GINEBRA – Servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas de personas en México, sostuvo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en un informe publicado este martes 12.
La delincuencia organizada “se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, dijo el Comité al presentar el informe en esta ciudad suiza donde sesiona dos veces cada año.
Una delegación del Comité, que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, vigente desde 2010, visitó México en noviembre de 2021.
Había 95 121 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre, y se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, anualmente hubo 8000 casos nuevos en los últimos cinco años.
“Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres”, registró el informe.
La tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia covid-19 y “tanto víctimas como autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”, se indicó.
El nororiental estado de Nuevo León registró protestas a las puertas de la gobernación regional después que el 9 de abril se halló en una casa, donde estuvo secuestrada y fue asesinada, el cadáver de la joven María Fernanda Contreras, desaparecida cinco días antes. El presunto victimario se dio a la fuga.
El último mes, y solo en ese estado, desaparecieron 20 muchachas y, aunque 12 ya fueron halladas con vida, las restantes continúan desaparecidas. Grupos de derechos humanos exigen celeridad en las búsquedas y mayor credibilidad a las víctimas.
El Comité de la ONU mostró preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales desaparecieron en el contexto de su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones.
También por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado.
Durante la visita en noviembre se recogieron denuncias de desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración, y se informó de obstáculos para que las personas privadas de libertad se contacten con el exterior e informen sobre su paradero.
Para el Comité “la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta”.
Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre dos y seis por ciento, condujeron a procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, y a quienes defienden y promueven sus derechos”, asentó el Comité.
Ese clima de inseguridad alcanza “a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos, y a la sociedad en su conjunto”.
También se preocupó por “la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52 000 personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense”.
En sus recomendaciones, el Comité planteó la necesidad de una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, y brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Además deben eliminarse obstáculos a la persecución penal, atender las desapariciones de migrantes y abordar la crisis forense.
Pero, manera destacada, “para que la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el Comité.
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