NACIONES UNIDAS – El secretario general de la ONU, António Guterres, está librando una batalla diplomática sin precedentes con uno de los Estados miembros del organismo mundial: Etiopía, un país con problemas políticos que necesita desesperadamente ayuda humanitaria internacional.
La guerra de palabras, en una institución en la que el secretario general se considera tradicionalmente subordinado a los 193 Estados miembros, es tan poco habitual según los estándares de la ONU, lo que obligó el día 6 a Guterres a ejercer su «derecho de réplica» en el Consejo de Seguridad, el órgano más poderoso del organismo.
La confrontación estalló cuando el gobierno etíope decidió el 30 de septiembre declarar «personas non gratas (PNG)» a siete funcionarios de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la mayoría de los cuales prestaban asistencia humanitaria, a los que dio 72 horas para abandonar el país del cuerno de África.
En una sesión informativa sobre el ejercicio de su derecho de réplica «que nunca habíamos visto en el Consejo de Seguridad», se le planteó la siguiente pregunta: «¿Es esto una expresión del nivel de su descontento, en este momento, con el embajador de Etiopía?”
“Es mi deber defender el honor de las Naciones Unidas», respondió Guterres.
Antes, en la sesión del Consejo de Seguridad, consideró que el gobierno de Adís Abeba “no tiene derecho a expulsar a estos miembros de la ONU”, entre los que se encuentran los jefes de misión en ese país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Oficina de la ONU para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria (Ocha).
El secretario general puntualizó que la expulsión del personal de la ONU es «particularmente preocupante» porque en el país hay «una inmensa crisis humanitaria», que las agencias del organismo ayudaban a paliar.
En la diplomacia internacional, la utilización de PNG se basa en el principio de reciprocidad: «ustedes expulsan a nuestros diplomáticos y nosotros expulsamos a los suyos», como se puso de manifiesto en la época de la Guerra Fría entre la ONU y la entonces Unión Soviética.
Especialistas han recordado que la expulsión masiva de diplomáticos se convirtió en una característica de la Guerra Fría, cuando los diplomáticos de la Unión Soviética y sus aliados eran a menudo sospechosos de ser agentes de inteligencia y se les ordenaba que se marcharan, normalmente tras un escándalo de espionaje.
Inevitablemente, los rusos y sus aliados tomaban represalias y expulsaban a los diplomáticos occidentales. La mayor expulsión se produjo en 1971, cuando el gobierno conservador británico de la época expulsó a 90 de los 550 miembros de la embajada de la Unión Soviética en Londres e impidió el regreso de otros 15 diplomáticos.
Pero la ONU no tiene reciprocidad diplomática, ni Guterres tiene el poder o la autoridad para expulsar a los diplomáticos etíopes ni de la ONU ni de la ciudad de Nueva York.
El gobierno de Adís Abeba argumenta que los siete funcionarios de la ONU fueron expulsados del país porque «interfirieron en los asuntos internos de Etiopía».
Pero hasta el viernes 8, Etiopía no había respondido a la solicitud del secretario general de pruebas concretas de la expulsión.
Guterres también esgrime que el concepto de persona non grata se aplica a las relaciones entre naciones soberanas, no a las relaciones entre la ONU y sus Estados miembros.
El representante de Etiopia ante el organismo, Taye Atske Selassie Amde, dijo que su país no tenía ninguna obligación legal de justificar o explicar sus decisiones, y enumeró las acusaciones de «mala conducta» de los funcionarios de la ONU.
Al parecer, la disputa se desencadenó por el hecho de que la ONU también estaba prestando asistencia humanitaria a las fuerzas rebeldes en un país en el que casi siete millones de personas necesitan esa ayuda.
El gobierno de Adís Abeba se enfrenta con los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigray, en esa región del norte del país, lo que ha asolado dramáticamente la zona.
Cuando proporciona alimentos y medicinas que se necesitan con urgencia, la ONU dice que su distribución no se guía por la política, sino por factores humanos, insisten en el organismo.
Kul Gautam, ex subsecretario general de la ONU y ex director ejecutivo adjunto de Unicef, dijo a IPS que “varios representantes de Unicef y de la ONU han sido atacados como PNG, pero nunca la ONU adoptó una posición pública tan fuerte y categórica como en este caso».
En el pasado, dijo, los secretarios generales del organismo y los jefes de las agencias han protestado y condenado tales expulsiones, «pero no recuerdo que la ONU haya cuestionado nunca el derecho del gobierno infractor a declarar persona non grata al personal internacional de la ONU».
Por ello, analizó, fue una (agradable) sorpresa que en el caso del personal de la ONU expulsado por el gobierno etíope, el secretario general hiciera una audaz declaración pública cuestionando las acciones y declaraciones del gobierno etíope, tanto ante los medios de comunicación como en el Consejo de Seguridad.
“Espero y confío en que la nueva posición del secretario general haya sido cuidadosamente revisada y corroborada por la Oficina Jurídica de la ONU y que se mantenga, si el caso se impugna en la Corte Internacional de Justicia”, afirmó Gautam.
En el pasado, señaló Gautam, el hecho de que el personal de las Naciones Unidas fuera acusado por gobiernos autoritarios por adoptar una posición de principios en interés de las Naciones Unidas o de las causas a las que sirven (por ejemplo, el interés superior de la población infantil, en el caso de Unicef), se consideraba a menudo “una insignia de honor” para el funcionario o los funcionarios involucrados.
Después de todo, remarcó, el personal de la ONU promete su lealtad a la Carta de la ONU que habla de «Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas», y no «Nosotros los gobiernos de las Naciones Unidas».
Y el personal de la ONU tiene prohibido específicamente recibir instrucciones de sus gobiernos nacionales o de los gobiernos de los países anfitriones, argumentó.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
“Algunos gobiernos preferirían que la ONU y sus agencias se limitaran a enviarles un cheque como parte de su cooperación. Pero la Asamblea General de la ONU, así como los consejos de administración de los organismos, fondos y programas de la ONU, esperan que el personal de la ONU sobre el terreno supervise cuidadosamente la utilización y la eficacia de la ayuda que prestan», planteó.
Gautam concluyó: “Esperemos que la meditada respuesta del secretario general de la ONU a la acción unilateral del gobierno etíope lleve a facultar a los funcionarios internacionales de la ONU para que lleven a cabo sus actividades humanitarias y de desarrollo sin temor ni favoritismo en el mejor interés de las personas a las que se destina dicha ayuda”.
Thomas G. Weiss, profesor de Ciencias Políticas y director emérito del Instituto Ralph Bunche de Estudios Internacionales del Centro de Postgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, dijo a IPS que «muchos funcionarios de la ONU han sido declarados PNG por el país en el que estaban destinados. Los secretarios generales a veces se quejan y a veces se callan”.
Stephen Zunes, columnista y analista de Foreign Policy in Focus, que ha escrito en forma abundante sobre la política del Consejo de Seguridad, aseguró a IPS que “no recuerdo ninguna ocasión anterior en la que un secretario general haya ejercido su derecho de réplica”.
Pero para nada es la primera vez que funcionarios de la ONU son expulsados o declarados persona non grata, señaló.
Recientemente, Marruecos expulsó a la mayoría de las fuerzas de paz de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), considerado un territorio ocupado. El gobierno de Rabat invocó el estatus de PNG para el enviado personal del secretario general, Christopher Ross.
La diferencia, destacó Zunes, es que en el caso de Marruecos y en otros casos anteriores, el gobierno involucrado contaba con al menos un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU como aliado incondicional, lo que limitaba la capacidad del secretario general para enfrentarse a ellos con tanta decisión.
“Esta acción sin precedentes con respecto a Etiopía puede ser tanto un reflejo del relativo aislamiento diplomático de Etiopía como de la gravedad de su acción contra la ONU», dijo Zunes, quien es profesor de Política en la Universidad de San Francisco, y presidente de su departamento de Estudios de Medio Oriente.
Gautam aseguró que el actual primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, Premio Nobel de la Paz 2019, ha decepcionado profundamente a la comunidad internacional al cometer o consentir graves violaciones de los derechos humanos contra la población de una comunidad étnica minoritaria en su propio país. Un caso, recordó, similar al Aung San Suu Kyi en Myanmar.
El hecho de que algunos militantes de la comunidad étnica puedan haber cometido también atrocidades no justifica las acciones duras y desproporcionadas contra civiles inocentes por parte del gobierno de un Estado democrático que debe tener un nivel de exigencia más alto, argumentó.
“Aunque ha habido varios casos de funcionarios de la ONU expulsados de varios países por gobiernos autoritarios, el hecho de que Etiopía haya declarado persona non grata a siete funcionarios de la ONU que prestaban asistencia humanitaria, con cargos aparentemente inventados, no tiene precedentes”, afirmó Gautam.
A su juicio, también es inédita la posición adoptada por el secretario general de la ONU, cuyo portavoz, Farhan Haq, declaró que «es la posición jurídica de larga data de la Organización no aceptar la aplicación de la doctrina de persona non grata con respecto a los funcionarios de las Naciones Unidas”.
«Esta es una doctrina que afecta a agentes diplomáticos acreditados por un Estado ante otro Estado. La aplicación de esta doctrina a funcionarios de la ONU es contraria a las obligaciones bajo la Carta de las Naciones Unidas y a los privilegios e inmunidades que se conceden a Naciones Unidas y sus funcionarios», aseguró.
T: MF / ED: EG
