GINEBRA – La violencia contra la mujer se mantiene como un fenómeno extendido en Uruguay, asentó un informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentado este miércoles 27 y en el cual también se demanda mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad.
El año pasado se registraron 30 feminicidios y 38 925 denuncias de violencia doméstica en ese país sudamericano de 3,5 millones de habitantes.
El informe reconoce esfuerzos de Uruguay para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, como la aprobación de una ley sobre esa temática, la creación del Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, la tipificación del feminicidio como agravante del homicidio, y el aumento del número de refugios.
Sin embargo, los operadores judiciales, los cuerpos policiales y el personal de salud y asistencia social “todavía no cuentan con la formación y capacitación específica para abordar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos”, según el reporte presentado en la sede del Comité en esta ciudad suiza.
Además se mantienen “obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia y para la reparación a las familias como víctimas directas”.
En cuanto a la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, todavía no se ha asignado presupuesto para que se ejecuten las medidas contempladas en esa legislación, vigente desde 2018.
Por ello, el Comité pide a Uruguay que “intensifique sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar” el flagelo, “incluidas la violencia doméstica y la violencia sexual”, y le insta a “asignar los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios en materia de prevención, protección, sanción y reparación”.
Se solicita capacitar a funcionarios públicos, como jueces, fiscales, defensores públicos, agentes del orden y personal de salud, para que puedan detectar, tramitar e investigar los casos de violencia contra las mujeres, y facilitar la presentación de denuncias por parte de las víctimas.
Por otra parte, el informe reconoce los esfuerzos para reducir el hacinamiento en las cárceles, poner en marcha el nuevo Código del Proceso Penal y el propuesto plan de combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación de los penados.
Pero a renglón seguido expresa preocupación por “la significativa y creciente cantidad de personas privadas de libertad”.
En las 27 cárceles de Uruguay había 14 300 presos el pasado abril (eran 9800 en 2015), de acuerdo con un estudio de su parlamento, que además dio cuenta de la muerte de 86 de los 13 956 detenidos que en promedio hubo en 2021.
El Comité de la ONU destacó “el fuerte aumento del número de mujeres privadas de libertad en los últimos años” (630 en 2017 y cerca de 1000 en 2022 según reportes de los medios locales), y un nivel de hacinamiento en las cárceles que cifró en 135 %.
También lamentó que solo 33 % de las personas presas tengan sentencia firme, mientras que 67 % son “personas procesadas que permanecen en prisión preventiva durante períodos prolongados junto a las personas condenadas, una situación contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Por ello, pidió a Uruguay que incremente sus esfuerzos para separar a las personas que se encuentran en prisión preventiva de las condenadas, garantizar la investigación de todos los casos de muertes bajo custodia, y reducir el hacinamiento y el alto porcentaje de personas en prisión preventiva.
Con relación a la libertad de expresión, el informe insta a Uruguay a “redoblar sus esfuerzos para prevenir las amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas, y garantizar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las alegaciones relativas a esos actos de intimidación”.
En otro punto de su informe, el Comité “considera preocupante la estigmatización y las actitudes discriminatorias hacia las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, en particular la intimidación y la violencia en las escuelas”.
Pidió en consecuencia que el Estado uruguayo “redoble sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios” contra esas personas, y que “aborde eficazmente la discrepancia entre la legislación y la práctica, en particular en las esferas de la educación, la salud, el lugar de trabajo y el espacio público”.
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