GINEBRA – La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) se opone a la deportación de refugiados hacia Ruanda dispuesta por Reino Unido, y sostuvo que el gobierno británico evade sus obligaciones internacionales.
Acnur “se opone firmemente a todo acuerdo que busque trasladar a las personas refugiadas o solicitantes de asilo a terceros países sin que existan normas y salvaguardas suficientes”, declaró en la sede de la agencia en esta ciudad suiza su alta comisionada auxiliar para la protección, la australiana Gillian Triggs.
Acuerdos de esa naturaleza “trasladan responsabilidades en materia de asilo, evaden obligaciones internacionales, y contravienen el contenido y la esencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, indicó Triggs.
El gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, y el ruandés del presidente Paul Kagame, firmaron el 14 de abril un acuerdo para reubicar en el país de África oriental a quienes Londres decida que llegaron a su territorio de manera ilegal.
Medios de prensa han reportado que en 2021 más de 28 000 migrantes intentaron cruzar irregularmente el Canal de la Mancha desde el continente europeo, buscando trabajo y residencia en Gran Bretaña, y unos 4600 lo han hecho en lo que va de 2022, lo que aceleró la decisión del gobierno para expulsarlos de suelo británico.
“Las personas que huyen de guerras, conflictos y persecuciones merecen compasión y empatía. No deben ser tratadas ni transportadas al extranjero, como si fueran mercancía, para el trámite de sus solicitudes de asilo”: Gillian Triggs.
El acuerdo prevé que Reino Unido entregará a Ruanda 155 millones de dólares a cambio de que acepte acoger a los deportados, quienes deberían recibir apoyo para su alojamiento, atención médica, capacitación e integración, según dijo tras firmar el pacto en Kigali la ministra de Interior británica, Priti Patel.
La prensa británica ha dicho que el primer objetivo del gobierno de Johnson es deportar a los “migrantes económicos”, en su mayoría varones adultos que llegan a Gran Bretaña en busca de mejores oportunidades pero no son considerados perseguidos por motivos políticos, religiosos o de cualquier tipo.
Patel sostuvo tras la firma que el objetivo del acuerdo es mejorar el sistema de asilo de su país, “que se ha enfrentado a una combinación de crisis humanitarias reales y malvados traficantes de personas que se benefician de la explotación del sistema”, y rehusó especificar los criterios que se emplearán para decidir las deportaciones.
Acnur exhortó a no enviar a las personas refugiadas o solicitantes de asilo a Ruanda para el trámite de asilo.
“Las personas que huyen de guerras, conflictos y persecuciones merecen compasión y empatía. No deben ser tratadas ni transportadas al extranjero, como si fueran mercancía, para el trámite de sus solicitudes de asilo”, subrayó Triggs.
La agencia de la ONU instó a Londres y Kigali a reconsiderar sus planes, pues “en lugar de disuadir a las personas refugiadas de emprender peligrosas travesías, acuerdos de externalización de este tipo tan solo incrementarán los riesgos, lo cual orillará a las personas refugiadas a buscar vías alternas”.
Reino Unido “tiene la obligación de garantizar el acceso a procedimientos de asilo a las personas que requieren protección. La integración es posible luego de determinar la condición de refugiado, mientras que quienes no tengan bases jurídicas para permanecer pueden ser devueltas de manera digna y segura a sus países de origen”.
La agencia recordó que en el pasado el Reino Unido apoyó la labor de Acnur e hizo contribuciones para proteger a personas refugiadas, por ejemplo con reasentamientos de familias en el interior del país.
El gobierno de Johnson, del Partido Conservador, también dispuso militarizar el control de la inmigración a través del Canal de la Mancha, que estará a cargo de la Armada, cuyo presupuesto se incrementó en 65 millones de dólares con ese fin.
El opositor Partido Laborista consideró el acuerdo con Ruanda una maniobra para distraer la atención pública por la multa impuesta a Johnson y a su ministro de Economía, Rishi Sunak, por las fiestas prohibidas en la sede del gobierno durante los confinamientos decretados para encarar la pandemia covid-19.
La nueva medida sería “un anuncio desesperado y verdaderamente vergonzoso, una propuesta contraria a la ética”, según la portavoz laborista en materia de inmigración, Yvette Cooper.
La Iglesia de Inglaterra, reconocida como oficial del Estado, criticó el acuerdo con Ruanda al considerar que plantea “graves problemas éticos” al pueblo británico.
El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, primado de esa iglesia, afirmó que “subcontratar nuestras responsabilidades, incluso a un país que busca hacer el bien, como Ruanda, es lo opuesto a la naturaleza de Dios, quien asumió la responsabilidad por nuestros fracasos”.
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