CANBERRA – La corrupción sigue teniendo un efecto paralizante en la vida de muchas personas en los países del suroeste de las islas del Pacífico, exacerbando las dificultades y la desigualdad y erosionando el desarrollo humano y nacional.
Los habitantes insulares hablan de la mala gestión de los fondos y bienes públicos por parte de las élites políticas a nivel nacional, pero también por parte de organizaciones y personas de las comunidades, de la pérdida de riqueza e ingresos procedentes de los recursos como resultado de los acuerdos corruptos entre los políticos y las empresas extractivas, y de la práctica generalizada de pagar sobornos por los servicios públicos.
La corrupción de cuello blanco de alto nivel sigue siendo un gran problema en el país. Los sobornos ofrecidos a los funcionarios del gobierno para facilitar el pago siguen siendo muy frecuentes”, dijo Busa Jeremiah Wenogo, un economista del desarrollo que trabaja para el Centro de Excelencia en Inclusión Financiera en Papúa Nueva Guinea.
Añadió desde Port Moresby, la capital papuana, que “la mayoría de los grandes contratos civiles y de construcción tienden a tener conexiones y vínculos políticos muy fuertes, lo que significa que el proceso de contratación sigue siendo débil».
“Se ofrecen sobornos para conseguir permisos de conducir e informes de accidentes. También hay casos de delincuentes que han sido liberados de la cárcel debido a los sobornos, a pesar de la gravedad de sus delitos, sin el conocimiento del tribunal y la parte agraviada», explicó Wenogo a IPS.
La clasificación de la corrupción en Papúa Nueva Guinea, según Transparencia Internacional, ha mejorado gradualmente en los últimos años. En una escala de 0 a 100, donde 100 es «limpio», la nación melanesia recibió una puntuación de 25 en 2015, pasando a 27 en 2020 y a 31 el año pasado.
Pero aún queda mucho camino por recorrer en este país de Oceanía, situado al norte de Australia y el oeste de las Islas Salomón, que ocupa la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea, integra la región de la Melanesia y cuenta con algo más de nueve millones de habitantes.
En su vecino, las Islas Salomón, un archipiélago cubierto de selva tropical con una industria maderera determinante en su economía, «las formas predominantes de corrupción que encontramos en nuestro trabajo, es decir, el mal uso y el abuso del poder confiado para el beneficio privado, son el conflicto de intereses y el abuso de la discrecionalidad, la malversación, el soborno, la extorsión y el fraude», dijo Ruth Liloqula, directora ejecutiva de Transparencia en el país.
Liloquia, aseguró a IPS desde Honoira, la capital, que las personas e instituciones más corruptas de ese país conformado por 990 islas y con 650 000 habitantes, son los miembros del parlamento y las empresas que extraen recursos naturales.
El último Barómetro Global de la Corrupción 2021, publicado por Transparencia Internacional, con su sede central en Berlín, revela que 96 y 97 % de los habitantes de Papúa Nueva Guinea y de las Islas Salomón, respectivamente, creen que la corrupción es un gran problema en el gobierno, mientras que 82 y 90 % consideran que también es un problema grave en el mundo empresarial.
Los principales efectos de la corrupción en el caso de Islas Salomón, detalló Liloqula, son: las deficientes infraestructuras y servicios sanitarios, médicos y educativos, la falta de desarrollo socioeconómico, los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos naturales que salen del país para el desarrollo de otros países y no del propio, y la falta de oportunidades de empleo para una población en rápido crecimiento.
“Los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen» como resultado, sentenció.
En el centro de muchas acusaciones de fraude de alto nivel están la élite política y la industria extractiva.
Papúa Nueva Guinea cuenta con importantes yacimientos de oro, cobre, plata, níquel y cobalto, además de petróleo y gas natural. Antes de la pandemia, el sector minero representaba 60 % de las exportaciones totales del país, mientras que en las Islas Salomón la madera es la mayor fuente de ingresos provenientes del exterior.
Los riesgos de corrupción en este sector son elevados.
“En toda la región, los grupos criminales transnacionales utilizan la corrupción para explotar los recursos naturales, como los bosques, las poblaciones de peces y los depósitos de oro y manganeso”, indica Transparencia Internacional.
Detalla que “las tácticas más comunes incluyen el soborno y la captura de los organismos encargados de la aplicación de la ley ambiental, a menudo con la participación de políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales y líderes e intermediarios del sector privado, que pueden actuar con impunidad”.
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Solo en 2015, se calcula que se perdieron 1400 millones de dólares de los ingresos públicos de Papúa Nueva Guinea debido al fraude.
Mientras tanto, en las Islas Salomón, el informe del Auditor General de 2019 afirmaba que había enormes variaciones en las cuentas nacionales del país y millones de dólares en pagos y gastos inexplicables.
El coste de la corrupción también es elevado en la industria pesquera de la región, donde, entre 2010 y 2015, el valor total del atún capturado o transbordado ilegalmente en las islas del Pacífico fue de más de 616 millones de dólares, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
“La corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social en todo el mundo», afirma la agencia de la ONU, también conocida por su sigla en inglés: UNODC.
Y sus efectos más visibles en países como Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón son el bajo desarrollo humano, la mala gobernanza y los resultados del desarrollo nacional, el bajo nivel y alcance de los servicios públicos, la falta de crecimiento del empleo y la pobreza arraigada.
Papúa Nueva Guinea ocupa el puesto 155 de 189 países en cuanto a desarrollo humano, mientras que 56,6 % de su población vive en la pobreza multidimensional.
“La corrupción se ha extendido tanto que la gente la ha aceptado como parte del modo de vida en este país. La corrupción de los políticos y del gobierno está hundiendo a nuestro país, cuando hemos sido bendecidos con recursos naturales para mantener a todos nuestros ciudadanos», dijo Dorothy Tekwie, presidenta del Consejo Provincial de Mujeres de Sandaun, una de las 20 provincias papuanas.
Aseguró a IPS desde Vanimo, la capital provincial, que si la corrupción se redujera efectivamente, «los proyectos de desarrollo que tanto necesita la gente se completarían, para que los servicios puedan llegar a la gente, especialmente en las zonas rurales”.
“Significaría más actividades económicas para la población rural, más escuelas para los niños, por lo tanto una población educada, mejor salud y la reducción de la mortalidad materna e infantil en las zonas rurales y remotas”, planteó Tekwie.
A su juicio, en la medida en que los ciudadanos y los medios de comunicación exijan una gobernanza limpia y pidan cuentas a sus dirigentes contribuirá altamente a avanzar en la lucha contra la corrupción. También es crucial, adujo, la voluntad política de reforzar las leyes contra las prácticas corruptas y la tolerancia cero con el fraude del sector privado.
La iniciativa del primer ministro James Marape de crear una Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) es una importante señal pública de que el gobierno se toma en serio la cuestión. Se espera que el organismo esté plenamente operativo en 2023.
Sin embargo, Wenogo cree que, para que tenga éxito, la ICAC debe ser independiente, con amplios poderes para investigar y perseguir a los infractores en todos los niveles de poder, y sus investigaciones y conclusiones deben ser transparentes y estar libres de influencias políticas.
El éxito en la reducción de la corrupción en Papúa Nueva Guinea es aún más urgente, ya que el país sigue lidiando con los impactos sanitarios y económicos de la pandemia de covid-19.
En enero, Papúa Nueva Guinea registró 37 145 casos y 597 muertes. La pandemia podría retrasar una década el objetivo de eliminar la pobreza en la región y, en algunos países de las islas del Pacífico, hasta 30 años, advierte la organización regional intergubernamental Foro de las Islas del Pacífico.
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