GINEBRA – Aproximadamente 80 por ciento de los pobres del mundo viven en zonas rurales, y muchos de ellos son trabajadores con graves déficits de trabajo decente y urgidos de protección social, planteó el más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En particular, quienes laboran en el campo resienten una seguridad inadecuada en sus faenas, una baja remuneración, la falta de estabilidad y de seguridad del trabajo, y horas de labor excesivas, según el informe “Déficits de trabajo decente entre los trabajadores rurales”, que la OIT divulgó en su sede en esta ciudad suiza.
Resultan particularmente afectados quienes se encuentran en condiciones de trabajo precarias, incluidos los empleados informales, los ocasionales, los temporales, los subcontratados y los jornaleros, que constituyen la gran mayoría de la mano de obra en las plantaciones agrícolas.
Basado en 16 estudios de caso que cubrieron 15 países en África, Asia, Europa y América Latina, la publicación muestra que las condiciones de trabajo deficitarias se encuentran en todos los sectores y en relación con cada elemento sustantivo cubierto por el marco de los indicadores de trabajo decente de la OIT.
Los estudios de caso sobre Armenia, Liberia, Santo Tomé y Príncipe, y Ucrania, abordaron la situación general de los trabajadores rurales. Los otros 12 cubrieron sectores específicos, como la floricultura en Bangladesh, la producción de plátanos en Camerún y Ecuador o el cultivo de cacao en Costa de Marfil y Ghana.
Otros estudios examinaron la producción de té en India y Kenia, de café en Etiopía y Kenia, de aceite de palma en Indonesia, de caña de azúcar en Filipinas y el cultivo de tabaco en Malawi.
Una primera observación es que el trabajo infantil forzoso, así como la servidumbre por deudas, siguen siendo una realidad para muchas personas en el mundo.
Hasta 95 % de los niños que realizan trabajos peligrosos están empleados en la agricultura, especialmente en los sectores del cacao, el aceite de palma y el tabaco.
Y el trabajo forzoso está vinculado de muchas formas a la dependencia que los trabajadores tienen de los empleadores.
“Muchos de estos trabajadores son jóvenes y abandonaron la escuela a una edad temprana con poca o ninguna capacitación. La transición de la educación al empleo remunerado es difícil o imposible, para muchos jóvenes en las zonas rurales”, dijo Maria Helena André, experta de la OIT, en el prólogo del informe.
Las mujeres están desproporcionadamente representadas en los puestos más precarios; tienen que aceptar trabajos mal pagados y poco calificados, sufrir enormes diferencias salariales de género, y son más propensas al acoso y abuso en el lugar de trabajo, en comparación con los trabajadores varones.
El informe también describe la exposición a sustancias químicas como un riesgo grave para la salud, y otros riesgos para los trabajadores agrícolas, en particular para los niños y las mujeres embarazadas y lactantes.
“La mayoría de los trabajadores rurales operan en la economía informal, que incluye una gran proporción de mujeres, quienes se emplean como cuidadoras no remuneradas y no tienen acceso a la licencia de maternidad y otras protecciones esenciales”, indicó el estudio.
Para abordar los déficits de trabajo decente, la OIT plantea una serie de recomendaciones, entre ellas fortalecer la administración laboral en las economías rurales, la formalización de empresas informales y los contratos laborales.
También pide mejorar la presencia y la capacidad en las economías rurales de los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores, como las cooperativas, y la adhesión a los convenios de la OIT y otras normas internacionales del trabajo.
El estudio aboga por la integración de los sectores económicos rurales en el diálogo social formal e institucionalizado, además de fortalecer la preparación para crisis y la protección social en la economía rural.
Enfatiza la necesidad de más investigación y análisis de políticas para comprender mejor y responder a las necesidades y expectativas de los trabajadores rurales.
“Las políticas económicas, de desarrollo, comercio e inversión, empleo y protección social de los países deben volverse más ambiciosas, al igual que sus marcos para una transición justa hacia una economía más verde y sus sistemas de información del mercado laboral”, subraya el estudio.
“La protección social”, concluye el reporte de la OIT, “sigue siendo un sueño”.
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