KINGSTON – Cuando se reanudaron las reuniones presenciales del consejo de ministros en Jamaica, tras más de un año de encuentros virtuales debido a la covid-19, los ministros tuvieron que hacer fila para que se les inspeccionara la tarjeta de vacunación.
El primer ministro, Andrew Holness, dijo que el gobierno tiene que conducir al país hacia la normalidad.
“La forma de hacerlo es que cada jamaicano cumpla con las medidas de infección, prevención y control que se han establecido, que se irán relajando cuanto mayor sea el nivel de vacunación”, planteó tras la primera reunión presencial de su gabinete ministerial, el 12 de octubre.
En la actualidad, los nuevos brotes, los días de restricción a la movilidad en que cierra el comercio y las dudas sobre las vacunas hacen mella en la economía. Así, aunque Jamaica no tiene una orden nacional que haga obligatoria la vacunación, las empresas del sector privado y algunos organismos gubernamentales ya están exigiendo que el personal se vacune.
Además de varias campañas de vacunación dirigidas a los empleados, la Organización del Sector Privado de Jamaica, la Cámara de Comercio de Jamaica y a la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Jamaica se unieron para respaldar firmemente una campaña a favor de qe haya un mandato nacional a favor de la vacuna obligatoria.
Las organizaciones que aglutinan al empresariado jamaicano afirman que, con las bajas tasas de vacunación a casi dos años de la pandemia, Jamaica se está quedando atrás en la consecución de la inmunidad de la población, lo que pone en riesgo la recuperación del país.
Esos gremios sostienen que el impacto social y económico será devastador, y que los efectos secundarios continuarán durante los próximos años. Pero incluso con el creciente apoyo a un mandato que obligue a vacunarse, el líder de la oposición, Mark Golding, se opone a él.
Actualmente solo 17 % de la población jamaicana está vacunada.
En toda la región del Caribe anglófono, los gobiernos ya han implementado la obligatoriedad parcial o general de la vacunación anticovid.
En Guyana, los ciudadanos que quieran entrar en cualquier edificio público, incluidos bancos, restaurantes, supermercados y escuelas, deben mostrar una prueba de vacunación.
En Antigua Barbuda, un pequeño Estado formado por dos islas, los legisladores de la oposición acusaron al presidente de la Cámara de Representantes, Gerald Watt, de actuar más allá de sus competencias después de que les impidiera participar en la sesión del Senado por no haber mostrado una prueba de vacunación.
Con cada brote, aumenta la preocupación por la industria del turismo que impulsa muchas economías regionales. Muchos países tienen ahora políticas de vacunación para los viajeros adultos que llegan. Entre ellos se encuentran Anguila, Granada, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Turcas y Caicos y las Islas Caimán.
Y mientras los gobiernos reflexionan sobre la obligatoriedad de las vacunas, también se preparan para los disturbios civiles de la población que rechaza vacunarse y los desafíos legales de los trabajadores.
En un dictamen reciente, el Colegio de Abogados de Jamaica afirmó que nada impedía al gobierno o a los empresarios aplicar medidas restrictivas para los no vacunados. La Organización de Estados del Caribe Oriental expuso su posición en un documento de 16 páginas titulado: La legal dimensión de la obligación/ Los requerimientos para vacunaciones obligatorias contra la covid-19, publicado en agosto.
Según el informe, los países podrían aplicar legalmente medidas de vacunación obligatoria.
“Habiéndose demostrado que la vacunación obligatoria es constitucionalmente apropiada dado el margen de maniobra concedido a favor de los imperativos de la salud pública, se afirma que los empleadores podrían justificar un requisito en un contexto pandémico, como mínimo cuando el lugar de trabajo es un entorno de alto riesgo, como la atención sanitaria, o los servicios esenciales, o para los trabajadores de mayor riesgo en el lugar de trabajo, como los trabajadores de primera línea que interactúan con el público”, puntualiza el documento que establece un marco general para la región.
Pero aunque la legislación sobre salud pública contempla específicamente las restricciones en tiempos de pandemia, quienes se oponen a la obligatoriedad de la vacunación argumentan que son una violación de los derechos humanos.
La presidenta de la Confederación de Sindicatos de Jamaica, Helene Davis-Whyte, espera que se establezca una orden nacional sobre la obligatoriedad si fracasan los esfuerzos por aumentar las cifras de vacunación. Defiende que se lleve a cabo un amplio programa de concienciación pública con consultas antes de dar ese paso y advierte que un enfoque draconiano podría desanimar a algunas personas.
“No nos oponemos necesariamente, pero lo que decimos es que hay que trabajar más, porque no creemos que se haya hecho lo suficiente”, declaró a periodistas locales.
Y así, armados con sus dictámenes jurídicos individuales, los gobiernos han ido aplicando las normas que dicen que protegerán a sus países. En octubre de 2021, al menos siete gobiernos de la región habían instituido mandatos de COVID-19 para los trabajadores gubernamentales.
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En agosto, en Guyana, se llamó a la policía para que desalojara a los miembros del personal de la sede del Ministerio de Educación que habían entrado en el edificio sin prueba de vacunación. A principios de ese mes, hubo protestas masivas en San Vicente y Barbados. Y en lio, el Primer Ministro Ralph Gonsalves fue golpeado en la cabeza y herido por un manifestante furioso durante las manifestaciones contra la exigencia de la vacunación en San Vicente y Granadinas.
Barbados, al igual que Jamaica, no ha respaldado oficialmente la obligatoriedad de la vacunación, pero Holness reconoce que podría tener que tomar la decisión pronto. Pero incluso sin una orden nacional en Jamaica cada vez más funcionarios se encuentran con que tienen que vacunarse para poder trabajar.
El Ministerio de Turismo se ha apresurado a vacunar a las 170 000 personas que trabajan en el sector. Los trabajadores que están en contacto con los visitantes de los cruceros tienen la obligación de tener la vacuna completa para poder laborar.
Y a medida que el país se prepara para que las clases sean totalmente presenciales, es el turno de los profesores y el personal escolar de estar vacunados, después que el personal sanitario ya tiene la obligación de inmunizarse y en el sector privado, más de 80 % del personal está vacunado.
En el sector de la subcontratación de procesos empresariales (BPO), donde varias empresas se convirtieron en focos de contagios durante el apogeo de la primera oleada de covid, la vacunación es obligatoria.
En Jamaica, las restricciones impuestas por la covid y los 14 días de cuarentena costaron al sector 42 millones de dólares en ingresos.
Pero es en el sector turístico de la región donde la vacunación obligatoria se ha convertido en la norma. Los hoteleros y otros proveedores de servicios tratan de evitar demandas y cierres exigiendo que el personal esté totalmente vacunado.
En las Bahamas, los trabajadores y los visitantes deben estar totalmente vacunados. Los visitantes no vacunados se enfrentan a una cuarentena de 14 días, mientras que en Jamaica aspira a que 100 % de los trabajadores del sector tengan la inmunización completa.
Un número cada vez mayor de países ha instituido políticas de vacunación obligatoria para el ingreso de los viajeros adultos. Entre ellos se encuentran Anguila, Granada, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Turcas y Caicos y las Islas Caimán.
Mientras tanto, el deseo del sector privado de volver a la normalidad y aumentar la actividad económica podría empujar a muchos a vacunarse más rápido que cualquier orden gubernamental.
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