RÍO DE JANEIRO – Está de moda decir que los líderes ultraderechistas que asumieron gobiernos últimamente en el mundo, los llamados populistas, buscan minar la democracia desde adentro. En Brasil, en términos de poder, ocurre al revés, al menos hasta ahora.
Es el presidente Jair Bolsonaro quien se debilitó políticamente en sus 34 meses de gobierno, al punto de desfigurar el régimen presidencialista vigente y tradicional en este país sudamericano de dimensiones continentales y 213 millones de habitantes.
Actualmente ejerce como un primer ministro de facto el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, según muchos analistas. Es quien impulsa las principales acciones del gobierno, especialmente las económicas, ante la ineptitud de Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, en lidiar con los legisladores.
Su última hazaña fue lograr la aprobación por la Cámara de Diputados de una enmienda constitucional que exime el gobierno de pagar la mitad de los “precatorios” (deudas reconocidas en fallos judiciales definitivos) que vencen en 2022. Esa mitad se pagaría en cuotas a lo largo de los próximos 10 años.
Se trata de postergar el pago del 44 600 millones de reales (8200 millones de dólares), aunque se incumplan así fallos judiciales. El gobierno pretende usar esa suma ahorrada en garantizar los fondos para el Auxilio Brasil, un programa de transferencia de renta para 17 millones de familias pobres en 2022.
El programa sustituirá la Bolsa Familia, vigente desde 2003, aumentando los beneficiarios de 14,6 millones a 17 millones de familias, además de duplicar hasta el equivalente a74 dólares el pago mensual a cada familia. Con eso Bolsonaro espera recuperar parte de la popularidad perdida y er reelegido en octubre de 2022.
Pero no pagar las deudas ratificadas por la Justicia viola la Constitución, por eso la necesidad de alterar cinco artículos de la ley fundamental de 1988.
Una enmienda constitucional no es tarea sencilla, más aún para un gobierno sin un respaldo mayoritario formal en el Congreso Nacional. Se requiere mayoría de 60 por ciento en las dos cámaras legislativas, es decir 308 en un total de 513 diputados, y 49 senadores en un total de 81. Además de la aprobación en dos vueltas en cada cámara.
Lira logró la adhesión de 312 diputados en la primera vuelta, el 4 de noviembre, y de 323 en la segunda vuelta, el 9 de noviembre. Conquistó más de un centenar de votos en la oposición o partidos independientes.
La enmienda tiene ahora que pasar por el Senado, donde la aprobación será más difícil, porque en su presidencia está el senador Rodrigo Pacheco, que no apoya a Bolsonaro y quien además pretende ser uno de sus adversarios en las próximas elecciones.
El protagonismo de Lira atropella el neoliberalismo y la austeridad fiscal del ministro de Economía. Gracias a su iniciativa se aprobó el Vale-gas, un subsidio a los muy pobres, que paga mitad de la bombona de gas de cocina, cuyo precio subió más de 35 por ciento este año y obligó a las familias en miseria a recurrir a la leña o restos de muebles.
Fue también el presidente de la Cámara de Diputados quien presionó los gobernadores de los 26 estados brasileños para mantener fijo por tres meses sus impuestos sobre combustibles, para evitar nuevas subidas en el precio del diésel y de la gasolina, cuyo costo amenaza con desatar una huelga de camioneros que sería desastrosa para la economía.
Además, impulsó la privatización de la Eletrobrás, la mayor empresa brasileña de electricidad, y prometió hacerlo también con la empresa de Correos. También asumió la tarea de promover una reforma tributaria y otra de la administración pública, distintas de las propuestas del Ministerio de Economía.
El creciente poder de Lira corresponde a la debilidad política y administrativa del presidente Bolsonaro que, en medio de sus amenazas al Supremo Tribunal Federal y a las reglas democráticas, sufre una erosión de su poder desde la toma de posesión en enero de 2019.
“Somos el único pueblo del mundo que se vacunó con la rebeldía del presidente”, bromeó Gregorio Duvivier, un escritor y actor humorístico, en su artículo para el diario Folha de São Paulo del 10 de noviembre.
La pandemia fue la tragedia que más socavó la autoridad de Bolsonaro y desnudó su condición de “pato cojo” (el “lame duck” estadounidense, o presidente despojado de poderes).
Su prédica contra las vacunas anticovid-19 no fue seguida ni siquiera por la mayor parte de sus seguidores. Encuestas recientes registraron que más de 90 por ciento de los entrevistados desean la vacuna o ya se vacunaron. En varios de los estados brasileños la casi totalidad de los adultos ya tomaron por lo menos la primera dosis.
La pandemia había matado a 610 036 personas en Brasil hasta el miércoles 10 de noviembre, pero el promedio diario de muertos cayó a 254, el más bajo desde abril de 2020. Eso comprueba la eficacia de la vacunación, pero el gobierno sigue a contramano de este hecho.
El ministro del Trabajo, Onix Lorenzoni, firmó el 3 de noviembre una ordenanza que prohíbe a empresas e instituciones públicas despedir o rechazar la contratación de trabajadores que rechazan vacunarse. La Justicia, sin embargo, ya estableció jurisprudencia contraria, al supeditar la libertad individual a la salud colectiva.
La secretaria de Cultura, por su parte, vetó la exigencia de la vacunación como pasaporte para el ingreso en espectáculos beneficiados por el fomento oficial.
El presidente Bolsonaro siempre cuestionó las vacunas. La última vez difundió una falsa noticia de que vacunarse contra la covid-19 puede facilitar el contagio por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Él mismo se quejó de que el Supremo Tribunal Federal lo dejó sin función en el combate a la pandemia, al atribuir la tarea a los gobiernos regionales y locales.
En realidad, el fallo solo garantizó a los gobiernos de estados y municipios la autonomía para adoptar medidas de prevención, como el uso de mascarillas y el cierre de algunas actividades riesgosas cuando los contagios crecen.
El máximo tribunal del país trató así de impedir al gobierno central el imponer a todos su política de acelerar el contagio como forma de inmunización colectiva, en la creencia de que evitaría así una caída de la actividad económica.
Bolsonaro vio malogrados otros varios intentos de poner en marcha sus deseos y prejuicios.
Un ejemplo: la tecnología 5G de telecomunicaciones se implantará en Brasil con la participación china, ratificó la subasta del 4 y 5 de noviembre que dividió las operaciones nacionales entre 11 empresas.
Bolsonaro favoreció el año pasado el acompañar la posición de Estados Unidos, de vetar tecnologías de la empresa china Huawei en el servicio, aunque sean las más avanzadas y eficientes, además de ya estar presente en Brasil. La realidad se impuso.
La Justicia también evitó que el actual gobierno brasileño desactivara varios consejos con participación de la sociedad que habían sido creados por ley, aunque sí se acabó con muchos organismos oficiales que llevaban la voz ciudadana a la gobernanza del país.
El Congreso Nacional rechazó varios decretos y numerosas propuestas por el Poder Ejecutivo, al punto que Bolsonaro se quejó de que los legisladores le estaban convirtiendo en una “Reina de Inglaterra”, en febrero de 2020.
La gestión del gobierno de extrema derecha, aunque contenida por los demás poderes y por las instituciones de control, promovió la destrucción de muchos servicios públicos y conquistas nacionales.
Es el caso de la reputación brasileña en los foros internacionales, especialmente en los ambientales, producto del desmantelamiento de los institutos del sector y de los retrocesos en el combate a la deforestación y en la preservación de la biodiversidad.
Aun así, los compromisos asumidos por Brasil en la 26 Conferencia de las Partes (COP26) sobre cambio climático, en Glasgow, revelan que también en esa área Bolsonaro abdicó de sus creencias antiambientales, ante las presiones internacionales.
Reducir en 30 por ciento las emisiones de metano para 2030 y eliminar la deforestación en 2028 fueron los dos principales repliegues de su gobierno, que escenificó en la cumbre climática.
ED: EG
