MÉXICO – En la vida del ingeniero mexicano Mario Martínez hay un antes y un después, y es el arribo de una empresa minera canadiense a su localidad en 2007 para extraer cobre y plata.
En ese año, Minera San Xavier, filial de la empresa New Gold, empezó a explotar oro y plata en un tajo a cielo abierto en el Cerro de San Pedro, en el municipio homónimo en el estado central de San Luis Potosí, a unos 420 kilómetros al norte de Ciudad de México.
“Hubo una fuerte lucha contra la mina. Ganamos varios juicios, pero el gobierno autorizó el proyecto. Es una muestra de corrupción a todos los niveles”, rememoró para IPS el integrante del Frente Amplio Opositor, un colectivo contrario a la explotación.
El Cerro de San Pedro, habitado por unas 5000 personas, es el asiento actual de una población fundada en 1592 con el nombre de San Pedro de Potosí, como evocación al ya entonces famoso Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, emblema de la minería latinoamericana por siglos.
Un elemento llamativo del escudo de armas de San Luis Potosí, es el cerro, que ya solo existe en esa forma, pues la minera lo dinamitó para obtener los minerales.
La mina cerró en 2016 y su legado, en palabras de Martínez, de 85 años, acumula 200 millones de toneladas de material sulfurado, un pasivo ambiental que contiene metales pesados como plomo y cadmio, y otros 100 millones de toneladas de residuos con cianuro.
“La autoridad ambiental estipuló el tratamiento de lixiviados, mantenimiento del sitio y restauración del acuífero para el cierre. La empresa incumplió las medidas de abandono y restauración. Eso va a quedar allí por cientos de años. ¿Qué va a pasar con eso?”: Mario Martínez.
La autoridad ambiental “estipuló el tratamiento de lixiviados, mantenimiento del sitio y restauración del acuífero para el cierre. La empresa incumplió las medidas de abandono y restauración. Eso va a quedar allí por cientos de años. ¿Qué va a pasar con eso?”, cuestionó.
Además, los inconformes acusan que la operación ha contaminado el Acuífero de San Luis Potosí, la principal fuente de agua del municipio de Cerro San Pedro, que sufre un déficit anual de 53 millones de metros cúbicos del recurso, según la gubernamental Comisión Nacional del Agua.
Desafío
Esta historia ilustra las dificultades en torno al cierre de minas y su situación en México, sobre aspectos como su número exacto, sus residuos, el tipo de polución y las emisiones contaminantes.
Letizia Silva, investigadora de la no gubernamental Energía, Género y Ambiente (Engenera), subrayó la existencia de un vacío informativo sobre los cierres de minas.
“¿Quién se hace cargo, qué pasa con los pueblos fantasma? De repente, ya no hay nada y quedan los residuos tóxicos, que impiden que haya vida porque todo está dañado”, planteó a IPS.
La especialista añadió: “El cierre queda a criterio de las empresas. Cada fase (de un proyecto) debe tener un plan de cierre, definir con claridad tipos de interrupción y cierre. Desde el inicio se tiene que pensar en un plan de mitigación, de restauración”.
El reporte “¿Y después de la mina, qué? Hacia una política de cierre de minas”, coordinado por Silva y divulgado el martes 31 de mayo, expone la falta de reglamentación y políticas públicas para la clausura de minas en México, lo que redunda en falta de estadísticas precisas, monitoreo y justicia ambiental.
“El cierre queda a criterio de las empresas. Cada fase (de un proyecto) debe tener un plan de cierre, definir con claridad tipos de interrupción y cierre. Desde el inicio se tiene que pensar en un plan de mitigación, de restauración”: Letizia Silva.
Este país latinoamericano de 129 millones de personas se ha convertido en este siglo en un potente escenario minero mundial, debido a las riquezas del subsuelo, lo que ha generado conflictos sociales y ambientales entre las comunidades locales y las empresas que se instalan en sus territorios para explotar esos recursos.
Según datos oficiales de 2021, el año precedente había 316 proyectos en exploración, 84 en producción, 44 en construcción, 757 postergados y nueve en cierre, cinco desde 2017 y cuatro desde 2019. Además, otros nueve yacimientos mineros están en vías de cierre.
Del total de emprendimientos, 179 empresas foráneas tienen participación, 125 de ellas canadienses.
México, con 1,96 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, ha entregado en concesión 12 % del territorio a compañías mineras.
Esta segunda economía latinoamericana es actualmente la principal productora mundial de plata y también es actor importante en la industria de otros 12 minerales.
En 2020, el país ocupó el segundo escalón en la producción mundial de fluorita, el quinto en bismuto, molibdeno y plomo, así como el sexto en zinc, el noveno en cobre y el décimo en manganeso.
Pero esa misma actividad ha provocado al menos 374 conflictos ambientales por contaminación del agua, deforestación y generación de residuos.
La evaluación de impacto ambiental de los proyectos mineros, el único documento oficial que aborda el tema, debe contener acciones de clausura y restauración, mientras que la Ley Minera, vigente desde 1992, carece de estándares al respecto.
Casos específicos
Varios casos muestran los problemas particulares con las minas abandonadas.
En el municipio de Nacozari de García, en el norteño estado de Chihuahua, la mina Pilares de Nacozari, de capital estadounidense, extrajo cobre desde finales del siglo XIX y cerró en los años 40 del siglo pasado. A solo 13 kilómetros de distancia se ubica la mina La Caridad, uno de los mayores proyectos cupríferos del mundo.
Un depósito de jales ha quedado como pasivo ambiental en la zona, según datos de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Los jales consisten en apilamientos de material molido derivado de la extracción de minerales de las rocas y que pueden contener sustancias nocivas.
En el mismo estado de Chihuahua, el depósito de plomo y plata Naica, propiedad de la mexicana Industrias Peñoles, cerró por una inundación en 2015, lo que dificulta las labores de clausura.
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En el costado occidental del país, la mina a cielo abierto Real de Ángeles, en el también norteño estado de Zacatecas y propiedad de la compañía Frisco –del magnate Carlos Slim–, aportó plata entre 1982 y 1999. Tras su abandono las autoridades ambientales le impusieron cuatro sanciones, hasta ahora, a las que ha recurrido.
Otra herencia de esa explotación, considerada en su tiempo la mayor mina del mundo a cielo abierto, es una presa de jales. La población local afectada demanda que la compañía cumpla con las disposiciones legales de cierre.
Amenaza
El primer inventario elaborado por Semarnat enlista 585 presas de jales, de las cuales 301 funcionan, 275 están inactivas, dos inactivas con posibilidades de reactivación, una inconclusa, cuatro pasivos ambientales y dos temporales, en un conjunto que materializa uno de los riesgos de las minas abandonadas.
Un pasivo ambiental consiste en el impacto negativo que no ha sido reparado, ocasionado por actividades humanas –especialmente empresariales–, y que implica riesgos a la salud humana o al ambiente.
El Inventario de la Semarnat revela que el mineral más relacionado con esos depósitos de residuos tóxicos –tanto de compañías mexicanas como extranjeras– es el oro, con 116 presas, seguido por la plata, con 57, y el hierro, con18.
Silva, la investigadora de Engenera, urgió a investigar y clasificar los efectos de los cierres. “Los impactos se ven como normales y eso impide la regulación. Se piensa que es una condición ineludible. El gran reto es cómo construir una sociedad postmina”, sostuvo.
Para el activista Martínez, la idea de una remediación raya en lo absurdo, “por la magnitud de los impactos irreversibles y permanentes. La autoridad ambiental no ha hecho nada. Es urgente legislar el tema, pero es más importante que la ley se aplique”.
Durante los días laborales, el Cerro de San Pedro es un lugar fantasma, pero los fines de semana se convierte en un polo de turismo morboso, pues los visitantes llegan a ver el cerro desaparecido y el socavón de la mina, aunque otros daños permanezcan invisibles.
ED: EG
