LILONGÜE – Cuando un ex vicepresidente del parlamento de Malawi se suicidó dentro de los edificios de la Asamblea Nacional en esta capital, en septiembre de 2021, sacudió a la sociedad del país y fue un toque de atención sobre la situación de su salud mental.
Los expertos afirman que el fuerte aumento de los casos de suicidio se ha convertido en la expresión más visible de la creciente carga de los problemas de salud mental en Malawi.
“Hay depresión, estrés y muchas otras formas silenciosas de trastornos. Lo más frecuente es que actuemos rápidamente sobre una persona con problemas mentales porque está causando estragos”, afirmó Harry Kawiya, psiquiatra del Hospital Mental de Zomba, el único centro de salud mental de referencia en este país del sureste de África.
A juicio del especialista, “el aumento de los casos de suicidio en los últimos tiempos nos indica la gravedad del problema de salud mental entre nosotros, que no estamos abordando adecuadamente”.
Los registros de la policía nacional muestran que los casos de suicidio han aumentado drásticamente en Malawi en los últimos tres años. Por ejemplo, entre enero y marzo de 2021, el país registró 76 suicidios, lo que supone un aumento de casi 50 % respecto al mismo periodo del año anterior, en una nación con unos 19 millones de habitantes.
Este pequeño país sin salida al mar y densamente poblado integra la lista de los 46 menos adelantados del mundo, con más de la mitad de su población por debajo del umbral de pobreza y con uno de los índices de desarrollo humano más bajo. Por ello depende en buena parte de la asistencia internacional para afrontar áreas como la de la salud.
Una estación de policía en Lilongüe registra un promedio de seis casos cada mes, dijo a IPS el portavoz de esa comisaría, Foster Benjamin.
“Se trata de un aumento considerable, y resulta preocupante”, afirmó. Las razones por las que la gente se suicida, detalló, “van desde desacuerdos familiares hasta problemas financieros. En casi todos los casos, los que se suicidan son hombres”.
El ex vicepresidente de la Asamblea, Chiwaya, de 50 años, dejó una nota de suicidio en la que detallaba como motivo las frustraciones por la obtención de beneficios, incluido un vehículo oficial que había adquirido.
En un pueblo de las afueras de Lilongüe, otro varón se ahorcó el año pasado debido a las deudas relacionadas con su pequeña explotación de tabaco.
Su esposa, Christina Makwecha, explica que perdió a su marido de 43 años en octubre de 2020, cuando acababa de cerrarse la temporada de comercialización del tabaco.
“Sufrimos grandes pérdidas, hasta el punto de que no pudimos pagar algunas de nuestras deudas con los trabajadores y los insumos que habíamos obtenido de los agrocomerciantes”, explicó Makwecha, ahora a cargo sola de sus cuatro hijos.
Una noche, al volver de una reunión del grupo de ahorro de la zona, encontró a su marido colgado en un árbol no muy lejos de su casa.
“Fue entonces cuando recordé que, desde hacía casi dos semanas antes del incidente, estaba cada vez más inquieto, inusualmente enfadado y había empezado a saltarse las comidas”, contó.
Mientras el país registra un número creciente de suicidios, muchos malauíes desconocen los trastornos mentales que llevan a las personas a suicidarse, afirma Charles Masulani, director general de St John of God Hospitaller Services, un hospital de salud mental de la Iglesia católica en Malawi.
“La gente sabe dónde ir cuando tiene malaria, porque hay mucho conocimiento sobre la malaria, pero en Malawi no conocemos nada sobre los trastornos mentales. Por eso, la gente tiende a luchar en su interior sin buscar la ayuda de consejeros, líderes religiosos o terapeutas, o cualquier otro que pueda ofrecer ayuda”, explicó este médico.
Los registros del hospital del que es director general muestran que el año pasado se registraron 7671 consultas de pacientes de salud mental, de los cuales 4142 eran hombres y 3529 mujeres.
Entre los trastornos mentales diagnosticados se encuentran la ansiedad, el trastorno bipolar, la psicosis, la demencia, el trastorno delirante, la depresión, el delirio, la epilepsia, la hipomanía, el trastorno antisocial de la personalidad, las dificultades de aprendizaje y la esquizofrenia.
Los expertos afirman que el impacto de la covid-19 en la economía ha empeorado la alta prevalencia de los trastornos de salud mental en Malawi, y la respuesta del gobierno se ha quedado muy corta ante esta crisis.
Ya antes, en 2017, la investigación de la Defensoría del Pueblo descubrió flagrantes deficiencias en la gestión de la salud mental en el sistema de salud pública.
Criticó al gobierno por no financiar adecuadamente los cetros sanitarios de los 28 distritos del país para que pudieran atender a los pacientes antes de enviarlos al hospital de referencia.
La oficina del defensor del Pueblo también culpó al Ministerio de Sanidad de la persistente y aguda escasez de personal psiquiátrico, que compromete la calidad de la atención a los pacientes con trastornos mentales.
La investigación estableció, por ejemplo, que en dos distritos de la Región Central, la proporción de trabajadores de salud mental por la población oscilaba entre un ratio de 1:80.840 y 1:558.470.
Según el informe, el problema de la escasez de personal comienza con el diseño de la formación de los médicos en Malawi.
“Los estudiantes de grado están expuestos a los diferentes aspectos de la profesión médica, incluida la psiquiatría, pero durante el período de prácticas la psiquiatría se evita por completo, privando así al sistema de personal psiquiátrico adicional y potencial”, según el informe del ombudsman.
La investigación también puso de manifiesto la ineficacia en la adquisición de medicamentos psicotrópicos para pacientes con trastornos mentales, lo que hace que no estén disponibles en farmacias y centros sanitarios la mayor parte del tiempo.
Cuatro años después de la investigación de la Defensoría del Pueblo, estos problemas persisten.
Durante la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental en octubre, Michael Udedi, experto en salud mental del Ministerio de Sanidad, admitió la crítica escasez de personal especializado en esta dolencia dentro del sistema sanitario público.
Afirmó que, si bien el país cuenta con algunos médicos y enfermeros especializados en salud mental en casi todos los hospitales de distrito del país, solo hay un psiquiatra en el Hospital Mental de Zomba y ningún psicólogo en los hospitales públicos.
También reveló que, en mayo de este año, el Ministerio de Sanidad anunció vacantes para contratar psicólogos, pero no hubo respuesta.
“Además, no hay un presupuesto dedicado a la salud mental”, dijo Udedi en una entrevista con IPS este mes de diciembre.
Por ello, explicó, “no es fácil hacer un seguimiento de la financiación de la salud mental per se”.
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El especialista destacó que el Ministerio de Sanidad dedica algunos fondos a los hospitales de referencia para el área de salud mental, pero que corresponde a los centros de salud de los distritos el dedicar parte de sus presupuestos al área, incluyendo la adquisición de medicamentos.
En su informe, la Defensoría del Pueblo atribuye la falta de atención a la salud mental como dentro de la atención primaria a un marco legislativo débil y anacrónico.
El tratamiento de los pacientes con trastornos mentales está contemplado en la Ley de Salud Mental aprobada en 1948, cuando Malawi aún estaba bajo el dominio colonial británico.
“Esta ley no está en consonancia con las tendencias actuales en la prestación de servicios de salud mental”, reza el informe.
En 2000, Malawi elaboró su primera política nacional de salud mental. Pero ella tampoco provocó una mejoría significativa en la prestación de servicios de salud mental, por lo que ha ido siendo revisada, aunque con poco éxito.
Ahora, el gobierno espera que los retos del sector se aborden una vez que se presente un nuevo proyecto de ley, que se está redactando actualmente, y se apruebe en la Asamblea Nacional, posiblemente en febrero del año que viene.
El proyecto de ley incluye una disposición para la financiación de la salud mental con fondos reservados. Según Udedi, esto es clave para abordar la mayoría de los retos de la salud mental.
“De este modo, se garantizará que la salud mental cuente con una financiación adecuada. Ello repercutirá en los recursos humanos para la salud mental, incluido el apoyo a la formación”, afirmó.
Pero Udedi también demanda a las comunidades que desempeñen su papel en la concienciación sobre las enfermedades de salud mental, minimizando el estigma y la discriminación hacia las personas que las padecen y poniendo en contacto a estas personas con los proveedores de servicios, a fin de que reciban asistencia.
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