WASHINGTON – Los Estados de América Latina y el Caribe deben proteger a las mujeres que participan en protestas pacíficas y en los movimientos feministas, plantearon la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
En un comunicado conjunto, ambas entidades expusieron que han observado en varios países de la región “el incremento de protestas sociales lideradas por, o en las que han participado, grupos de mujeres, jóvenes y niñas”.
Se trata con frecuencia de “manifestaciones exigiendo igualdad de género, contra la discriminación y por la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres”.
Según sus informes, en el marco de las protestas lideradas por mujeres o que involucran movimientos feministas, se habrían registrado hechos de “uso excesivo de la fuerza, criminalización, estigmatización, intimidación y amenazas, detenciones arbitrarias y uso indebido del derecho penal”.
También “violencias de género y violencia sexual, así como ataques contra la vida e integridad de mujeres defensoras de derechos humanos”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en los últimos meses represión de protestas lideradas por mujeres o en las que participan grupos feministas al menos en Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras y México.
El texto de la CIDH y Acnudh advirtió que en el actual contexto de emergencia sanitaria por la covid-19 “las restricciones a la libertad de circulación y de reunión pacífica plantean dificultades adicionales respecto de las formas tradicionales de organización y acción colectiva”.
Por ello, las actividades de las organizaciones se trasladan a plataformas en línea u otras redes de apoyo, y el texto observa “con preocupación, un aumento en el uso de tecnologías de la información para desacreditar a las mujeres defensoras y su labor”.
“Es importante destacar el impacto diferenciado y desproporcionado que los ataques, campañas de estigmatización, restricciones y prácticas represivas tienen sobre las mujeres, niñas y adolescentes, por cuanto muchos de esos hechos de violencia lesionan y violentan su condición de género”, indicó la declaración.
Esos actos “generan un contexto de miedo y un efecto disuasivo en actividades de defensa de los derechos humanos o en los asuntos políticos, lo cual contribuye a perpetrar patrones de exclusión”.
Las entidades “exhortan a los Estados de la región garantizar que toda restricción a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, incluyendo el contexto de la pandemia, se ajuste a los estándares y normas internacionales y regionales de derechos humanos”.
Las mujeres defensoras “juegan un papel fundamental en el desarrollo democrático de la sociedad, en el acceso a la justicia y el fortalecimiento del estado de derecho, así como en la vigencia y el avance de los derechos humanos y la protección del medio ambiente”, argumentaron.
Por ello, “instan a los Estados a cumplir con su deber de crear y proteger, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para el disfrute de estos derechos con un enfoque diferenciado para la protección de las mujeres, niñas y adolescentes”.
Agregaron la preocupación por la seguridad de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad que se organizan y movilizan en contextos rurales, de las indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, refugiadas y migrantes, y las defensoras de los derechos de la población LGBTI+ y los reproductivos o del ambiente.
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