Asistencia a agricultores de Malawi se ensombrece por altos precios de los fertilizantes

Una pequeña agricultora de Malawi en medio de su maizal en 2020. Este año, los pequeños agricultores están esperando ansiosamente que se resuelva la batalla entre el gobierno y los comerciantes privados para poder obtener el fertilizante subsidiado por un programa especial para garantizar la seguridad alimentaria en el pequeño y pobre país africano. Foto: Charles Mpaka / IPS

BLANTIRE, Malawi, 29 nov (IPS) – Ellena Joseph, una pequeña productora de maíz del distrito de Chiradzulu, en la Región del Sur de Malawi, terminó de preparar su campo para sembrar a principios de octubre.

A medida que las primeras lluvias comienzan a caer en algunas partes del país, su ansiedad aumenta porque aún no tiene dinero para comprar el fertilizante que necesita para proteger su cultivo.

Joseph, de 63 años, es uno de los 3,7 millones de agricultores a los que el gobierno pretende beneficiar en 2021 con el Programa de Insumos Agrícolas (AIP).

En este programa, el gobierno subvenciona los fertilizantes y las semillas para los pequeños productores, que constituyen más de 80 % de los agricultores de este pequeño país del sureste de África con unos 18 millones de habitantes.

El programa lleva funcionando desde 2005, y cada año se enfrenta a problemas como la corrupción, la falta de disponibilidad de productos en los puntos de venta y los problemas de entrega.

Este año, estos problemas se han visto agravados por el aumento de los precios mundiales de los fertilizantes, que en este país se han disparado casi 100 %.

El impacto de este aumento se ha trasladado a los agricultores. Por cada 23 dólares de subvención gubernamental por un saco de 50 kilógramos de fertilizante, los agricultores pagan unos nueve dólares. El año pasado pagaron 5,4 dólares.

Y Joseph está sintiendo el peso de esa subida sobre sus hombros. Primero, necesita dinero para poder adquirir sus dos sacos de abono.

Luego, como el caos es la norma en la tienda de los agrodistribuidores de su zona, tiene que sobornar a los dependientes o pagar a algunos jóvenes para que hagan cola en su nombre. Cuantos más días y noches hagan cola por ella, más dinero tendrá que desembolsar.

Una vez que compra el abono, tiene que alquilar una moto para transportar el producto hasta su casa, a unos 17 kilómetros de distancia de los centros de suministro.

En total, requiere al menos 28 dólares para hacer frente a estos gastos.

“No tengo ese dinero y no sé de dónde sacarlo”, dice a IPS. “Espero que para cuando llegue el fertilizante haya encontrado ese dinero», añade la agricultora de Chiradzulu, situado en la misma región del Sur que Blantire, la segunda ciudad del país.

En los años anteriores, dependía del programa de obras públicas financiado por el gobierno para ganar un pequeño salario. En los últimos dos años no ha habido ningún proyecto en su zona que le asegure un ingreso mínimo.

En medio de los eternos problemas que afectan al programa de subvenciones alimentarias destinado a garantizar la seguridad alimentaria en Malawi, la subida de los precios de los fertilizantes es este año la más dramática.

Este país sin salida al mar, densamente poblado y entre los menos adelantados del mundo basa su economía en la agricultura, con cerca de 85 % de su población situada en zonas rurales y con un tercio de su producto interno bruto y 90 % de sus exportaciones originadas en la agricultura.

Discrepancias entre comerciantes privados y gobierno

Todo comenzó en junio, poco después de que la legislativa Asamblea Nacional aprobara el presupuesto nacional en el que el gobierno asignaba 172 000 dólares al programa, destinado a 3,7 millones de agricultores, el mismo número que el año pasado.

Tras la subida de precios en el mercado mundial, el coste de los fertilizantes aumentó en el país. Malawi se vio particularmente afectado, porque depende totalmente de las importaciones ya que no hay una planta local que los fabrique.

Como reacción, el Ministerio de Agricultura, organismo ejecutor del emblemático programa de seguridad alimentaria, anunció que reduciría el número de beneficiarios.

Debido a las limitaciones financieras y al aumento de los precios de los fertilizantes, el ministerio, tras analizar estos dos problemas, ha decidido reducir los beneficiarios del AIP.

Por lo tanto, es muy necesario que la reducción de los beneficiarios se haga hasta el nivel de las aldeas, dijo el secretario del ministerio, Sandram Maweru, en una circular fechada el 21 de julio y dirigida a los 28 comisarios de distrito.

El ministerio recomendaba cifras concretas de cada distrito, lo que se traducía en un número menor de beneficiarios, con un total de 2,7 millones.

Pero una semana después de que el comisario de distrito presentara los datos revisados al ministerio, el 21 de agosto, el presidente Lazarus Chakwera, en el poder desde 2020, anuló la decisión de sus funcionarios de agricultura y ordenó que nadie que estuviera en la lista el año pasado pudiera ser eliminado de ella.

“No permitiré que nadie elimine a ninguna familia o pueblo de la lista de beneficiarios”, remarcó.

Así comenzó un tira y afloja entre el gobierno y los comerciantes privados, en medio del cual están los pequeños productores, cuya subsistencia depende del programa de subsidios.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Mientras los comerciantes privados insistían en que debían vender el fertilizante a los nuevos precios, que habrían superado el presupuesto asignado, el gobierno los acusaba de inflar los precios para sabotear el programa.

El gobierno puntualizó que compraría su fertilizante para el AIP a 29 dólares el saco de 50 kilos, en lugar de los 43,6 dólares por 50 kilos que habían fijado los comerciantes privados.

Los esfuerzos por resolver el enfrentamiento no dieron resultado. La última semana de noviembre, 13 de los 164 comerciantes que el gobierno había seleccionado para la distribución de los abonos, aún no habían firmado los contratos para suministrarlos. Esto supone cerca de un millón de sacos de fertilizante que no puede llegar a los productores.

En una declaración en el parlamento el 18 de noviembre, el ministro de Agricultura, Lobin Lowe, insistió en que los comerciantes debían tomar o dejar el producto, y admitió que solo se había adquirido 10 % de las 371 000 toneladas métricas previstas.

Los comerciantes privados aportan 66 % del producto, mientras que dos organismos públicos suministran 34 % del programa.

Sin embargo, el hecho de que 151 comerciantes hayan firmado el contrato no garantiza que se vaya a suministrar el fertilizante, indica Mbawaka Phiri, responsable de la administración ejecutiva de la Asociación de Fertilizantes de Malawi, que agrupa a los comerciantes privados.

“Hay que tener cuidado de no suponer que todos los 151 comerciantes tienen existencias y pueden suministrar. Muchos de los que han firmado contratos siguen teniendo dificultades para conseguir existencias”, afirma.

Según Phiri, algunos comerciantes privados han decidido no participar en el programa este año porque el precio del abono AIP es demasiado bajo para obtener ganancias.

Los comerciantes no están obligados a firmar la oferta de contrato del gobierno, puntualiza, es una decisión comercial.

A su juicio, “depende del gobierno decidir si el programa puede tener éxito sin la participación de los proveedores del sector privado”.

“El programa del año pasado tuvo éxito sobre todo gracias a la participación de los proveedores privados, que pudieron suministrar mayores cantidades de fertilizantes en un periodo muy corto y en todas las zonas del país”, afirma.

Tamani Nkhono-Mvula, experto en política agrícola, afirma que, en general, la ejecución del programa este año no ha sido satisfactoria.

“Estamos en noviembre y tenemos menos de 10 % del abono suministrado, cuando se suponía que a mediados de octubre debíamos haber llegado al menos a 50 % de los agricultores. Una vez que comiencen las lluvias en cuestión de semanas, se agravarán los problemas logísticos que ya tenemos”, asegura.

Explica que el programa es crucial porque se dirige a los agricultores de bajos ingresos que no pueden permitirse los insumos agrícolas, pero su gestión es preocupante.

“Parece que el programa se ha convertido en una forma de ganar dinero para algunas personas. Les encantaría ver el caos en el programa porque así pueden beneficiarse”, critica Nkhono-Mvula.

T: MF / ED: EG

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