ROMA – El deseo de emigrar de los habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras, sobre todo a Estados Unidos, se multiplicó por cinco en el primer trimestre de este año en comparación con 2019, indicó un informe en el que participó el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Para el estadounidense David Beasley, director ejecutivo del PMA, basado en esta capital, “estamos viendo un éxodo desde América Central porque el hambre y la desesperación obligan a muchos a migrar en busca de una vida mejor”.
“Las familias están siendo separadas y las comunidades están siendo destruidas debido a que la pobreza, el cambio climático y ahora la covid-19 dejan a muchas personas sintiendo que no tienen más remedio que irse para el Norte”, agregó.
En cada uno de los últimos cinco años, en promedio, 378 000 centroamericanos han migrado rumbo a Estados Unidos, con un alto costo humano y económico, incluyendo un estimado de 2200 millones de dólares anuales que se pagan solo para viajar, tanto de manera regular como irregular.
Una encuesta que hizo parte del estudio mostró que 43 % de las personas consideraron migrar internacionalmente, frente a ocho por ciento en 2019, aunque solo una fracción, tres por ciento, hizo planes concretos para migrar.
La separación familiar y los altos costos asociados con la migración fueron citados como elementos disuasorios para migrar, y la mayoría, 55 %, habría contratado a un traficante, a un costo promedio de 7500 dólares por persona, mientras que la migración por canales legales tuvo un costo de 4500 dólares.
Las personas que sufrían inseguridad alimentaria tenían una tendencia mayor a efectuar preparativos concretos para migrar (23 %) en comparación con quienes no se encontraban en esa situación (siete por ciento).
“El estudio nos prueba que las causas de la migración son la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la inseguridad alimentaria, la violencia, el impacto de los desastres naturales y del cambio climático: éstos requieren ser abordados de manera decidida e integral por los Estados”: Luis Almagro.
Según estudios previos, las familias con mayores recursos tenían más probabilidad de migrar, pero el actual concluyó que tanto las de menores niveles de ingresos como las de rentas medias y altas tenían las mismas posibilidades de abandonar el país.
Los principales elementos disuasorios para migrar fueron evitar la separación familiar, la percepción de seguridad en Guatemala y Honduras, y un notable sentido de pertenencia y arraigo en El Salvador.
Para 89 % Estados Unidos era el destino previsto, pero en el momento en que se realizó la encuesta solo 57 % lo había alcanzado y residía en esa nación. En cambio, 33 % regresó a su país de origen, ya fuera de modo voluntario o involuntario.
Los migrantes se convierten en proveedores de remesas y tres de cada 10 familias recibieron esos envíos desde el exterior regularmente. Las familias guatemaltecas un promedio de 350 dólares al mes, las hondureñas 170 dólares, y las salvadoreñas unos 150 dólares.
El documento presenta a los gobiernos propuestas para abordar las causas que impulsan esa migración, vinculadas a la recuperación económica, los medios de vida y la seguridad alimentaria para las personas con más probabilidades de migrar de forma irregular.
Se requiere ampliar los programas nacionales de protección social y estimular las inversiones para aumentar las oportunidades económicas, erradicar el hambre y aliviar la pobreza de las poblaciones en riesgo.
También, incentivar que las diásporas inviertan en el desarrollo de las comunidades locales y se conviertan en agentes de cambio en su país de origen o ascendencia.
Agrega la necesidad de ampliar las vías legales para los centroamericanos interesados en migrar a Estados Unidos y a otros países de destino, a fin de reorientar la migración irregular a canales regulares.
De su lado, el PMA tiene planes para “pasar de atender a 1,8 millones de personas a ocho millones. Vamos a ofrecer un amplio abanico que incluye comidas escolares, empleo, apoyo a los medios de subsistencia, nutrición y formación de activos, planes y transferencias de efectivo”, a un costo de 1700 millones de dólares, dijo Beasley.
“Puede parecer mucho dinero, y lo es, pero compárenlo, por ejemplo, con un dato de The Washington Post, según el cual al gobierno de Estados Unidos le cuesta 60 millones de dólares por semana albergar a 16 000 niños migrantes en refugios. Hagan las cuentas. Eso es 3000 millones de dólares al año”, razonó.
El uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), observó en la presentación del estudio que “no podemos esperar resultados distintos de las mismas acciones. Llevamos años implementando políticas migratorias de contención de la migración, que han probado ser insuficientes”.
“Las causas de la migración son la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la inseguridad alimentaria, la violencia, el impacto de los desastres naturales y del cambio climático: éstos requieren ser abordados de manera decidida e integral por los Estados”, agregó Almagro.
El estudio encuestó a 5000 familias en 12 departamentos de los tres países, más 6000 personas que respondieron una encuesta en línea, y lo condujeron el Instituto de Políticas Migratorias basado en Bruselas y el Civic Data Design Lab del estadounidense Instituto de Tecnología de Massachusetts.
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