BULAWAYO, Zimbabwe – Organizaciones defensoras de derechos demandaron un juicio justo para el corresponsal internacional Jeffrey Moyo, después de que se le denegó la libertad bajo fianza, tras ser acusado de infringir la Ley de Inmigración de Zimbabwe, por haber ayudado a dos periodistas extranjeros a trabajar en el país sin la acreditación exigida por las autoridades.
Moyo, de 37 años, corresponsal de Inter Press Service (IPS), The New York Times y otros medios internacionales fue detenido en Harare el 27 de mayo y se encuentra en la prisión de Bulawayo, la segunda ciudad del país.
La jueza de Bulawayo, Rachel Mkanga, denegó el lunes 31 de mayo la solicitud de libertad bajo fianza de Moyo, con el argumento que se le consideraba una amenaza para la seguridad nacional y que estaba en juego la soberanía de Zimbabwe.
A Moyo se le acusa de violar el artículo 36 de la Ley de Inmigración, que se fundamenta esencialmente en la acusación de haber hecho una declaración falsa a los funcionarios de inmigración. Se trata de la acreditación de dos de sus colegas, Christina Goldbaum y Joao Silva, del diario estadounidense The New York Times.
Goldbaum y Silva llegaron a Zimbabwe el 5 de mayo y fueron deportados el 8 de mayo por no estar debidamente acreditados ante la Comisión de Medios de Comunicación de Zimbabwe (ZMC), el organismo regulador de los medios de comunicación en el país.
“El caso del Estado es débil y ellos lo saben, por eso deportaron a los testigos clave y quieren lidiar con los locales y ponerlo como ejemplo [para otros] de no comprometer asuntos relacionados con la seguridad”, dijo a IPS Tabani Moyo, director ejecutivo del capítulo en Zimbawe del Instituto de Medios de Comunicación del Sur de África.
Para Tabani Moyo, “Jeff debe tener un juicio justo para que no se produzca una situación en la que la ley se utilice como arma contra los medios de comunicación”.
El directivo del Instituto de Medios añadió que “no nos sorprende el giro de los acontecimientos, ya que el Estado utiliza múltiples estrategias para intimidar dependiendo de cómo se irrite, no con los medios, sino con sus relaciones internacionales”.
En un comunicado emitido el viernes 28 de mayo, el ZMC dijo que se enteró de la deportación de Zimbabwe de un hombre y una mujer que decían ser periodistas de The New York Times y que llevaban tarjetas de acreditación y recibos falsos que, según ellos, habían sido obtenidos en su nombre por Jeffrey Moyo, al momento un reportero local debidamente acreditado para el mismo New York Times”.
La ZMC aseguró que los periodistas del diario neoyorquino no habían visitado las oficinas de la ZMC a pesar de que previamente habían escrito a las autoridades pertinentes para solicitar los documentos de autorización requeridos antes de poder trabajar localmente como periodista en misión temporal. Previamente, las autoridades competentes habían denegado a Goldbaum y Silva esa autorización.
El organismo gubernamental de medios de comunicación también alegó que Moyo había reconocido las irregularidades en la acreditación y, al parecer, se dirigió en privado a un empleado de la ZMC, que supuestamente también aceptó confabularse con Moyo y sus colegas ahora deportados. El empleado de la ZMC también fue detenido.
El galardonado periodista y documentalista Hopewell Chin’ono dijo a IPS por WhatsApp que la detención de Moyo era un abuso de las instituciones del Estado.
«El arresto de Jeffery es de nuevo un abuso de las instituciones del Estado porque la persona que cometió el delito es una persona que trabaja para la ZMC y no Jeffrey, que fue un receptor de algo que se había hecho incorrectamente y, como mínimo, debería ser un testigo del Estado”, consideró.
Pero, se quejó, “es él quien está encarcelado», dijo Chin’ono, en referencia al empleado de la ZMC involucrado en el caso.
En el transcurso de 2020 y a principios de este año, Chin ono, crítico del actual gobierno, fue detenido tres veces por la policía zimbabuense, en apresamientos que tuvieron alta resonancia internacional.
«No hay libertad de expresión ni del ejercicio del periodismo en Zimbabwe, cuando se informa contra la élite política y esté en el poder Zanu PF (Unión Nacional Africana de Zimbabwe – Frente Patriótico)”, aseguró el periodista.
A su juicio, “Zanu PF mientras esté en el poder seguirá utilizando las instituciones del Estado para perseguir a los periodistas y a otros ciudadanos por el simple hecho de hacer lo que es constitucional».
Por su parte, el abogado de Moyo, Doug Coltart, adelantó que recurrirá la denegación de la fianza.
“Estamos muy en desacuerdo con esos y todos los motivos en los que se basó el tribunal para denegar la libertad bajo fianza y actualmente estamos preparando un recurso que presentaremos tan pronto como podamos obtener el acta del tribunal de primera instancia”, dijo a IPS tras el dictamen al respecto de la jueza.
Para el defensor de Moyo, “el principal motivo en el que se basó el tribunal fue que existía riesgo de fuga y que era probable que desatendiera el juicio”.
Coltart destacó que el principal motivo esgrimido por la jueza Mkanga para mantener detenido a Moyo y abrirle juicio “no tiene ninguna base legal” y es “hasta chistoso”, porque esgrime que está en juego la seguridad nacional y la soberanía “porque los periodistas internacionales entrevistaron a personas de Zimbabwe sin que el Ministerio de Información lo supiera”.
El abogado destacó, además, que a la esposa de Moyo no se le permitió visitarlo y que las condiciones de su prisión eran deplorables.
“Está bien y se mantiene fuerte mentalmente, pero las condiciones en la cárcel siguen siendo malas”, detalló Coltart, subrayando que Moyo tenía que compartir una manta con otro recluso y se le impedía, entre otras cosas, el acceder a materiales de lectura.
“Lo más preocupante es que fue abofeteado, creo que por uno de los miembros del personal médico de la prisión. Tenemos la intención de presentar una queja al respecto”, añadió.
Si fuese declarado culpable, Moyo podría enfrentarse a 10 años de cárcel.
T: MF / ED: EG
