GINEBRA – La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, planteó la urgencia de reformar el sistema penitenciario de Ecuador, después de que una nueva masacre en una cárcel de ese país andino, el lunes 9, se saldó con las muerte de 44 reclusos.
“Estos incidentes preocupantes destacan una vez más la necesidad urgente de una reforma integral del sistema de justicia penal, incluido el sistema penitenciario, para hacer frente a lo que ha sido una crisis prolongada en el país”, dijo Bachelet en una declaración leída por uno de sus portavoces en esta ciudad suiza.
El texto recordó que al menos 44 personas murieron y más de una decena resultaron heridas luego de que se desataran disturbios en una prisión de la norteña ciudad de Santo Domingo.
Según la policía, los disturbios fueron provocados por el traslado de un preso conocido como “Anchundia”, vinculado a la pandilla R7, desde el penal de La Roca, en el suroeste, al penal de Santo Domingo, en el marco de la rivalidad entre grupos de detenidos vinculados con el narcotráfico.
La violencia del lunes fue el último estallido en cárceles del país, después de que enfrentamientos entre bandas dejaron 20 muertos en la cárcel El Turi de la sureña ciudad de Cuenca el 3 de abril, y 12 y 15 heridos, respectivamente, en penales de Quito y de Esmeraldas, en la costa norte, los últimos días de abril.
Los choques entre bandas rivales en las cárceles ecuatorianas han dejado más de 400 muertos en poco más de dos años (46 en 2020, 316 en 2021 y 64 en lo que va de 2022), lo que ha concitado preocupación en los sistemas de derechos humanos interamericano y de las Naciones Unidas.
El 28 de septiembre de 2021 se produjo la mayor masacre carcelaria en la historia del país, en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil (suroeste), en la que fueron asesinados 119 reclusos y otros 80 quedaron heridos.
“Reiteramos nuestra profunda alarma por la recurrencia de la violencia carcelaria en el país”, dice la declaración de Bachelet, quien fue presidenta de Chile en 2006-2010 y 2014-2018, y pidió “una investigación completa de estos incidentes.
Agregó que “hacemos hincapié en que la responsabilidad del Estado por la seguridad de todas las personas bajo su custodia crea una presunción de responsabilidad del Estado por estas muertes”.
Recordó que el gobierno ecuatoriano lanzó el pasado febrero una política pública para la rehabilitación social de prisioneros, con apoyo técnico de Acnudh, y en cuya preparación participaron representantes de la sociedad civil, de familiares de presos y de los propios internos.
Ahora Bachelet pidió a las autoridades que entreguen los recursos necesarios para implementar esa política y “considerar una hoja de ruta que propusimos para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción»,
Además “hacemos un llamado al Gobierno para que examine detenidamente las recomendaciones prácticas destinadas a reducir la violencia, las muertes y las lesiones graves en detención”, dice la declaración.
La hoja de ruta también recomienda “cambiar las políticas penales para reducir el uso excesivo del encarcelamiento”.
Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó “la existencia de una política que privilegia el encarcelamiento como medida para resolver los problemas de seguridad ciudadana, que resulta en un incremento exponencial del encarcelamiento durante los últimos años” en Ecuador.
Acnudh indicó que esa oficina “continuará colaborando con otras agencias de la ONU mientras seguimos comprometidos a apoyar a Ecuador para enfrentar este desafío urgente, con base en los derechos humanos y en línea con las normas y estándares internacionales”.
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