GINEBRA – Las sanciones unilaterales que pesan sobre las economías de Cuba, Irán, Siria y Venezuela deben retirarse o al menos reducirse al mínimo para garantizar su derecho al desarrollo, declararon este miércoles 11 cuatro expertos en derechos humanos del sistema de Naciones Unidas.
“Hay que poner fin al castigo de civiles inocentes”, resumió la declaración de cuatro relatores, del grupo de expertos independientes que trabaja una treintena de temas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza.
Las sanciones “dificultan la salud de poblaciones enteras y obstaculizan el transporte de los bienes necesarios para el desarrollo económico, provocan el despilfarro de los recursos naturales, socavan la sostenibilidad ambiental y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, indicó su declaración.
“Muchas personas de todo el mundo se ven privadas del derecho al desarrollo, tanto a la mejora económica de sus países como a su propio desarrollo personal, a causa de las medidas coercitivas unilaterales, los embargos y bloqueos”, dijeron los expertos.
Dos de ellos son la bielorrusa Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, y el canadiense Obiora Okafor, experto en derechos humanos y solidaridad internacional.
Con ellos, el ugandés Livingstone Sewanyana, de promoción de un orden internacional democrático, y la sudafricana Tlaleng Mofokeng, relatora sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Países objeto de sanciones, como Cuba, Irán, Siria y Venezuela “se hunden en la pobreza porque no pueden obtener servicios esenciales, entre ellos medicamentos, alimentos, electricidad, agua y combustible”, según los expertos.
Usualmente las sanciones tratan de limitar la posibilidad de que las autoridades viajen a los países que imponen la sanción, congelan sus activos, y vedan a empresas y bancos las inversiones y el comercio con el país sancionado.
Sobre Cuba pesan sanciones de Estados Unidos desde 1962, a lo largo de décadas se han acentuado o aliviado al vaivén de circunstancias políticas, y el pasado julio se extendieron a jefes policiales señalados de dirigir la represión de las protestas populares en la isla los días 11 y 12.
Con las sanciones de Washington, y en el pasado también de Europa por su programa nuclear, Irán enfrenta limitaciones para vender su petróleo en el extranjero, una inflación galopante, ingresos decrecientes, apagones continuos y escasez de agua.
La Unión Europea y Estados Unidos mantienen sanciones sobre Siria, con centenares de funcionarios a quienes se prohíbe ingresar al territorio de los países que emiten las sanciones, como represalia por graves violaciones de derechos humanos que se atribuyen a Damasco en el marco de la guerra civil en ese país árabe.
Estados Unidos tiene una ley que le autoriza a congelar los activos en su territorio de cualquier entidad que negocie con Siria, y la Unión Europea sometió a embargo las importaciones petroleras desde ese país y la exportación de materiales o tecnología que pueda utilizarse para reprimir a la población o interceptar comunicaciones.
Venezuela también carga con sanciones individuales dictadas por Washington a responsables de su gobierno, judicatura y fuerzas militares y policiales, así como a la empresa petrolera estatal y las operaciones del Banco Central, emisor y de reserva.
Esas medidas obedecen a que Estados Unidos considera que las autoridades venezolanas han erosionado la democracia y violado derechos humanos fundamentales, endosando el levantamiento de las sanciones a que se elijan un gobierno y un parlamento en comicios “libres” en el país sudamericano.
De acuerdo con los cuatro expertos de la ONU, “la aplicación extraterritorial de las sanciones, las sanciones secundarias, y las sanciones civiles y penales nacionales destinadas a aplicar sanciones unilaterales dan lugar a un exceso de cumplimiento”.
De ese modo “exacerban y amplían su impacto a cada individuo o empresa de las sociedades objetivo, a los nacionales y empresas de terceros países, a las organizaciones humanitarias, a los donantes y a los beneficiarios de la ayuda humanitaria”, señalaron.
Por ello, los Estados “deben aplicar el principio de precaución cuando se adoptan sanciones unilaterales para evitar cualquier impacto humanitario negativo en todo el ámbito de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo”.
Recordaron que la Asamblea General de las Naciones Unidas “ha declarado que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, y así lo reconocen la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta Árabe de Derechos Humanos y una serie de declaraciones multilaterales sobre derechos humanos”.
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