LIMA – “Cuando llegó la pandemia dejé de estudiar, justo cuando me tocaba hacer el último año del colegio… mis padres no podían pagar internet en casa”, reveló Rodrigo Reyes, de 18 años, uno de los escolares de los casi 250 000 que en el 2020 se vieron expulsados del sistema educativo peruano.
Esa cifra corresponde a la población escolar de primaria y secundaria que, habiéndose matriculado para su año educativo, no lo cursaron.
En marzo del 2020, como medida de prevención frente a la covid-19, se decretó en el país la educación remota, lo que supuso contar con el acceso a internet y el empleo de dispositivos electrónicos. Esta modalidad de estudio virtual se prolongó hasta el 2022, en que se retomaron las clases presenciales.
Pero en el camino se profundizaron las desigualdades en el acceso y la calidad de la educación, afectando en mayor medida a quienes se encuentran en situación de pobreza, viven en zonas rurales y pertenecen a poblaciones campesinas e indígenas.
Perú es un país multicultural y multiétnico con poco más de 33 millones de habitantes, donde en 2021 la pobreza afectó a 25,9 %, 4,2 puntos menos que en 2020, pero aún 5,7 puntos por encima de 2019, el año previo al estallido de la pandemia. La llamada oficialmente pobreza monetaria afectó a 39,7 % a la población rural y a 22% de la urbana, en una de las brechas sociales más elocuentes.
“Hablamos de las personas que están en los centros educativos de primaria y secundaria que siempre son las que no logran los aprendizajes, las que, entre comillas, fallan en las pruebas de Evaluación Censal de Estudiantes, que pertenecen a provincias que ocupan los últimos lugares en los rankings a nivel nacional”, afirmó Rossana Mendoza, educadora y docente universitaria de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe.
“Son los mismos jóvenes con un conjunto de carencias y de servicios, son indígenas con una lengua distinta al castellano para quienes el programa Aprendo en Casa que puso en marcha el gobierno no fue una respuesta adecuada”, agregó en entrevista con IPS en su domicilio en el distrito limeño de Jesús María.
“Siempre he creído que el estudio es lo que saca de la ignorancia a las personas, lo que nos hace libres, y eso queríamos para nuestros hijos cuando nos vinimos a Lima con mi esposo. Por eso me duele mucho que no hayamos podido apoyar a Rodrigo por falta de medios económicos”: Elsa García.
Pero las afectaciones alcanzaron también a la población escolar de las zonas periurbanas. Mendoza refirió que se vieron en la necesidad de alternar sus labores escolares con el trabajo y la ayuda a sus padres en actividades de sobrevivencia, destinando en consecuencia escasas horas a sus estudios.
Fue el caso de Reyes, quien no tuvo otra opción que abandonar las clases y dejar a un lado su sueño de ser técnico de maquinaria pesada.
“Yo iba a terminar el colegio a los 16 años, iba a ser promoción con mis amigos y después me iba a preparar para postular al instituto y ser mecánico… pero no se pudo”, comentó a IPS en el puesto de alimentos y otros productos de su madre, dentro del mercado Santa Marta de su barrio, donde trabaja todo el día desde que comenzó la pandemia.
Reyes vive en la zona periférica del distrito de Ate, uno de los 43 que conforman Lima y que se ubica en el este de la capital. Como gran parte de la población del distrito de casi 600 000 habitantes, su familia llegó del interior del país en busca de mejores oportunidades.
“Siempre he creído que el estudio es lo que saca de la ignorancia a las personas, lo que nos hace libres, y eso queríamos para nuestros hijos cuando nos vinimos a Lima con mi esposo. Por eso me duele mucho que no hayamos podido apoyar a Rodrigo por falta de medios económicos”, dijo con mucha tristeza a IPS la madre del joven, Elsa García.
La pandemia golpeó la precaria economía familiar, Rodrigo y sus dos hermanos menores dejaron de estudiar en 2020. Al año siguiente pudieron reinsertarse solo los pequeños.
“Con lo que yo ayudaba en la bodega (tienda) tuvimos un ahorro y mi papá pudo comprar un celular para que lo usen mis hermanos y ahora comparten internet. Yo tengo que seguir apoyando para que terminen el colegio y sean después profesionales, tal vez más adelante yo pueda hacerlo también”, reflexionó el joven Reyes.
Las barreras para la educación existían desde antes de la pandemia en este país sudamericano. Eso lo sabe bien Delia Paredes, que dejó las aulas antes de culminar su educación primaria porque salió embarazada. Hoy tiene 17 años y no ha podido retomar sus estudios.
Ella vive con sus padres y hermanas menores en la zona rural de la localidad de Neshulla que cuenta con casi 7500 habitantes y se ubica en el centro oriental de Ucayali, departamento de la región amazónica de Perú. Su padre, Úber Paredes, es agricultor sin tierra propia y labora como peón en algunos predios vecinos obteniendo un ingreso mensual de menos de 100 dólares.
“No he tenido para comprarle a mi hija su zapato, su ropa, sus útiles para que siga estudiando, ya con la bebe que nació se ha quedado como ama de casa ayudando a mi esposa… no tengo recursos, mucha pobreza padecemos por acá”, refirió a IPS por teléfono desde Neshulla.
Sus hijas menores Alexandra y Deliz sí están en el colegio y han retornado este año a las clases presenciales. Alexandra lamenta la suerte de su hermana. “Ella siempre repite que quería ser enfermera. Yo le he dicho que cuando sea profesora y trabaje, la voy a ayudar”, dijo.
El embarazo temprano, como el de Delia, considerado forzado por organismos de derechos porque suele ser producto de violación, llegó a 2,9 % entre niñas y adolescentes de 12 a 17 años en el 2021. Se concentra en zonas rurales igual que hace la pobreza, donde fue de 4,8 %, frente a 2,3 % en áreas urbanas.
Brechas que se ahondan
La población escolar matriculada para el periodo 2020 llegó a 8,2 millones en todo el país, antes de la declaración de la pandemia. El total de niñas, niños y adolescentes matriculados en mayo de 2022 sumaba cerca de 6,8 millones. Las autoridades del sector esperaban que en el transcurso de los siguientes meses se acortara la brecha, pero no han reportado información al respecto.
Si en 2020 casi un cuarto de millón de escolares interrumpió y se vio forzado a abandonar los estudios a nivel nacional, el número fue de casi 125 000 en el 2021. Sin embargo, al 2022, la brecha se ahonda con cerca de 670 000 que no se han matriculado en el presente año escolar, que comenzó en marzo.
Esta brecha se registra pese a que el gubernamental Ministerio de Educación puso en marcha el Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano del segundo semestre 2021 al primero de 2022, orientado a lograr el retorno de quienes interrumpieron sus estudios, garantizando condiciones de continuidad.
Para la educadora Mendoza, la prioridad es recuperar a la población excluida del derecho a la educación. “Se necesita una estrategia que acompañe procesos no solo de aprendizaje, sino sus posibilidades de sobrevivir con sus familias en realidades donde por la pandemia han perdido a su madre, padre o abuelos”, dijo.
“Hay que verlos en ese contexto y no solo porque no alcanzan logros de aprendizaje. Ver que tienen una vida en terribles desventajas para salir adelante y que están quedándose fuera del sistema educativo”, añadió.
Planteó que es necesario identificarlos. “El sistema de gestión escolar peruano, que está bastante desarrollado, debiera permitirnos saber quiénes son estos niños y adolescentes, cómo se llaman, dónde viven, qué ha pasado con sus familias y cómo puede el sistema escolar brindarles oportunidades dentro de sus actuales condiciones de vida”, remarcó.
Mendoza explicó que no solo están fuera del sistema, sino que viven otras condiciones de vida y no se puede pretender que, en esta probable mayor precariedad, pobreza e inclusive orfandad, vuelvan al sistema escolar como si nada hubiera pasado.
ED: EG
