RÍO DE JANEIRO – “Para el cuerpo social la democracia es como el oxígeno para el cuerpo humano, no lo vemos ni lo sentimos, pero percibimos su importancia cuando nos falta”, destacó la abogada Patricia Vanzolini en el acto central de una jornada de movilizaciones sociales para conjurar intentos golpistas en Brasil.
Los centenares de mítines en todos los 26 estados brasileños y en Brasilia, el 11 de agosto, revelaron que buena parte de la sociedad organizada del país huele la asfixia inminente, a 52 días de las elecciones presidenciales, acosadas por la insistencia del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro en desacreditar la votación electrónica utilizada desde hace 26 años.
Pero comprueban también la adecuada comparación de Vanzolini. La ciudadanía en general no prioriza la democracia, hasta que se vuelve poco respirable. Si no fuera así, Bolsonaro no habría obtenido 57,8 millones de votos, o 55,1 % del total de sufragios válidos, que lo eligieron en la segunda vuelta, en octubre de 2018.
Su discurso como candidato era declaradamente antidemocrático, incluía la alabanza de la dictadura militar de 1964-1985, incluido el uso de la tortura, y prejuicios en contra de las mujeres, los negros, los indígenas, los ambientalistas y los derechos humanos.
La actual reacción de los representantes de amplios sectores de la población solo ocurre ahora, tras tres años y medio de menoscabo de las instituciones de control democrático, como el Ministerio Público (fiscalía) y las agencias de monitoreo de delitos financieros, y de las políticas ambientales, educativas, antirracistas y de derechos humanos.
Pese al deterioro de la democracia y los desastres en la gestión de la pandemia de covid-19, Bolsonaro sigue teniendo más de 30 % de la intención de votos en las encuestas sobre preferencias electorales y ese respaldo está en ascenso en las últimas semanas.
El manifiesto de un millón de firmas
Vanzolini, presidenta de la sección local del Orden de Abogados de Brasil (OAB), hizo uno de los discursos más aplaudidos en São Paulo, donde la lectura de la “Carta a las brasileñas y los brasileños en defensa del Estado Democrático de Derecho” reunió miles de personas en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP).
“Abogacía y democracia son inseparables”, sostuvo la abogada nacida en Chile en 1972, donde sus padres estaban exiliados por la dictadura.
Ese manifiesto fue el detonante de la movilización nacional.
Empezó como una iniciativa de la más antigua Facultad de Derecho en Brasil, conocida por su dirección en el Largo (plaza) São Francisco, en el centro de São Paulo, y se abrió a la adhesión pública, en un sitio web, el 26 de julio, cuando ya tenía más de 3000 firmas.
Em 16 días superó el primer millón de adhesiones, representando a todos los sectores de la vida nacional y superando las expectativas más optimistas. Los primeros firmantes fueron juristas, abogados, profesores universitarios, líderes sindicales y empresariales, artistas, economistas y representantes de movimientos sociales.
Brasil debería estar viviendo “cúspide de la democracia”, rumbo a los comicios de octubre, pero “en lugar de una fiesta cívica, vivimos momentos de inmenso peligro para la normalidad democrática, de riesgo para las instituciones de la República e insinuaciones de desacato al resultado de las elecciones”, dice la carta.
“En Brasil ya no hay espacio para retrocesos autoritarios. Dictadura y tortura pertenecen al pasado. La solución de los inmensos desafíos de la sociedad brasileña exige necesariamente el respeto al resultado de las elecciones”, concluye el manifiesto.
El enemigo de la democracia
No se menciona nombres, pero todos conocen que las amenazas parten de Bolsonaro, en su ofensiva contra las urnas electrónicas. Sostiene que los fraudes impidieron su triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2018 y que podrán repetirse en octubre, cuando intentará la reelección, en la primera vuelta el 2 o la segunda el 30.
El colmo fue su intento de descalificar el sistema electoral brasileño ante cerca de 70 embajadores, que convocó a un encuentro en su residencia oficial, el Palacio da Alvorada, el 18 de julio, en una iniciativa inédita en un jefe de Estado de este país sudamericano de 214 millones de habitantes.
Supuso un bumerán para el mandatario ultraderechista, ya que las jefaturas de la diplomacia de países como Estados Unidos y Reino Unido declararon en los días siguientes su total confianza en las elecciones brasileñas y que su sistema electrónico sirve de ejemplo a otros países.
Además, parece haber sido la última gota para movilizar distintos sectores de la sociedad brasileña en defensa de la democracia.
El revés más contundente fue la decisión de importantes gremios empresariales de proclamar su apoyo a “la estabilidad democrática, el respeto al Estado de Derecho y el desarrollo (que) son condiciones indispensables para que Brasil supere sus principales desafíos”.
Los empresarios expresan su “compromiso inquebrantable con las instituciones y las reglas básicas del Estado Democrático de Derecho”, al concluir su propio manifiesto, encabezado por la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo y separado de la carta de la ciudadanía en general.
El consenso democrático
“Hoy capital y trabajo se juntan en defensa de la democracia”, celebró José Carlos Dias, exministro de Justicia que defendió, como abogado, a mas de 500 perseguidos políticos en la dictadura militar. Centrales sindicales y movimientos sociales también firmaron esa segunda carta a la nación “en defensa de la Democracia y la Justicia”.
Otros manifiestos y manifestaciones locales o de entes aislados, como el Orden de Abogados nacional y algunas universidades, agitaron el país ese 11 de agosto, Día del Abogado. Pluralismo partidario, étnico, de género, profesiones, clases y edades caracterizaron las protestas.
“Mientras haya racismo, no habrá democracia en Brasil”, coreó Beatriz Santos, como representante de la Coalición Negra por Derechos en el acto en São Paulo.
“No queremos la democracia del hambre, de las masacres y tampoco la democracia de los ricos, queremos la democracia de los pueblos”, añadió Manuela Morais, la presidenta del Centro Académico 11 de Agosto, de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la USP.
Las dos activistas ampliaron el reclamo democrático más allá del tema electoral, anticipando los grandes retos que enfrentará el próximo gobierno, probablemente presidido por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), el favorito en las encuestas.
El llamado a la democracia vuelve
La jornada de “reafirmación de la democracia”, en las palabras de Vanzolini, se inspiró en un acto que la misma Facultad de Derecho vivió 45 años antes, el 8 de agosto de 1977, cuando se trataba de recuperar la democracia.
En aquella fecha, y en el mismo patio de esa escuela, el profesor Goffredo da Silva Teles Junior leyó la “Carta a los Brasileños”, de rechazo a la opresión impuesta por un “gobierno ilegítimo fundado en la fuerza” de las armas, para reclamar una Constitución elaborada por representantes del pueblo.
El largo mensaje de 14 páginas, firmado por decenas de juristas y abogados, buena parte profesores de la USP, fue un hito en el fin de la dictadura militar, 13 años después del golpe de Estado que la instaló. La acción demandó coraje para desafiar la represión que podría significar encarcelamiento, tortura y muerte.
Representantes de lo que parece ser la mayoría de la sociedad brasileña repiten ahora una movilización similar, sin el riesgo de la violencia represiva del pasado, pero ante el temor de que vuelva, ya que parte de las fuerzas actualmente en el poder se inspira en la vieja dictadura.
ED: EG
