CARACAS – Ivonne Parra tomó ocho sedantes durante 15 días, después del asesinato de su hijo. Solo quería llorar la pérdida de su único varón. Sus amigas se encargaron de todos los trámites en la medicatura forense y en la funeraria, mientras ella estaba en casa, en la capital de Venezuela. Llorando.
Casi un mes después del ajusticiamiento, Ivonne sintió que tenía que pararse de la cama y hacer algo. Debía limpiar el nombre de su hijo, quien fue tildado de delincuente según la versión policial. A Guillermo José Rueda Parra, de 20 años de edad, lo asesinó una comisión de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo élite de seguridad del Estado venezolano, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana.
Eran las 6:00 de la mañana del 12 de diciembre de 2017, cuando Ivonne le abrió la puerta de su casa a cinco agentes. Ella no crió a un delincuente, por eso no se esperaba que en el primer piso de la vivienda, ubicada en el populoso sector Blandín de la carretera vieja Caracas-La Guaira, asesinaran a su hijo, desarmado y en pijama. Luego los funcionarios simularon un enfrentamiento y pusieron un arma en la mano de Guillermo. Ivonne vio todo.
—Pásame una bala de otro calibre.
—No, chamo, de esas no tenemos —recuerda Ivonne que decían los funcionarios, mientras ella los observaba desde la calle.
Según el Derecho Internacional las ejecuciones extrajudiciales son los asesinatos cometidos por agentes del Estado, o con su complicidad y tolerancia. Entre enero y septiembre de 2021 el proyecto Lupa por la Vida, de las organizaciones no gubernamentales Provea y del Centro Gumilla, documentó 1197 crímenes a manos de policías y militares en toda Venezuela.
Cuatro años después de la ejecución extrajudicial de Guillermo José, como le sigue diciendo su madre, los funcionarios involucrados no están detenidos aunque en el expediente reposan sus nombres. Sobre el agente Winder Rafael Flores, presuntamente hay una notificación de alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) pero tampoco ha sido apresado.
En la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo, Ivonne conoció a Carmen Arroyo, otra madre a quien las fuerzas de seguridad del Estado venezolano le asesinaron a su hijo. Ambas decidieron conformar una organización no gubernamental llamada Madres Poderosas, luego de asistir a varios talleres de formación en el ámbito de derechos humanos, impartidos por el Comité de Familiares Víctimas del Caracazo (Cofavic) y por miembros de las Naciones Unidas que estuvieron en el país.
Madres Poderosas nació en septiembre de 2021 y hasta ahora ha acogido a siete madres y a una hermana de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en Caracas. Además del acompañamiento y apoyo que se brindan entre familiares, aspiran obtener ayuda psicológica, asesoría legal y colaboraciones de comida o útiles escolares para los hijos huérfanos de los jóvenes asesinados.
En seis meses, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos.
Los menores de edad están bajo la manutención de sus abuelas, quienes no pueden buscar un empleo formal por el tiempo que invierten en asistir regularmente a los tribunales venezolanos. Lina Rivera es una de las mujeres que integra Madres Poderosas. En seis meses, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos. A su cargo tiene a nueve nietos, que mantiene con mucho esfuerzo.
Estas ocho mujeres no quieren que las llamen víctimas porque no lo son. Realmente son aguerridas y están dispuestas a intentar todo lo que esté a su alcance para limpiar el nombre de sus hijos y hermanos, y obtener justicia.
—Nada me va a devolver a mi hijo, pero yo quiero evitar que estas ejecuciones extrajudiciales sigan pasando, quiero evitar que otras madres pasen por el dolor que nosotras estamos pasando. Nosotras no criamos delincuentes —dijo Ivonne, una mujer de tez blanca, con el cabello teñido de amarillo, que transmite fortaleza aunque sus ojos se inunden de lágrimas cada vez que habla de su hijo.
A Carmen Arroyo le asesinaron a su hijo Christian Alfredo Charris Arroyo, un día después de su cumpleaños, el 24 de septiembre de 2018 en La Dolorita, una comunidad de Petare, la barriada más grande de Caracas. En el expediente del caso están identificados los 20 funcionarios de las FAES que participaron en el operativo. Ninguno ha sido detenido.
Christian era el único hijo de Carmen. Lo crió sola. El joven, de 25 años, era un popular barbero y jugador de baloncesto de la comunidad. La versión policial fue que él pertenecía a una grupo criminal y estaba solicitado por los delitos de robo, hurto, extorsión y homicidio.
—Si se supone que Christian había matado a un hombre llamado Jeferson Gil en 2016 ¿por qué a mi hijo no lo buscaron antes? El delincuente no tiene residencia fija y a mi hijo lo podían encontrar en su casa. A mi hijo lo criminalizaron por ser un joven que vivía en un barrio —contó Carmen, en voz pausada. Su rostro, de piel morena, refleja el dolor con sus expresiones pronunciadas.
Ivonne y Carmen guían a las otras madres en el proceso judicial, las acompañan a los tribunales y las animan para que no desmayen en el proceso. Ninguna de ellas tiene un empleo formal, por lo que a veces no tienen dinero para usar el transporte público que las lleve de sus casas, que quedan en barriadas populares retiradas del centro de la capital.
Al menos dos veces a la semana o cada 15 días, las fundadoras de Madres Poderosas visitan a los fiscales que llevan los casos para averiguar si hay avances. Lo mismo hacen con el resto de las compañeras. La mayoría de las veces no obtienen respuestas de los funcionarios públicos, pero no se cansan, ya no tienen nada que perder porque les arrebataron a sus hijos.
—Estamos luchando contra el verdugo, sabemos que no es una lucha fácil pero seguiremos, no podrán con nosotras porque no criamos a delincuentes, criamos a jóvenes de bien y ahora nos queda defender su nombre —agregó Carmen.
Estas madres se han convertido en abogadas, fiscales, defensoras de los derechos humanos y en correos especiales de los fiscales que llevan sus casos. Manejan términos judiciales y conocen que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad.
El 92 % de los casos de ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal
Cifras de la organización Cofavic apuntan que 92 % de los casos de ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal. En 30% existe retraso injustificado en la tramitación de experticias esenciales, como las autopsias, y en 96% no se ha registrado la detención de los responsables.
Las madres deben encargarse de costear las copias de los expedientes cuando logran tener acceso a ellos, porque en los tribunales no hay presupuesto suficiente. Además, son revictimizadas con los cambios frecuentes de fiscales en diversas oportunidades, con malos tratos de los funcionarios o cuando no las atienden. Incluso han llegado a los tribunales y se encuentran con que no hay electricidad. En el caso del hijo de Ivonne, han removido a los funcionarios al menos seis veces.
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-La única forma que yo deje de denunciar es que me muera. No saben con cuánto esfuerzo criamos a nuestros hijos, para sacarlos adelante en un barrio, donde se ven drogas y armas —dijo Carmen.
Lina Rivera siente que Madres Poderosas son su luz en el túnel oscuro que ha significado la pérdida de sus cuatro familiares. En la organización le dan un impulso para luchar. Cuando asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos, entre 2017 y 2018, tuvo miedo hacerle seguimiento a los casos. Pero cuando conoció a Ivonne y a Carmen sintió el valor para regresar.
En julio de 2019, Ivonne y Carmen formaron parte del grupo de familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos que relataron sus testimonios de violaciones de la letalidad policial a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en su visita a Venezuela, en 2019.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomendó al gobierno de Nicolás Maduro que detenga y prevenga el uso excesivo de las fuerza en las manifestaciones, que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales y se disuelvan las FAES. Al contrario, el mandatario Maduro reiteró el apoyo al cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana.
Datos de la exfiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, revelan que entre enero de 2015 y junio de 2017 se cometieron 8.291 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que Cofavic documentó 11.328 ajusticiamientos por fuerzas de seguridad del Estado, entre 2012 y marzo del 2020.
Una de las mujeres que se incorporó recientemente a la organización de Madres Poderosas fue Miyanllela Fernández. A su hijo Richard Jesús Briceño Fernández, de 23 años, efectivos de las FAES le dieron dos tiros. Ella lo vio herido y lo escuchó gritar de dolor, luego perdió el conocimiento.
El 8 de enero de 2021 se desplegó un operativo policial en la zona popular de La Vega, al oeste de Caracas, para capturar a miembros de una megabanda de delincuentes. El Monitor de Víctimas documentó que 14 jóvenes fueron asesinados por los cuerpos de seguridad. Un informe de Amnistía Internacional considera que hay suficientes indicios para considerar que se cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Miyanllela Fernández se ha topado frecuentemente con el funcionario de las FAES, que presuntamente le disparó a su hijo. Carmen Arroyo también se encontró al efectivo supuestamente involucrado en el crimen.
“Cada vez que veía a tres de los funcionarios que estaban ese día, llevaba a mi nieta y me provocaba vengar la muerte de mi hijo. Si yo hubiese sabido que me iban a matar a mi hijo me lo hubiese llevado y no nos hubiésemos quedado en la casa”, dijo Miyanllela.
Carmen se planteó estudiar Derecho en la universidad, desde la ejecución de sus hijo. Hasta el momento no ha logrado obtener el cupo en una institución pública, pero mantiene claro su objetivo de formación y empoderamiento.
Maritza Molina, otra mujer que integra Madres Poderosas, ya está por terminar la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa. A su hijo, el doctor Billi Daniel Mascobeto Molina lo asesinaron en Barlovento, estado Miranda, el 29 de febrero de 2012.
En casi 10 años el expediente del caso de su hijo consta de 14 piezas y han cambiado a 21 fiscales nacionales y auxiliares. Ninguno ha resuelto el caso. Se unió a Madres Poderosas por ese impulso y motivación que le dan las otras mujeres para insistir en la búsqueda de justicia.
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG
