RÍO DE JANEIRO – Las armas de fuego viven un boom en Brasil en los últimos cinco años, ajeno al casi estancamiento de la economía y a la depresión en áreas como salud, ambiente, cultura, educación y derechos humanos.
El presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro adoptó 43 medidas para facilitar el acceso de los civiles a las armas y municiones desde su toma de posesión en enero de 2019. Fueron 19 decretos presidenciales, dos propuestas de leyes y otras acciones administrativas, según el no gubernamental Instituto Sou da Paz.
El mercado de esa rama industrial se multiplicó. Un tirador deportivo, por ejemplo, que antes podía comprar 16 armas y 40 000 municiones, pasó a tener el derecho legal de comprar 60 y 180 000 respectivamente. Además la mitad de esas armas son de uso controlado, como fusiles semiautomáticos.
La práctica de tiro, antes restringida a mayores de 18 años, ahora es permitido a adolescentes de 14 años o más. Los cazadores pueden comprar armas sin límites.
En consecuencia la cantidad de los cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas, los llamados CAC (en portugués), que pueden comprar decenas de armas legalmente, aumentó 473 % en Brasil en cuatro años, producto de las medidas del actual gobierno que facilitaron esa proliferación.
En números absolutos eran 117 467 en 2018 y alcanzaron 673 818 CAC que se declaran en actividad. Aumentó también, lógicamente, la cantidad de armas en manos privadas, que ya alcanzaban por lo menos 2,88 millones en junio de 2022, en un país con 214 millones de habitantes.
“La política actual de seguridad pública es no tener ninguna política de seguridad”: Isabel Figueiredo.
Es una cifra aproximada porque suman registros de 2021 en el sistema de control de la Policía Federal y los de 2022 en el servicio similar del Ejército, avisa el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, que divulga esos datos detallados de la violencia en sus distintas manifestaciones y sus factores.
El estudio estadístico, publicado habitualmente en julio, ocupa 516 páginas este año. Es obra del Foro Brasileño de Seguridad Pública, una organización no gubernamental de investigadores, policías, gestores públicos y miembros del sistema judicial.
Como contener la proliferación de las armas
Restablecer los mecanismos de control de las armas de fuego y municiones, crear el Ministerio de Seguridad Pública y unificar el sistema de datos del sector son algunas recomendaciones que el Foro a los candidatos presidenciales en las elecciones de octubre.
La acogida ha sido prometedora en los diálogos con los candidatos opositores, evaluó Isabel Figueiredo, consejera del Foro, abogada y exdirectora de Enseñanza e Investigación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública.
“La política actual de seguridad pública es no tener ninguna política de seguridad”, resumió a IPS desde Brasilia, para enfatizar la necesidad urgente de cambios para “contener la sangría y prevenir el caos” que anuncia la proliferación de armas.
Promover un desarme por medio de nuevas legislaciones parece difícil, reconoció. Así que un control más riguroso de las armas es la alternativa más viable, así como “dificultar la vida de los CAC”, exigiéndoles renovar su licencia cada año, en lugar de los diez años actuales, ejemplificó.
Argumentos pro armamentismo
Bolsonaro y sus seguidores defienden “armar el pueblo” como forma de combatir la criminalidad. Ante la mayor posibilidad de que sus víctimas estén armadas, los criminales hesitarán o desistirán, arguyen.
El presidente usa argumentos políticos en su contradictoria forma de ver la libertad y la democracia. “El pueblo armado no será esclavizado”, reitera Bolsonaro, quien identifica la dictadura militar de 1964 a 1985 como su inspiración y siempre respalda a la policía cuando esta comete masacres contra comunidades pobres.
Los homicidios cayeron durante los 3,5 años del actual gobierno, es otro argumento de los armamentistas. De hecho, las muertes violentas intencionales alcanzaron el máximo de 64 078 en 2017 y cayeron en los años siguientes hasta los 47 503 homicidios en 2021, un nivel similar al de 2011.
Pero la tendencia empezó antes, desde fines de 2017, y la criminalidad es un fenómeno de múltiple causalidad, por lo que sus oscilaciones no se pueden atribuir a un solo factor, subrayan los investigadores del tema.
El gran aumento de los homicidios en 2017 y su repentina caída, por ejemplo, se deben a las disputas entre bandas del narcotráfico en el nororiental estado de Ceará, que sufrió en aquel año un colapso de su seguridad pública.
Cambios demográficos, con el envejecimiento de la población brasileña, reorganización del crimen organizado y políticas de seguridad de los estados influyen en la evolución de la criminalidad, explicó Figueiredo.
“Bajan los homicidios, pero aumenta la criminalidad en general”, como el patrimonial que incluyen los fraudes digitales, que nada tienen que ver con armas, acotó.
Le toca al gobierno comprobar que la caída de las muertes violentas se debe a la mayor cantidad de armas en manos de civiles, desafió.
Las estadísticas apuntan que las armas de fuego responden por cerca de tres cuartos de los homicidios en Brasil.
Efectos trágicos
La proliferación de las armas provoca por lo menos tres efectos graves, según Carolina Ricardo, directora ejecutiva del Instituto Sou da Paz.
“El crimen organizado está usando los CAC para obtener más armas por vía legal. Los CAC compran armas que acaban en la criminalidad”, ejemplificó.
Desde antes de la “flexibilización” impuesta por Bolsonaro, cerca de 40 % de las armas requisadas por la policía tenían origen legal. Eso tiende a ampliarse.
“Es una regla económica, más oferta genera más canales de suministro” y una migración de criminales a CAC es una vía incluso para obtener armas mas potentes, como los fusiles, más difíciles de contrabandear desde afuera del país, sostuvo la abogada y socióloga en entrevista con IPS desde São Paulo.
Una segunda consecuencia trágica es el “aumento de muertes en conflictos banales”, prosiguió.
Un ejemplo es el asesinato del campeón mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo, el 7 de agosto, por un policía militar que por alguna razón no conocida discutió con la víctima en un club de São Paulo y le disparó a la cabeza.
Accidentes fatales también se multiplican. El 8 de agosto un niño de ocho años mató a su cuñado adulto, en Jacareí, ciudad de 240 000 habitantes cerca de São Paulo, al disparar accidentalmente una pistola que pertenecía a la víctima, un CAC.
La tercera consecuencia apuntada por Carolina Ricardo es la violencia política. La radicalización de las campañas electorales hace prever una cruenta campaña electoral hasta octubre.
Ya hubo un caso de gran repercusión, el asesinato del guardia municipal Marcelo Arruda por el policía penitenciario Jorge Guaranho, el 9 de julio en Foz do Iguaçu, ciudad de 260 000 habitantes en el suroeste de Brasil, en la frontera con el Paraguay.
Arruda festejaba su 50 cumpleaños con fotos de su líder político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el favorito en las elecciones presidenciales de octubre, según las encuestas. Guaranho invadió la fiesta disparando sobre Arruda, tras gritar su condición de bolsonarista.
La carrera a las armas en Brasil ocurre justo cuando Estados Unidos, inspirador del armamentismo bolsonarista, enfrenta una epidemia de tiroteos en las escuelas. Ascendieron a 193 en el año lectivo 2021-2022, más del triple de los 62 incidentes del año anterior.
Los atacantes mataron a 59 personas e hirieron a 138 en el año terminado en junio. Pero la violencia armada es generalizada también fuera de las escuelas. En este año, hasta la fiesta patria del 4 de julio, la organización Gun Violence Archive registró 308 tiroteos masivos con 330 muertos y más de 1300 heridos en todo Estados Unidos.
ED: EG
