GINEBRA – Honduras tendrá por primera vez una mujer en la presidencia desde este jueves 27, cuando Xiomara Castro reemplace a Juan Orlando Hernández, mientras situaciones de derechos humanos permanecen sin solución o siquiera atención a llamados de responsables del área en el ámbito de las Naciones Unidas.
“Es lamentable que el gobierno de Honduras, un miembro del Consejo de Derechos Humanos, no haya respondido a mis preocupaciones”, escribió en su cuenta de la red social Twitter la relatora especial sobre los defensores de derechos humanos designada por ese ente de la ONU, Mary Lawlor.
Lawlor y otros relatores escribieron en noviembre de 2021 al gobierno hondureño reclamando una investigación por el asesinato, aparentemente como un crimen de odio, de la activista trans Erika Tatiana Martínez García, también militante del Partido Nacional, del saliente presidente Hernández.
Martínez García –la cuarta persona trans asesinada en Honduras en 2021- pereció por heridas de arma blanca en su vivienda en Santa Rosa de Copán, oeste de Honduras, el pasado 26 de septiembre, 10 días después de un discurso de Hernández con denuestos contra la diversidad sexual, según recordaron los grupos LGTBI.
Otros activistas de la comunidad LGTBI, como Donny Reyes, de la asociación Arcoriris, y Alex Sort, de la agrupación Somos, también han sido víctimas de discriminación y amenazas, según recordó la relatora Lawlor.
En noviembre de 2021, Lawlor planteó que, como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “Honduras debe redoblar sus esfuerzos para mejorar la situación de derechos humanos en el país”.
“Un primer paso sería poner en libertad a los defensores de Guapinol”, dijo entonces Lawlor en la sede del Consejo en esta ciudad suiza.
Guapinol es un caso desde que el 7 de septiembre de 2018, en el marco de protestas de ambientalistas y comunidades que defendían la preservación de los ríos Guapinol y San Pedro en el norte de Honduras, se registraron retenciones de personas e incendios y otros daños a la empresa minera Los Pinares.
Ocho activistas del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos fueron encarcelados desde entonces y han soportado un largo proceso cuestionado por relatores de la ONU y organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (AI).
“Habiendo revisado todas las pruebas disponibles, incluido el proceso penal contra los ocho de Guapinol, AI considera que están siendo detenidos únicamente por sus actividades en defensa del derecho al agua limpia y a un medio ambiente seguro”, declaró su directora para América, Erika Guevara Rosas.
Ya en febrero de 2021 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos integrado por cinco especialistas, sostuvo que la detención “preventiva” de los ocho activistas era ilegal, y pidieron su liberación inmediata e investigar a jueces y fiscales que promovieron el juicio.
Según AI, en Honduras “quienes se manifiestan y protestan para proteger el ambiente se enfrentan a frecuentes amenazas y ataques, como en el caso del asesinato de Berta Cáceres (en 2026), o a una criminalización injusta, especialmente cuando están implicados poderosos intereses económicos”.
Lawlor dijo que una nueva carta enviada al gobierno de Hernández este enero, tampoco ha sido respondida.
Guevara Rosas dijo que el gobierno que inicia Xiomara Castro “debe enviar un mensaje claro de que no se tolerará por más tiempo la violencia y criminalización contra las personas defensoras de los derechos humanos”.
El contexto de un gobierno de signo político distinto “ofrece la oportunidad de romper este ciclo de ataques contra quienes defienden el ambiente y otros derechos humanos. AI exige la liberación inmediata e incondicional de estos ocho presos de conciencia y que se retiren los cargos contra ellos”, concluyó Guevara Rosas.
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