GINEBRA – Expertos en derechos humanos del sistema de Naciones Unidas dijeron este lunes 7 que están “profundamente preocupados” por el continuo impacto devastador en una comunidad local de un vertido de desechos tóxicos por parte de una empresa sueca en la ciudad de Arica, en el norte de Chile, hace casi 40 años.
Los vecinos de Arica “continúan sufriendo graves problemas de salud provocados por el vertedero”, dijeron los expertos. “A la comunidad se le ha negado el acceso a la justicia durante años, ha recibido poca o ninguna reparación e incluso hoy en día se ignora a quienes necesitan atención médica”, señaló la declaración.
Los desechos tóxicos, que permanecen al aire libre, descubiertos y expuestos a los elementos de la naturaleza, representan un riesgo para la salud y la seguridad dado su alto contenido de arsénico, incluso para los sistemas de agua potable.
“Los impactos que sufre la comunidad solo se harán más pronunciados con el paso del tiempo”, señaló el texto de ocho expertos difundido por la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) Michelle Bachelet.
Se estima que 12 000 personas se han visto afectadas por los desechos y muchas han perdido la vida, dijeron los expertos desde esta ciudad suiza.
Entre los efectos secundarios notificados se encuentran el cáncer, dolor en las articulaciones, dificultades respiratorias, alergias, anemia, el aborto espontáneo y los defectos de nacimiento. Algunas mujeres en edad reproductiva que jugaron en la pila de desechos cuando eran niñas no han podido concebir.
Los expertos dijeron que las autoridades tanto en Suecia como en Chile son responsables
En 1984-1985, la empresa sueca Boliden Mineral AB vertió cerca de 20 000 toneladas de desechos tóxicos, que contenían altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo, en Arica. Boliden pagó a una empresa local, Promel Ltda., para recibir los residuos.
Según los expertos “Suecia sabía que los desechos se estaban vertiendo en Chile, pero no actuó de acuerdo con sus obligaciones internacionales establecidas en la Decisión-Recomendación (C (83) 180) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el derecho ambiental internacional consuetudinario”.
Agregaron que al momento del primer envío, la solicitud de importación recibida por las autoridades chilenas decía falsamente que el desperdicio no era tóxico.
En 2013, 796 residentes de Arica, incluidos defensores de los derechos humanos, iniciaron acciones legales en Suecia contra Boliden. El Tribunal de Apelación de Northern Norrland sostuvo que las denuncias de las víctimas tenían un límite de tiempo, y el Tribunal Supremo de Suecia se negó a conocer el caso.
Para los expertos de la ONU “esto equivale a una denegación de la justicia ambiental, en violación del derecho a un juicio justo reconocido en la Convención Europea de Derechos Humanos”.
Las legislaciones ambientales modernas dan cuenta de los períodos de latencia de exposición a tóxicos (a menudo de décadas), y establecen que cualquier límite de tiempo debe contarse desde el momento de la manifestación evidente del daño.
Además, los expertos de la ONU criticaron a las autoridades sanitarias de Arica por permitir la importación de desechos tóxicos sin realizar análisis químicos.
Las autoridades de vivienda también construyeron viviendas en la zona contaminada por los desechos. Estos hogares todavía están ocupados hoy por ciudadanos chilenos, migrantes y solicitantes de asilo que viven en la pobreza o la pobreza extrema.
“Las autoridades de Suecia y Chile deben cooperar y poner fin a las violaciones de derechos humanos de larga data”, dijeron los expertos.
“Deben tomarse medidas urgentes para devolver de forma segura los residuos peligrosos a Suecia para su eliminación adecuada, y proporcionar urgentemente recursos efectivos a los residentes actuales y anteriores de Arica, incluida la atención médica, la reubicación y el acceso a una vivienda adecuada”, agregaron.
Suscriben la declaración los relatores especiales de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, derechos humanos y medio ambiente, derecho a vivienda adecuada, derechos humanos de los migrantes, y derecho al agua potable y saneamiento.
También los relatores sobre pobreza extrema y derechos humanos, sobre el derecho a la salud física y mental, y el responsable de la situación de los defensores de los derechos humanos.
Chile está considerado el mayor acumulador de desechos mineros, con 740 depósitos de relaves, de los cuales 469 están inactivos y 170 abandonados.
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