PORTLAND, Estados Unidos – La decisión del 24 de junio de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el derecho constitucional de casi 50 años de la mujer al aborto en el país se siente en todo el mundo.
Además de las objeciones y protestas a la decisión histórica del máximo tribunal en Estados Unidos, los gobiernos, los líderes mundiales y otros han expresado su preocupación e insatisfacción por la anulación del derecho constitucional de la mujer al aborto.
El parlamento de la Unión Europea (UE) condenó abrumadoramente la decisión que puso fin a las protecciones constitucionales de las mujeres para el aborto en Estados Unidos.
Por temor a la expansión de los movimientos antiaborto en Europa, el parlamento también pidió que se consagren garantías para el derecho al aborto en la carta de derechos fundamentales de la UE y que se adopten protecciones en toda la UE.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró muy decepcionado con la decisión y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó la decisión del tribunal como un gran revés. El acceso al aborto seguro, legal y efectivo, subrayó la comisionada, está firmemente arraigado en el derecho internacional de los derechos humanos.
Las objeciones a la decisión provinieron de muchos líderes gubernamentales en todo el mundo. El primer ministro de Reino Unido, por ejemplo, consideró la decisión como un gran paso hacia atrás. Acusando a la Corte de menoscabar los derechos de las mujeres estadounidenses, el presidente de Francia dijo que el aborto es un derecho fundamental de todas las mujeres.
El canciller alemán entendió la decisión como una amenaza a los derechos de las mujeres, al igual que la primera ministra de Nueva Zelanda, quien la consideró como una pérdida para las mujeres de todo el mundo. El primer ministro belga, por su parte, expresó su preocupación por la señal que la decisión envía al resto del mundo sobre el derecho de la mujer al aborto.
Hace 50 años, varios estados de Estados Unidos criminalizaron a una mujer que abortaba. En 1973, en el caso Roe vs Wade, la mayoría de siete jueces de la Corte Suprema definieron el derecho constitucional de la mujer al aborto en los 50 estados (Tabla 1).
Los jueces concluyeron que las leyes estatales que penalizan el aborto en la mayoría de los casos violaron el derecho constitucional a la privacidad de la mujer, que se consideró implícito en la garantía de libertad de la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Hace 30 años, la Corte Suprema revisó el precedente Roe vs Wade en el caso de 1992 de Planned Parenthood vs Casey. Una mayoría de cinco jueces reafirmó el derecho de la mujer al aborto, pero impuso un nuevo estándar para determinar la validez de las leyes que restringen el aborto.
La nueva norma pregunta si una regulación estatal del aborto tiene el propósito o el efecto de imponer una “carga indebida”, que se define como un obstáculo sustancial en el camino de una mujer que busca un aborto antes de que el feto alcance la viabilidad.
En junio de 2022, en el caso de Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, una mayoría de seis jueces concluyó que las decisiones de aborto de 1973 y 1992 de una docena de exmagistrados eran flagrantemente incorrectas en su razonamiento legal que condujo a decisiones erróneas sobre el derecho a un aborto.
Después de casi medio siglo de que las mujeres tuvieran el derecho constitucional al aborto consagrado en la decisión de 1973 y reafirmado en la decisión de 1992, seis jueces de la actual Corte Suprema concluyeron que no existe tal derecho constitucional.
En su opinión disidente, los tres jueces restantes argumentaron que Estados Unidos se convertirá en un caso atípico internacional después de la decisión.
El fallo de la Corte de anular el derecho constitucional al aborto establecido en 1973 está en desacuerdo con las opiniones de una amplia mayoría de la sociedad. No menos de dos tercios de los adultos estadounidenses no querían que la corte revocara la decisión de 1973.
Además, la mayoría de los estadounidenses, aproximadamente 60 %, y el presidente Biden, con el respaldo de muchos líderes demócratas, apoyan que el legislativo Congreso apruebe una ley que establezca el derecho al aborto en todo el país. Tal ley protegería el derecho de la mujer a elegir si abortar o no.
En cambio, una minoría comparativamente pequeña de estadounidenses, solo 13 % en 2022, se opone al aborto, y algunos, incluidos los líderes republicanos, consideran una prohibición federal del aborto en los cincuenta estados.
Desde 1975, la proporción anual de estadounidenses que dicen que el aborto debería ser ilegal en todas las circunstancias ha variado desde un mínimo de 12 % en 1990 hasta un máximo de 22 % en 2002 (Imagen 1).
Tras su decisión de anular la decisión de Roe vs Wade, la confianza en la Corte Suprema ha alcanzado mínimos históricos. La mayoría del público estadounidense, el 58 %, tiene una opinión desfavorable de la Corte Suprema. Ese nivel de desaprobación ahora está a la par con la opinión desfavorable del público sobre el Congreso.
Además, Estados Unidos se ha convertido en un mosaico de leyes sobre el aborto y ha dado lugar a una miríada de regulaciones de aplicación, numerosos casos judiciales y cuestiones legales desafiantes.
El aborto ahora está prohibido en al menos nueve estados y se esperan más prohibiciones en el futuro cercano. En algunos estados, como Alabama, Arkansas, Mississippi, Misuri y Dakota del Sur, el aborto está prohibido sin excepciones por violación o incesto.
Además, muchas parlamentos estatales están considerando formas de detener o criminalizar los abortos fuera del estado. También proponen prohibir o restringir estrictamente el uso de medicamentos abortivos, que fue aprobado en 2000 por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos y representó aproximadamente 54 % de los abortos del país en 2020.
En respuesta, otros estados están promoviendo decretos del ejecutivo que protegen a pacientes y proveedores de los riesgos legales fuera de sus fronteras.
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La decisión de la Corte Suprema ha generado preocupaciones de que otros derechos no enumerados en la Constitución estadounidense corren el riesgo de ser anulados. Entre esos derechos se encuentran el matrimonio entre personas del mismo sexo, las relaciones entre personas del mismo sexo y los anticonceptivos.
En una opinión concurrente a la reciente decisión sobre el aborto, por ejemplo, uno de los jueces de la corte indicó que se deberían reconsiderar otros precedentes. También mencionó que futuros casos legales podrían restringir otros derechos que no están claramente contemplados en la Constitución.
El fallo de la corte también puede envalentonar a los opositores al aborto, influir en los formuladores de políticas y afectar los programas de salud reproductiva en otros países también. La decisión coloca a Estados Unidos junto a varios otros países, incluidos Polonia, El Salvador y Nicaragua, que han retrocedido o restringido la política de aborto en las últimas décadas.
Sin embargo, la decisión de aborto de la corte va en contra de las recientes tendencias globales de liberalización de los derechos reproductivos. Durante las últimas tres décadas, alrededor de 60 países han ampliado las leyes y políticas relacionadas con los derechos reproductivos, incluido el acceso legal al aborto.
En resumen, la decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos no solo ha revocado el derecho constitucional de casi 50 años de la mujer a abortar, sino que ahora también está fuera de sintonía con el creciente reconocimiento mundial de los derechos reproductivos fundamentales, incluido el derecho al aborto de la mujer.
Joseph Chamie es demógrafo consultor, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y autor de numerosas publicaciones sobre temas de población, incluido su libro más reciente, “Nacimientos, fallecimientos, migraciones y otros asuntos importantes sobre población”.
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