APUÍ, Brasil – Los primeros habitantes del municipio de Apuí, en el sur del estado brasileño de Amazonas, llegaron a la región en la década del 70. Eran familias del sur y el sureste del país, que emigraron para ocupar tierras y trabajar como agricultores.
Intentaron plantar café, como habían hecho en sus estados de origen, pero el grano no se adaptó bien al bioma amazónico. La baja productividad y la falta de recursos para invertir en otras soluciones obligaron a los productores a recurrir a otras actividades, como la ganadería extensiva. Esto implicaba la tala del bosque nativo para crear pastos.
Apuí ha sufrido una intensa deforestación en las últimas décadas.
En un intento de controlar la situación, en 2012 el Instituto de Conservación y Desarrollo Sostenible de la Amazonia (Idesam) desarrolló un proyecto para producir café en un sistema agroforestal. La práctica tiene un bajo impacto ambiental porque combina la plantación de cultivos de grano con especies nativas, simulando el funcionamiento de un bosque.
Los agricultores que evitan deforestar sus propiedades reciben una compensación conocida como Pago por Servicio Ambiental (PSA). Este esquema, que surgió en la década de 1990, ofrece recompensas -financieras o en términos de otros servicios- a los productores, comunidades y propietarios de tierras que conservan la vegetación nativa. En Apuí, los cafeteros reciben asesoramiento técnico gratuito para mantener el modelo agroforestal.
«Al ser orgánico y proceder de un sistema agroforestal, el productor puede vender el café por un valor superior a la media», afirma Victoria Bastos, coordinadora del Programa de Cambio Climático del Idesam.
El interés por instrumentos financieros como PSA ha aumentado a medida que los países buscan soluciones para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 acordados internacionalmente.
La necesidad de medios eficaces para frenar la devastación ambiental es una de las principales prioridades de las próximas conferencias de la ONU sobre biodiversidad (COP15), cuya primera parte está prevista para octubre en Kunming, y de la cumbre del clima COP26, en Glasgow en noviembre.
En la última década, Brasil ha asumido ambiciosos compromisos de conservación. Por ejemplo, ha prometido restaurar 12 millones de hectáreas de vegetación autóctona degradada para 2030 y alcanzar la deforestación ilegal cero en la Amazonia ese mismo año. Sin embargo, el país está retrocediendo peligrosamente, con un aumento de la deforestación en el bioma desde enero de 2019, cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia.
El PSA ha surgido como un instrumento para ayudar a revertir la tendencia y poner a Brasil de nuevo en el camino para cumplir con sus objetivos del acuerdo climático de París. En enero, el congreso aprobó el marco regulatorio del PSA, que debería acelerar su implementación.
«Ahora hay un marco legal federal para apoyar y dar seguridad jurídica al compromiso de recursos en futuros programas públicos de PSA. La ley, aunque sea federal, puede y debe estimular más proyectos y programas a nivel subnacional y privado», afirma Ricardo Viani, investigador de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar).
Liderazgo de América Latina
Los países latinoamericanos han sido protagonistas de los PSA. Costa Rica, por ejemplo, cuenta con un sistema estatal de pago por servicios ambientales desde 1997. Pionero, el programa costarricense ha logrado importantes resultados: Entre 1997 y 2019, preservó 1,3 millones de hectáreas, una superficie ocho veces y media superior a la de la ciudad de São Paulo, inspirando a otros países.
En Brasil, el instrumento se ha desarrollado de forma espontánea, como explica Natália Jodas, profesora de Derecho del Instituto Tecnológico de Aeronáutica y autora de un libro sobre el PSA.
«Como hasta este año no existía una ley federal con directrices y objetivos generales, los proyectos acabaron apareciendo de forma diversa, siendo cada experiencia bastante singular y valorando aspectos regionales y locales. Varias iniciativas fueron creadas por municipios, gobiernos estatales o incluso agentes privados», sostiene Jodas.
¿Sabía que?
Brasil ha prometido restaurar 12 millones de hectáreas de bosques degradados para 2030 y terminar con la deforestación ilegal en la Amazonía para el mismo año.
En 2019, Brasil contó con 316 iniciativas de PSA, según un estudio de Jodas basado en datos de la organización no gubernamental Forest Trends.
Incluso hay proyectos que se relacionan con la principal exportación de Brasil, la soja, que fue el segundo producto que más contribuyó a la deforestación en Sudamérica entre 2001 y 2019, después de la ganadería.
PSA Soja Brasil es un proyecto piloto desarrollado en el sur de Maranhão por la Alianza Forestal Tropical (TFA), cuyo objetivo es recompensar económicamente a los productores de soja que reduzcan la importante huella de carbono y agua de sus cultivos y conserven la biodiversidad de la región.
Más de 50 explotaciones medianas y grandes, con un total de 450.000 hectáreas de tierra, forman parte de la iniciativa. Funciona animando a los productores a invertir en la mejora del suelo, y los beneficios medioambientales se cuantifican en términos de precio. El productor recibe entonces un pago anual en efectivo proporcional a sus resultados.
Además de reducir la huella de carbono del productor, un mejor tratamiento del suelo aumenta la productividad de la plantación, explica Fabíola Zerbini, directora de TFA Latinoamérica.
«Dependiendo de la cantidad de superficie excedente no deforestada que tenga el productor, y de su productividad, recibirá más. Es una política para estimular mejores prácticas ambientales y de producción. Al final, la gran hipótesis que queremos probar es que una cosa está ligada a la otra», añade.
Ricardo Viani, de la UFSCar, señala que hoy la mayor parte de la superficie cultivada de Brasil se dedica a las plantaciones a gran escala, incluso para la soja.
«Si queremos pensar en la prestación de servicios ecosistémicos en las zonas rurales, tenemos que incluir también estas cadenas. Los proyectos de PSA pueden aportar beneficios medioambientales independientemente del sector en cuestión, siempre que estén bien pensados y planificados», argumenta.
¿Ayuda el PSA a preservar el bosque?
Hasta hace poco, reinaba la confusión sobre lo que eran realmente los pagos por servicios ambientales, incluso entre los responsables de su aplicación. El marco normativo ha aportado una claridad muy necesaria al ofrecer definiciones.
«El PSA no beneficia necesariamente a los productores que conservan el bosque. También puede ser un pago para la comunidad que vive en una zona de conservación y no produce en ella, sino que la protege», dice Victoria Bastos, del Idesam.
Ahora se consideran PSA los pagos directos a los productores que no deforestan sus propiedades; las mejoras sociales a las comunidades; los pagos por certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; y los bonos verdes, entre otros.
Es importante destacar que la nueva ley crea un registro nacional de PSA, que contendrá y pondrá a disposición del público los contratos y avances de todas las iniciativas a nivel nacional.
«El registro es muy relevante, ya que aportará transparencia, publicidad y acceso a la información sobre este instrumento», afirma Jodas. «Tenemos una gran carencia de datos sobre este tipo de proyectos aquí en Brasil».
Sin embargo, hay que mejorar algunos aspectos de la nueva legislación. Jodas dice que uno de los grandes cuellos de botella de los proyectos de PSA es su sostenibilidad financiera. Muchos proyectos que habían impulsado los esfuerzos de preservación de los bosques y el agua se terminaron por falta de fondos.
«No se ha conseguido crear un fondo nacional de pagos por servicios ambientales», afirma Jodas.
Los PSA son una buena estrategia para preservar los bosques, pero no pueden pensarse de forma aislada, según Viani, de UFSCar. «Es un instrumento económico que suele ser complementario de otros que ya existen, como las leyes y los requisitos legales de conservación y restauración. Ambos deben ir juntos», afirma.
Un punto controvertido es que el nuevo marco normativo permite pagar por la conservación de zonas que ya están protegidas por ley, y en las que la deforestación es ilegal. «En el ámbito de la ley, siempre se ha cuestionado si se podía pagar por el cumplimiento de un deber legal, [algo] que ya es obligatorio», dice Jodas.
Con la mayor superficie de bosques tropicales y la mayor biodiversidad del mundo, Brasil puede servir de laboratorio a otras naciones. «Hay proyectos que ya han demostrado la viabilidad de los PSA en el país y sus aprendizajes han tenido eco en todo el mundo. Ahora tenemos que ampliar, comprender y replicar estas iniciativas exitosas», afirma Viani.
Zerbini, de TFA, añade que la COP 15, que se celebrará en Kunming, es una oportunidad para que China presente sus avances en materia de PSE. Como anfitrión, tiene un gran potencial para hacer avanzar la agenda de los PSA en el escenario mundial.
«Creo que China será un gran promotor de la alineación de la agenda medioambiental desde la perspectiva de la no deforestación y la reducción de la huella hídrica», sentencia.
Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino, una plataforma informativa latinoamericana.
RV: EG
