SANTIAGO – La primera Conferencia de las Partes (COP1) del regional Acuerdo de Escazú renovó la apuesta de América Latina y el Caribe por la defensa del ambiente y la protección de los ambientalistas, con una nueva declaración política y la creación de un comité de apoyo a sus trabajos.
El Acuerdo de Escazú “ahora va a la defensa de los ecosistemas, del ambiente para las generaciones presentes y futuras, y para ayudar a las personas que ayudan a que termine la guerra contra la naturaleza”, dijo al cierre de tres días de reuniones José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible de la Cepal.
La Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) acogió en esta capital la COP1 del acuerdo, que toma su nombre del municipio costarricense donde 25 gobiernos lo pactaron en 2018 y el cual entró en vigor hace un año.
El nombre íntegro del pacto es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y lo han ratificado 12 Estados de la región.
Ellos son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
El anfitrión Chile, Colombia y República Dominicana están en proceso de ratificación del acuerdo.
La COP1 produjo una declaración política en la que se reafirma “la importancia de la cooperación y el multilateralismo” para el desarrollo sostenible y la protección del ambiente, así como de la urgencia de una mayor acción climática.
La declaración destaca “el papel de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
Igualmente, “la importancia del trabajo y las contribuciones fundamentales de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible”.
Los delegados aprobaron decisiones sobre funcionamiento del pacto, de las COP, reglas de procedimiento y un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo.
Un grupo de trabajo con personalidades independientes velará por la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en la región, la más peligrosa del mundo para el ejercicio de estas tareas.
“Tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de la Tierra y el ambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe”, recordó en su mensaje a la COP 1 la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), Michelle Bachelet.
Según la organización no gubernamental Global Witness, en 2019 fueron asesinados 212 defensores ambientales en la región, y 227 en 2020. El drama continúa, y solo en México fueron asesinados otros 25 ambientalistas el año pasado.
El Acuerdo de Escazú “es sin duda un hito porque los protagonistas son las personas defensoras. Podríamos resumir su espíritu diciendo que si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden”, expresó Bachelet.
Uno de los artículos del Acuerdo compromete a los Estados parte a propiciar un entorno seguro para las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Una característica del pacto de Escazú es que integra a sus deliberaciones a representantes del público –de la sociedad civil- junto a los delegados gubernamentales, en demostración de apertura y transparencia.
En la COP1 en Santiago participaron más de 780 delegados de países, organismos internacionales y regionales, panelistas y representantes de la sociedad civil, tanto de modo presencial como telemático. Nuevas reuniones se realizarán en 2023 y 2024.
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