SANTIAGO – La pobreza extrema en la región aumentó de 81 a 86 millones de personas entre 2020 y 2021, lo que representa un retroceso de 27 años, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al entregar este jueves 27 su informe anual Panorama Social.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo al presentar el informe en esta capital que “pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido sobre los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social”.
Mientras que la pobreza extrema aumentó de 13,1 a 13,8 % de la población, la tasa de pobreza general disminuyó levemente, de 33 a 32,1 %, bajando de 204 a 201 millones de personas.
“La historia nos enseña que la pobreza extrema es más difícil de erradicar que la pobreza relativa, porque los pobres extremos están en peores condiciones de alimentación, salud, educación y acceso a oportunidades”, comentó Bárcena.
Un dato crucial es que “la crisis sanitaria permanece vigente y América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo en esta pandemia”, indicó el reporte.
La región presenta el mayor número de defunciones informadas por covid (1.562.845 hasta el 31 de diciembre de 2021), cifra que “seguirá creciendo mientras la pandemia persista” y representa 28,8 % de las muertes por esa enfermedad en el mundo, pese a que su población apenas asciende a 8,4 % del total mundial.
“Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido sobre los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social”: Alicia Bárcena.
Al 26 de enero de este año, 62,3 % de la población de la región (en torno a 408 millones de personas) contaba con un esquema completo de vacunación, por lo que la Cepal pidió incrementar esfuerzos, de modo que a mediados de 2022 todos los países hayan vacunado a 70 % de su población con el esquema completo.
La crisis también evidenció la vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios, con bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva.
Ya desde 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios, se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez, y se constató un aumento de la desigualdad.
El coeficiente de Gini -utilizado internacionalmente para medir la distribución del ingreso- aumentó en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional entre 2019 y 2020, un deterioro directamente relacionado con las repercusiones de la pandemia
La pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia. La pobreza extrema sería alrededor de 1,8 puntos porcentuales más alta, y la pobreza general habría sido 2,9 puntos más elevada, según promedios de siete países.
En los últimos 10 meses de 2020 las transferencias de emergencia anunciadas por los países para mitigar el efecto de la crisis representaron un gasto de 89 700 millones de dólares, mientras que en los primeros 10 meses de 2021 el gasto anunciado en estas medidas fue la mitad, 45 300 millones de dólares.
Bárcena pidió que esas transferencias monetarias de emergencia se mantengan en 2022 o hasta que la crisis sanitaria esté controlada.
En lo que respecta a la educación, América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que lleva más tiempo de interrupción de clases presenciales, cerca de 56 semanas de interrupción total o parcial, lo que ha generado brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, pérdida de oportunidades y riesgo de abandono escolar.
Asimismo, el cierre escolar ha impactado en la sobrecarga de las tareas de cuidado de las mujeres.
Bárcena dijo que “la pandemia es una oportunidad histórica para construir un nuevo pacto social que brinde protección, certidumbre y confianza. Un nuevo contrato social debe avanzar y fortalecer la institucionalidad de los sistemas de protección social y promover que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes”.
Parte de ese contrato social debe ser un nuevo pacto tributario, consensuado entre los Estados, el sector privado y toda la sociedad, para contar con recursos que permitan un desarrollo inclusivo y “sin dejar a nadie atrás”, subrayó Bárcena.
“Vienen años de menor crecimiento económico y, si no se mantienen los esfuerzos para proteger el bienestar de la población, serán mayores los aumentos en pobreza y desigualdad en la región”, concluyó la secretaria ejecutiva de la Cepal.
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