas, frecuentemente brutalmente explotadas por su desesperación por alimentar a sus propias familias. Los líderes de los movimientos de base en la Amazonía recuerdan constantemente que hay personas conviviendo con los bosques, los ríos y los animales.
Muchos están listos y tomando medidas para proteger todos estos tesoros y harán más si las autoridades nacionales y la comunidad internacional asocian las políticas de protección del territorio con el apoyo a la población local, para que no sea vulnerable a los empresarios depredadores y los políticos demagogos.
Propuestas como Kawsac Sacha – La Declaración de la Selva Viviente y La Amazonía que Queremos reúnen soluciones indígenas y científicas para permitir que la economía del bosque siga en pie. Estas deben tenerse en cuenta en todas las decisiones relacionadas con la Amazonia.
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG
