Repensar la responsabilidad de las financiadoras

Este es un artículo de opinión de Tariro Tandi, directora de asociaciones y desarrollo en el Fondo de Acción Urgente-África, y de Immaculate Mugo, desarrolladora de contenidos en la misma organización.

Foto: Fabrice Gentile / ONU Mujeres

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica – Las financiadoras deben replantearse sus principios y prácticas para asegurarse de que operan sobre la base de la participación, la confianza y el entendimiento mutuo en lugar del poder y los privilegios.

En julio de 2021, gobiernos, empresas, fundaciones y la sociedad civil de todo el mundo se reunieron en el Foro Generación Igualdad (GEF, en inglés) y se comprometieron a cambiar las políticas, implementar programas, invertir recursos e intensificar la defensa de la igualdad de género. Se comprometieron a destinar 40 000 millones de dólares a estos objetivos.

El momento de realización del GEF fue y sigue siendo crítico, ya que el ritmo de progreso en materia de igualdad de género sigue siendo increíblemente lento, mientras que la covid-19 y su impacto siguen desvelando y exacerbando las desigualdades sistémicas a las que se enfrentan las mujer*s y las comunidades más marginadas.

Es imperativo garantizar que los compromisos del GEF no se queden en titulares «llamativos», sino que su aplicación se enfoque en las mujer*s y los grupos marginados para garantizar que no se queden atrás a medida que el mundo se reconstruye.

Para ello, las financiadoras deben considerar primero el tema de la responsabilidad. ¿A quién deben rendir cuentas? ¿Cómo pueden incorporar la rendición de cuentas a sus promesas bienintencionadas? ¿Por qué deben rendir cuentas?

Normalmente, en las relaciones entre financiadoras y receptores, es el receptor (normalmente las organizaciones de la sociedad civil) el que tiene que rendir cuentas de sus acciones, del uso de los fondos y de los resultados.

En un entorno político, los gobiernos tienen que rendir cuentas al ser elegidos o destituidos. Sin embargo, cuando los financiadores no consiguen los objetivos fijados, pueden simplemente dar la espalda y marcharse a costa de las comunidades a las que pretenden servir.

Por otra parte, quienes abandonan los países en los que se han implementado programas con resultados tangibles, por muy buenas intenciones que tengan y a pesar de las estrategias de salida que se hayan puesto en marcha, siguen dejando huecos a su paso que no pueden ser llenados ni por el gobierno ni por las organizaciones sin ánimo de lucro.

Las financiadoras deben responsabilizarse de las comunidades más marginadas y reconocer que es la opresión y la explotación de estas comunidades marginadas lo que contribuye a la acumulación de la mayor parte de la riqueza.

Cuando los recursos se dirigen de manera adecuada a las comunidades más afectadas por las desigualdades estructurales, a su vez se abordan las causas fundamentales de las desigualdades de género dentro de las estructuras históricas, sociales, culturales, económicas y políticas. Si los 40 000 millones de dólares del GEF se ponen en práctica con este principio, podrían suponer un cambio histórico.

Las financiadoras deben replantearse sus principios y prácticas para no reforzar las dinámicas de poder y privilegio de las instituciones ricas, y operar en cambio sobre la base de la participación, la confianza y el entendimiento mutuo. Las financiadoras deben navegar de manera activa por las dinámicas de poder, al mantener un diálogo abierto y honesto con aquellos que se benefician de su financiación, y dar un paso atrás para escuchar y dar cabida al liderazgo de las bases.

Esto no solo garantizará que las líneas de responsabilidad tengan un trazo claro, sino que también ayudará a identificar los pasos prácticos que hay que dar para garantizar que los recursos lleguen a quienes están en los márgenes de la sociedad, por ejemplo, al apoyar y colaborar con los fondos que no sólo aportan recursos, sino que están más cerca de esas poblaciones, como las mujer*s, las personas trans e intersexuales.

 Las financiadoras deben navegar de manera activa por las dinámicas de poder, al mantener un diálogo abierto y honesto con aquellos que se benefician de su financiación, y dar un paso atrás para escuchar y dar cabida al liderazgo de las bases.

Además, es importante hacer un seguimiento de los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos del GEF y realizar una revisión a mitad de camino (dos años y medio) para evaluar los avances y los retos y volver a comprometerse con una ruta que garantice el cumplimiento de los objetivos.

Esto no es solo una medida de seguimiento, sino que refuerza la responsabilidad, ya que permite a los responsables de los compromisos evaluar sus propios resultados y determinar los ajustes que deben hacerse para alcanzar sus objetivos.

Los revisores independientes y las comunidades que deben beneficiarse de los compromisos también deberían tener la oportunidad de reunirse para revisar los avances y pedir cuentas a los responsables de los compromisos.

Esto reflejaría la práctica que se lleva a cabo con instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), en la que las organizaciones de la sociedad civil elaboran informes paralelos para exigir a sus gobiernos que rindan cuentas cuando se presentan ante los comités para presentar informes de progreso. Así se garantiza la autenticidad de los informes gubernamentales.

El GEF ha supuesto una oportunidad de oro para cambiar las causas estructurales de la opresión sistémica que sufren las mujer*s y las comunidades marginadas, en especial en el Sur Global, y para impulsar la acción y la responsabilidad hacia la igualdad de género. Para que esto ocurra y para que el GEF mantenga el espíritu de «cambio transformador» que se le atribuyó, las financiadoras deben mantener la visión de la responsabilidad como algo central en su trabajo, sus procedimientos y sus relaciones.

Nota: Nuestro uso de la palabra mujer*s es un acto de desafío y sustitución de las ideas tradicionales de qué y quién es una mujer, que las vincula a un sistema de patriarcado en el que, en efecto, están sometidas a los hombres. Incluye a las mujer*s cis, a las trans y a las no binarias.

Este artículo se publicó originalmente en OpenGlobalRights.

RV: EG

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