KINGSTON – En 1989, dos científicos alemanes diseñaron el experimento de perturbación y recolonización, conocido como Discol, en un área de nódulos de manganeso en aguas profundas, a 4000 kilómetros de la costa de Perú.
La prueba consistió en el rastrillo de unos 20 kilómetros cuadrados para simular la extracción minera, que provocó una columna de sedimento que asfixió a varias especies al caer sobre el fondo marino. Al menos cuatro visitas científicas hasta 2015 constataron que el sitio no se ha recuperado.
A este panorama desolador se enfrenta la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés), con su sede en la capital de Jamaica, que debe, por un lado, proteger los ecosistemas del mar profundo y, al mismo tiempo, elaborar estándares ambientales para la minería marina, en una contradicción aparentemente irresoluble.
“Esto es contradictorio y conflictivo. No creemos que ISA esté a la altura del desafío. ¿Por qué queremos explotar un medio del que conocemos poco y podemos dañar mucho? Queremos una moratoria, realmente necesitamos dar un paso atrás para analizar el tema”, dijo a IPS Theresa Rodriguez-Moodie, directora de la no gubernamental Jamaica Environment Trust.
La activista participó en la 27 Asamblea Anual de la ISA, una entidad instituida en 1994 y actualmente integrada por 167 países y la Unión Europea, que se desarrolló en Kingston entre el lunes 1 de agosto y este jueves 4.
A diferencia de sesiones previas, la tensión marcó los debates debido al pedido de un grupo de países, como Costa Rica, Chile, España y Nueva Zelanda, de discutir los alcances de una norma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que fundó la ISA, que permite aprobar un plan de trabajo minero, aunque no existan regulaciones para esa actividad.
En junio de 2021, la República de Nauru, un país con una sola isla, situado en Oceanía en el Pacífico central y con algo menos de 12 000 habitantes, provocó un sismo en ISA al hacer uso de esa cláusula para ejecutar un proyecto en la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar entre Hawái y México con una gran biodiversidad, y a cargo de la privada Nauru Ocean Resources, filial de la canadiense Metals Company.
Con base en la controvertida norma de Convemar, un país puede reclamar el aval de ISA a su plan para explorar y explotar minerales en aguas profundas en un plazo de dos años, siempre que siga unos procedimientos establecidos por la Autoridad.
“No creemos que ISA esté a la altura del desafío. ¿Por qué queremos explotar un medio del que conocemos poco y podemos dañar mucho? Queremos una moratoria, realmente necesitamos dar un paso atrás para analizar el tema”: Theresa Rodriguez-Moodie.
Gina Guillén, embajadora de Costa Rica ante ISA, criticó el anuncio en medio de la pandemia de covid-19, lo que obstaculizó las negociaciones, y señaló que existen otras opciones legales.
“Preocupa que los países tengan que elaborar planes de trabajo de manera atropellada. No hay razones legales para recurrir a esa regla. Hay temas con poca certeza jurídica. Son más las dudas de lo que tenemos claro”, expresó la funcionaria este jueves 4 durante su intervención en la asamblea, al pedir “una prórroga precautoria” a cualquier aprobación del pedido de Nauru.
Ante esto, Margo Deiye, representante de Nauru, planteó la inclusión del tema en la próxima Asamblea, programada para julio del año próximo y cuyo cambio no alcanzaron a discutir los países en la Asamblea clausurada un día antes de lo previsto.
En la minería de aguas profundas, grandes máquinas levantan el fondo del mar para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, que contienen cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos mediante otro conducto, de vuelta al mar.
El sedimento devuelto al agua contendría materiales tóxicos, lo que sumaría más impactos a esas zonas.
Las aguas profundas hospedan especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios de las no gubernamentales Greenpeace y la división en Europa del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
De por sí, esas áreas enfrentan la subida de la temperatura, la acidificación del agua y la presencia masiva de plásticos.
Espada de Damocles
ISA, una agencia oscura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta el surgimiento de la polémica por la minería marina, enfrenta ahora una “espada de Damocles”, pues en julio próximo Nauru puede reclamar su aval, y los demás miembros llegarían a la Asamblea con el caso cerrado.
Diego Lillo, representante de la no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, anticipó un debate lento de los lineamientos.
“Existen varias interpretaciones de la regla de los dos años. Y hay un vacío si ésta expira, pues el consejo y la asamblea tendrían que decidir. El peor escenario sería aprobar el plan (de la empresa) sin estándares definitivos. La mejor opción es una prórroga”, analizó para IPS.
Si vence el plazo y Nauru Ocean Resources no recibe la autorización, puede acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, órgano de Convemar radicado en la ciudad alemana de Hamburgo y compuesto por 21 magistrados independientes, entre ellos de Chile, Jamaica, México y Paraguay.
Una resolución a favor implicaría la aprobación del plan de trabajo y, así, proceder a labores mineras. Este panorama abriría otros escenarios y sentaría un precedente para otros interesados en explotar el fondo marino, aseguraron expertos en Kingston.
A pesar de la incertidumbre y la evidencia proveniente de la minería terrestre, muchos países comparten la creencia de la posibilidad de la minería “sostenible” en los fondos marinos mediante la aplicación de salvaguardias.
Negocios son negocios
Para obtener un permiso para explotar cualquier parte del fondo marino, una empresa necesita el patrocinio de un país parte de ISA.
Un ejemplo de la falta de transparencia en este proceso es el caso de la alianza entre el gobierno jamaiquino y una empresa, y que exhibe las inconsistencias del mecanismo de entrega de concesiones mineras.
Blue Minerals Jamaica Ltd. (BMJ) e ISA firmaron el 16 de marzo de 2021 un contrato de exploración de nódulos polimetálicos por 15 años en el área de Clarion-Clipperton y cuya primera fase consiste en un plan de trabajo por cinco años para inspeccionar el polígono de 75 000 kilómetros cuadrados y construir una línea base ambiental.
Registros empresariales consultados por IPS revelan aspectos fundamentales sobre la preparación de esa corporación para emprender estas actividades.
BMJ pertenece al danés Peter Henrik Jantzen y al italiano Romeo Spinelli, con un registro en Londres que data de 2015. Si bien ambos ejecutivos poseen experiencia en el terreno marino, la corporación no ha ejecutado proyectos de esta envergadura, y carece de activos.
Jantzen y Spinelli poseen también la firma privada Capital Power Management Limited, fundada en 2014 y dirigida a consultoría administrativa y actividades distintas a la gestión financiera.
Ambas aparecen registradas en direcciones cercanas en el barrio de Wimbledon, en el norte de Londres.
Para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA diseñó un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa actividad y también le redituaría en ingresos, junto con las cuotas de los países miembros.
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Rodríguez-Moodie criticó la opacidad del contrato. “Hemos pedido más información sobre la alianza y nos la han negado. Nos dijeron que es confidencial. Queremos saber quiénes desarrollan estas actividades y qué planes tienen”, denunció.
La activista cuestionó la postura de Jamaica, nación insular caribeña vulnerable a los efectos de la crisis climática que reclama ayuda para la adopción de medidas.
“Cuando hablamos del fondo marino, todo está interconectado y ya lidiamos con la crisis climática. Estamos contribuyendo a los impactos de la crisis, a estas grandes disrupciones de los océanos”, sostuvo.
Un estudio de expertos alemanes y australianos, divulgado el lunes 1 de agosto, concluyó en que persiste la falta de líneas base ambientales de los polígonos escogidos, lo que dificulta la evaluación de consecuencias.
En la ZCC, ISA ha concedido 17 licencias exploratorias, de un total de 31 otorgadas hasta ahora, para la exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas, incluidas de Brasil, Cuba y Jamaica.
En 2022, diferentes científicos han identificado a 653 especies en esa franja y de las cuales han descrito 30 % solo en 2019.
Varios gobiernos también han indicado la falta de inclusión de los costos ambientales en las finanzas mineras de estos proyectos en los fondos marinos.
Representantes de la academia y sociedad civil también han denunciado obstáculos a su presencia en las salas de debates y de secretismo en las negociaciones, como las del Consejo Legal y Técnico de ISA, integrado por embajadores, delegados empresariales y geólogos.
En la 27 Asamblea, ISA aprobó la estrategia de desarrollo para países del Sur y programas de capacitación para mujeres.
ED: EG
