BRYN, Estados Unidos – ¿Qué significa que un sitio web «fomente» el aborto? El nuevo modelo de legislación antiabortista publicado el 15 de junio pasado por el Comité Nacional del Derecho a la Vida (NRLC) de Estados Unidos obligaría a cualquier persona que publique un trabajo en línea a enfrentarse a esa pregunta, poniendo a los periodistas que cubren el tema del aborto directamente en el punto de mira legal.
El modelo —que el NRLC elaboró con la esperanza de que sea adoptado por las legislaturas de los estados de todo el país— sometería a las personas a sanciones penales y civiles por «ayudar o instigar» un aborto, incluyendo «alojar o mantener un sitio web, o proporcionar un servicio de Internet, que fomente o facilite los esfuerzos para obtener un aborto ilegal».
No sorprende que el texto no ofrezca ninguna orientación sobre la amplitud o el alcance de la interpretación de la disposición.
¿Incide en un artículo sobre el acceso al aborto con medicamentos accesibles por correo o un reportaje sobre el consenso médico de que es seguro? ¿Qué pasa con un artículo acerca de la apertura de una nueva clínica de aborto, o uno que cubra el trabajo de los médicos, activistas y doulas de la atención al aborto? ¿Es demasiado «alentador» que un sitio web se limite a recordar a los lectores que el aborto sigue siendo legal en varios estados?
Si es así, junto con los proveedores y defensores del aborto que ya se enfrentan a una vigilancia constante, el acoso y la violencia del movimiento antiaborto de Estados Unidos, los periodistas de medios como Prism, DAME Magazine, Rewire News Group, Scalawag y otros podrían enfrentarse a un peligro legal simplemente por hacer su trabajo: luchar contra la desinformación y proporcionar a los lectores contenidos actualizados, con información exhaustiva y basada en hechos que refleje el estado de situación.
En Estados Unidos hay una larga historia de esfuerzos por silenciar la información relacionada con los derechos de las personas marginadas, y eso siempre ha incluido el trabajo de los periodistas. En el siglo XIX, por ejemplo, el legislativo Congreso aprobó una «ley mordaza» para impedir que los abolicionistas hicieran peticiones contra la esclavitud, y los estados del sur aprobaron leyes que prohibían totalmente el discurso antiesclavista.
Tanto históricamente como en la actualidad, las leyes de supresión de la expresión no solo dan a los actores de mala fe las herramientas de criminalización para silenciar a aquellos con los que no están de acuerdo, sino que también pueden normalizar la violencia física.
De hecho, la violencia contra los periodistas estaba muy extendida en el siglo XIX y, curiosamente, no se limitaba a los lugares donde se criminalizaba el discurso antiesclavista.
En 1837, una turba proesclavista mató al periodista abolicionista Elijah Lovejoy y destruyó su imprenta en el estado «libre» de Illinois, mientras que al año siguiente en Filadelfia, una turba de ideas similares quemó el espacio de reunión abolicionista Pennsylvania Hall, que también albergaba las oficinas del periódico abolicionista The Pennsylvania Freeman.
Incluso después de la abolición de la esclavitud, los periodistas se enfrentaron a constantes amenazas a su seguridad por atreverse a informar con precisión sobre injusticias como los linchamientos, en especial Ida B. Wells.
E incluso en la actualidad, está claro que las leyes que reprimen la expresión forman parte de una constelación más amplia de prácticas que envalentonan la violencia contra los grupos a los que van dirigidas.
Testigo de ello es la oleada de violencia antigay y antitrans a raíz de la ley «No digas gay» de Florida, y los profesores, principalmente negros y morenos, que se han enfrentado al acoso, la violencia e incluso a amenazas de muerte tras la supresión de los debates sobre la injusticia racial en la sociedad estadounidense,
Ahora, con una ley dirigida específicamente a la expresión relacionada con el aborto, los riesgos son especialmente graves, ya que muchas de las periodistas que lideran la información sobre derechos reproductivos y justicia son mujeres de color, que ya se enfrentan a un acoso desproporcionado.
Si bien ningún estado de Estados Unidos ha adoptado todavía la legislación modelo del NRLC, hay muchas razones para preocuparse, ya que tanto esta legislación como la antiabortista se «viralizan» con una frecuencia alarmante en los últimos años.
Eso ocurre con los numerosos imitadores de la prohibición altamente restrictiva del aborto en Texas, y de la ley homófoba «Don’t Say Gay» de Florida. De hecho, el NPLC ya ha visto cómo se ha adoptado al menos una de sus leyes modelo contra el aborto en Nebraska.
Si este modelo de legislación ganara fuerza tras la caída de Roe v. Wade, conduciría directamente a la criminalización de periodistas y medios de comunicación, especialmente aquellos dirigidos por mujeres y otras personas que han estado en el centro del debate sobre el aborto.
Aunque se podría esperar que esas cláusulas fuesen anuladas por violar la Primera Enmienda, dada su vaguedad y amplitud, ya no es un hecho que el Tribunal Supremo de Estados Unidos o los tribunales federales inferiores se adhieran a un precedente de larga data para hacerlo.
Los tribunales supremos de los estados, controlados mayoritariamente por republicanos, probablemente tampoco se interpondrían. Por lo tanto, si el modelo de legislación se adopta y se permite que se mantenga, los activistas antiabortistas con mucho dinero podrían utilizarlo para atar a los medios de comunicación en costosos litigios, desperdiciando tiempo y dinero cruciales para nuestro funcionamiento continuo.
A medida que leyes como el modelo del NRLC amenazan con proliferar, es más urgente que nunca apoyar al periodismo que no trata el aborto como un tema abstracto de «guerra cultural», sino que se compromete seriamente con el impacto humano del acceso restringido.
Eso significa seguir leyendo, compartiendo, ofreciendo apoyo financiero a tus medios favoritos cuando sea posible, y también apoyando a las organizaciones que brindan asistencia legal a las salas de redacción.
Mientras tanto, los que trabajamos en los medios, incluso si no podemos buscar protección en el sistema legal, debemos seguir informando de los hechos sobre el aborto, arrojando luz no solo sobre los fanáticos antiabortistas, sino sobre el trabajo que se está haciendo para defender el acceso al aborto en todo el país.
Por mucho que la legislación como la del NRLC se esfuerce por crear unos medios de comunicación que se acobarden en el silencio o que solo produzcan informes desdentados de «ambas partes» sobre los derechos reproductivos y la justicia, depende de todos nosotros hacer sonar la alarma, resistir y seguir animando a los lectores a mantenerse informados y actuar.
Este artículo se publicó originalmente en IJNET, la Red Internacional de Periodistas.
RV: EG
