BULAWAYO, Zimbabue – Zimbabue sigue adelante con una controvertida reforma legal que, según sus críticos, pretende criminalizar las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en el país.
Según altos funcionarios del gobierno, las enmiendas a la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas (PVO, en inglés) están pensadas para frenar el dinero ilegal que entra en el país bajo la apariencia de financiación de las ONG, pero que argumentan que se utiliza para impulsar programas y grupos de presión políticos.
El partido en el poder desde 1980, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (Zanu-PF), desconfía de las ONG, a las que acusa habitualmente de trabajar con países extranjeros hostiles para impulsar lo que denomina un “programa de cambio de régimen”.
Este mes, el parlamento ha invitado a miembros de la sociedad a compartir sus opiniones sobre las enmiendas propuestas. Pero quienes han concurrido han debido soportar violentas interrupciones que han empañado estas audiencias públicas.
Según los grupos defensores de derechos detrás de ese boicoteo a la participación en las audiencias están activistas del partido gobernante, que buscan anular los obstáculos a que la reforma se convierta en ley.
Esto se produce después de que un alto funcionario del gobierno, Larry Mavima, declaró a principios de marzo que el país no necesita a las ONG, ya que Zimbabue no está en guerra, y aconsejó en forma despectiva que estas organizaciones se vayan a Ucrania, donde sí se necesitan sus servicios.
“¿Hasta cuándo debemos seguir dependiendo de otras personas? Hubo un tiempo en el que las ONG eran necesarias, pero tenemos que salir de esta mentalidad”, dijo Mavima en una reunión pública en la provincia de Midlands, devastada por sequías cíclicas y donde las necesidades humanitarias siguen en aumento.
Estas declaraciones fueron percibidas como una condena generalizada a la actividad de las organizaciones sociales y humanitarias en este país del sur de África, en el que millones de personas sobreviven gracias a la ayuda de las ONG, incluidas las que se brinda en la salud sexual y reproductiva, la ayuda alimentaria y la educación.
Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha), antes de la aparición de la covid-19, de los 15 millones de habitantes del país, más de siete millones necesitaban asistencia alimentaria, tanto en zonas urbanas como rurales.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) acotó que las cifras aumentaron debido a las malas cosechas de las temporadas agrícolas 2020-2021 y 2020-2022.
Medidas anti oenegés un año antes de las elecciones
Una fuente de particular preocupación de la reforma de la ley sobre la actividad de las ONG es el momento escogido, cuando el país se prepara para las elecciones generales, previstas para abril de 2023.
Las oenegés dedicadas a la educación cívica han sido especialmente atacadas por ministros del gobierno, bajo el argumento de que esas organizaciones y sus activistas voluntarios, que trabajan especialmente en las zonas rurales, se desvían de sus mandatos y politizan a los pobladores del campo.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
“La prohibición de las ONG influirá en las próximas elecciones porque socavará la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para observar, cubrir y supervisar los comicios”, señaló Carine Kaneza Nantulya, directora de incidencia política en África de Human Rights Watch (HRW), con su sede mundial en Washington.
Nantulya dijo a IPS por correo electrónico que “las ONG y las organizaciones de la sociedad civil activas son fundamentales para una sociedad abierta, libre y democrática, por el papel que desempeñan en la protección y promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho”.
Por ello, “la modificación de la ley de organizaciones de la sociedad civil es un hecho preocupante que se produce en el contexto de una mayor represión del espacio cívico en Zimbabue”, aseguró.
No es la primera vez que Zimbabue intensifica sus esfuerzos por amordazar a las ONG.
En julio de 2021, el coordinador de desarrollo provincial de la capital, Harare, Tafadzwa Muguti, exigió que las ONG que ya estaban registradas en el país que solicitaran la aprobación de su oficina antes de llevar a cabo cualquier programa.
La exigencia se encontró con las rápidas protestas de grupos de la sociedad civil, que impugnaron la directiva en los tribunales y ganaron, con un juez del tribunal superior que cuestionó la legalidad de este tipo de demandas, una vez que las ONG ya tenían la habilitación para su funcionamiento.
Los intentos de amordazar a las ONG también atrajeron la atención internacional. La organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights sumó su voz y emitió una declaración en la que pedía al gobierno de Harare que dejara de interferir en las operaciones de las oenegés.
Los grupos de ONG han indicado que impugnarán en los tribunales las enmiendas a la ley sobre las organizaciones civiles si llega a aprobarse en el parlamento zimbabuense.
Un informe conjunto, elaborado por la Red de Defensores de los Derechos Humanos de África Meridional, el Foro de ONG de Derechos Humanos de Zimbabue y el Laboratorio de Rendición de Cuentas de Zimbabue, analizó el posible impacto económico del proyecto de ley de modificación de la PVO.
El informe, publicado en febrero, remarcó la preocupación por el impacto de largo alcance que tendría la ilegalización del trabajo de las ONG en Zimbabue.
“Cualquier interrupción en las actividades y la financiación de las ONG probablemente empeorará la situación de pobreza y amenazará los avances en materia de desarrollo que se han conseguido hasta la fecha. Es importante destacar que en Zimbabue no ha habido ningún caso de financiación terrorista en el sector de las ONG”, destaca el documento.
“La situación económica del país, los índices de desarrollo humano y el progreso hacia el cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) muestran que el país necesita toda la ayuda posible”, dijo a IPS McDonald Lewanika, director del Laboratorio de Rendición de Cuentas de Zimbabue.
El especialista subrayó que los temores en torno al apoyo de las ONG a los partidos políticos son infundados en un entorno de fuga y fatiga de los donantes y en que algunas organizaciones civiles perdieron la financiación de grandes financiadores internacionales, por los problemas de este tercer sector en el país.
“A las ONG no les interesa ser partidistas”, insistió Lewanika.
En el pasado, Zimbabue había hecho numerosas peticiones de ayuda, por lo que no está claro qué ha cambiado ahora para que las autoridades declaren que las ONG ya no son bienvenidas.
«Ningún país puede afirmar que no necesita a las ONG, cuando sabemos que estas, especialmente en Zimbabue, están a la vanguardia de la prestación de servicios a las comunidades”, afirmo Nantulya.
Destacó que “por ejemplo, las organizaciones de derechos de la mujer y reproductivos y de lucha contra el VIH/sida han prestado servicios muy necesarios a las comunidades».
T: MF / ED: EG
