Bachelet denuncia deterioro de los derechos humanos en Nicaragua

A partir de las protestas populares de 2018, cuya represión provocó centenares de muertos, el espacio de los derechos humanos se fue achicando en Nicaragua, con prisión para opositores, clausura de organizaciones civiles y un incremento de la migración. Foto: Artículo 66

GINEBRA – La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció este jueves 16 que las garantías fundamentales en Nicaragua continúan deteriorándose y el número de nicaragüenses que abandonan el país aumenta a un nivel superior al de la década de los 80.

“Mi oficina (Acnudh) denuncia detenciones arbitrarias en las que los detenidos se enfrentan a condiciones espantosas, cientos de organizaciones de la sociedad civil son despojadas de su estatus legal y, huyendo de la crisis, los nicaragüenses siguen abandonando el país en un número sin precedentes”, dijo Bachelet.

Durante una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en esta ciudad suiza, Bachelet destacó que hay 173 personas que permanecen privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos que estalló en 2018.

Ese año las protestas antigubernamentales detonadas por reformas en la seguridad social se saldaron con más de 300 fallecidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y desde entonces han mermado las garantías ciudadanas.

Bachelet dijo que de las 50 personas detenidas en el contexto de las elecciones del año pasado –entre ellas varios candidatos presidenciales opositores-, de las cuales 11 son mujeres y 39 hombres, “afrontan condiciones de detención contrarias a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos”.

De ellas, “44 fueron condenas –hasta a 13 años de prisión- por ‘propagar noticias falsas’, ‘menoscabar la integridad nacional’ y otros delitos. Las otras seis personas fueron condenadas por lavado de dinero y delitos conexos, con base en alegaciones no comprobadas durante los procesos judiciales”, según Bachelet.

Agregó que la mayoría permanecen privadas de libertad en un centro policial donde este año solo se les permitió cuatro visitas de sus familiares adultos, pero no a sus hijos, y “se encuentran en condiciones inhumanas, con especial preocupación por quienes necesitan atención médica urgente, permanente o especializada”.

“Mi oficina  denuncia detenciones arbitrarias en las que los detenidos se enfrentan a condiciones espantosas, cientos de organizaciones de la sociedad civil son despojadas de su estatus legal y, huyendo de la crisis, los nicaragüenses siguen abandonando el país en un número sin precedentes”: Michelle Bachelet.

Bachelet es médico de formación, fue dos veces presidenta de Chile (en 2006-2010 y 2014-2018) y permanecerá en su cargo actual hasta septiembre, pues no se presentará a un segundo mandato y regresará a Chile.

En su informe destacó que “la situación de crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos” que vive Nicaragua “está expulsando a miles de personas de la seguridad de sus hogares”, lo que se refleja en el creciente número de nicaragüenses que abandonan ese país de 6,5 millones de habitantes.

“En los últimos ocho meses, la cantidad refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando el número de 150.000. Esto representa tres por ciento de la población costarricense”, apuntó.

El número de nicaragüenses interceptadas en las fronteras de Estados Unidos tiene un inédito incremento, al pasar de 3164 en septiembre de 2020 a 92 037 en abril de 2022, y en el solo mes de marzo pasado llegó a 16 088, ocho veces más que lo  registrado un año antes.

Bachelet también expresó su preocupación por la drástica reducción del espacio cívico en el país, ya que la Asamblea Nacional legislativa, a petición del gobierno, ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones desde inicios de este año, acumulando un total de al menos 454 desde noviembre de 2018.

“Esto no solo ha afectado a organizaciones de derechos humanos, sino también a otras organizaciones nacionales e internacionales, que trabajaban en educación y desarrollo, así como asociaciones médicas y profesionales”, destacó.

Se canceló la personalidad jurídica de al menos 12 universidades, que se encuentran bajo control estatal, y de la Academia Nicaragüense de la Lengua, correspondiente de la Real Española, que funcionaba desde 1928.

Bachelet también advirtió de consecuencias que puede generar la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que entró en vigor el pasado 6 de mayo.

La disposición obstaculiza el registro de las organizaciones y permite al gobierno total discrecionalidad para informarse sobre sus fondos, actividades y beneficiarios.

“Exhorto enfáticamente al gobierno de Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y no alejarse aún más de ellas. También insto a las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional”, dijo Bachelet.

El gobierno de Nicaragua, dirigido desde 2006 por el presidente Daniel Ortega –reelegido por cuarta vez en las cuestionadas elecciones de noviembre de 2021- decidió a finales del año pasado su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A-E/HM

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