LA HABANA – Cuando apenas comenzaba su conteo de daños causados por el voraz incendio industrial que agrava su ya compleja situación económica, Cuba acogió el reinicio de los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Colombia, un reto asumido por el izquierdista Gustavo Petro a pocos días de asumir la presidencia.
El presidente de la nación sudamericana desde el 7 de agosto ha asumido el compromiso de alcanzar la “paz total” en el país. Eso implica retomar el inacabado proceso de negociaciones con la única guerrilla que queda activa en el territorio.
La decisión de mantener esas negociaciones en La Habana implica no solo un reconocimiento a la experticia diplomática de Cuba en anteriores negociaciones de paz llevadas a cabo en su territorio, sino que también supone el rechazo a la política adversa de Estados Unidos hacia esta nación insular caribeña, coinciden analistas locales.
Al arribar a La Habana, el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, llamó a esta nación insular caribeña “tierra de paz” y rechazó la calificación estadounidense de “patrocinadora de terrorismo”.
“Estamos acá precisamente por todo lo contrario. Aspiramos a reanudar los diálogos con el ELN, en esta tierra de paz”, recalcó el canciller el 11 de agosto, el primero de los dos días de su visita a La Habana.
Este primer contacto con la delegación del nuevo gobierno colombiano permitió acordar la reanudación del diálogo con la guerrilla y que las autoridades de Bogotá reconocieran como contraparte a la delegación del ELN que permanece en La Habana desde la ruptura de las anteriores negociaciones, en 2019.
La calificación de Washington contra La Habana la retiró en 2015 Barak Obama (2009- 2017), pero la restauró su sucesor, Donald Trump (2017 -2021), el 11 de enero de 2021, nueve días antes de abandonar la Casa Blanca. Organizaciones y congresistas estadounidenses han solicitado, sin resultados, la exclusión de la isla de esa lista.
“El reclamo colombiano de que se retire a Cuba de la lista de Estados promotores del terrorismo, es una justa demanda en la cual coinciden la mayor parte de los Estados latinoamericanos y caribeños, pero también muchos aliados de Estados Unidos”, señaló a IPS el politólogo cubano Carlos Alzugaray.
En su opinión, además de cuestionarse el derecho de Estados Unidos de publicar anualmente una “lista de Estados promotores del terrorismo”, gran parte de la comunidad internacional y de los expertos independientes sobre el tema “la califican de arbitraria, políticamente motivada, y divorciada de cualquier elemento objetivo comprobable”.
Con esa medida, Cuba permanece sometida a sanciones y restricciones financieras internacionales que limitan su capacidad para realizar transacciones, incluidas las necesarias para avanzar en sus planes de salud y reactivación de su economía, se argumenta en algunas de esas peticiones de retiro de la certificación.
Guerrilleros en La Habana
La capital cubana fue sede de las conversaciones de paz de casi cuatro años entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que culminaron con un acuerdo refrendado en un plebiscito en octubre de 2016.
Pero los intentos negociadores con el ELN no han corrido la misma suerte.
El más reciente comenzó en 2017 en Ecuador, país que en abril de 2018 renunció a su papel de garante de las negociaciones. El proceso fue trasladado entonces a La Habana, donde fueron suspendidas por el antecesor de Petro, Iván Duque (2018-2022), tras un atentado suicida perpetrado en Bogotá por un miembro del ELN.
Cuba rechazó una demanda de Duque de extraditar a la comandancia guerrillera, alegando el cumplimiento del protocolo de las negociaciones, según el cual, en caso de rompimiento de las pláticas, los negociadores guerrilleros dispondrían de unos días para volver a sus campamentos.
“El reclamo colombiano de que se retire a Cuba de la lista de Estados promotores del terrorismo, es una justa demanda en la cual coinciden la mayor parte de los Estados latinoamericanos y caribeños, pero también muchos aliados de Estados Unidos”: Carlos Alzugaray.
Tampoco fructificaron conversaciones realizadas en la capital cubana entre diciembre de 2005 y octubre de 2006, bajo la presidencia del conservador Álvaro Uribe (2002 – 2010). En esas pláticas se avanzó en el establecimiento de dos ejes principales para un “acuerdo base”: ambiente para la paz y participación de la sociedad, señaló un comunicado del momento.
”Para nosotros, el conflicto es integral, es social, económico, político y militar, y el camino de solución política tiene que atacar esas causas, y tiene que haber un comprometimiento del Estado en que se requieren reformas, cambios en la estructura social, económica y política”, dijo en entrevista con IPS Antonio García, en mayo de 2006.
En ese entonces, García era miembro del Comando Central del ELN y participante en esas conversaciones. Actualmente es primer comandante de la organización guerrillera.
El punto puede resultar clave a la hora de dialogar bajo la presidencia de Petro, para quien con “voluntad, políticas de redistribución y un programa de justicia”, es posible “una Colombia más igualitaria y con más oportunidades para todos y todas”. El compromiso por lo social será sin duda un factor capaz de acercar posiciones, a diferencia de pláticas anteriores.
Además, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia ha puesto a su diplomacia a trabajar por la normalización de relaciones con Cuba y Venezuela, seriamente perjudicadas durante el cuatrienio de su antecesor. Con sus diferencias, ambos países son fundamentales para las negociaciones de paz.
Riesgos y colaboración
Aún se desconoce el impacto para la ya delicada economía cubana del devastador incendio en una base de súper tanqueros de la occidental provincia de Matanzas, sofocado con apoyo de fuerzas especializadas y medios técnicos de Venezuela y México, los primeros en responder a la solicitud de ayuda internacional ante las dificultades para controlar el fuego.
Estados Unidos sostuvo un intercambio sobre asistencia técnica con autoridades cubanas que no se materializó en respaldo concreto. Las críticas no se hicieron esperar y tampoco las sugerencias.
“Si Cuba y Estados Unidos quieren acercarse este sería un buen momento”, escribió el analista Arturo López- Levy, en un artículo sobre el tema.
Para este profesor asistente de Política y Relaciones Internacionales en la universidad Holy Names, en el estadounidense estado de California, “la administración (de Joe) Biden tiene una amplia capacidad de maniobra para desmontar con órdenes presidenciales casi toda la política contra Cuba”.
En contraste con la pasividad del gobierno, organizaciones de la sociedad civil estadounidense hacen hincapié en que Estados Unidos y Cuba son vecinos cercanos que viven un conflicto de más de 60 años que convendría resolver.
“El diálogo continuo es fundamental para resolver las necesidades a corto y largo plazo de los cubanos, así como para salvaguardar los intereses de los Estados Unidos”, dijo el Centro para la Democracia en las Américas (CDA), institución no partidista que se dedica a promover una política estadounidense basada en el compromiso y el respeto mutuo.
Una declaración suscrita por varias organizaciones, divulgada por el CDA, insta a la administración Biden a reiniciar un compromiso diplomático bilateral más amplio con Cuba para abordar, entre otros, asuntos relacionados con la reducción de las tensiones bilaterales, el socorro en casos de desastre y la mitigación del cambio climático.
ED: EG
