WASHINGTON – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado brasileño a proteger la vida, la integridad personal, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas yanomami y munduruku, afectados por la incursión de la minería ilegal.
La oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) se unió a la CIDH en una declaración en la que expresaron su “extrema preocupación por los hechos de violencia que han afectado a los pueblos indígenas yanomami y munduruku”.
Indicaron que el 10 de mayo se produjo un enfrentamiento en un territorio yanomami de Roraima, estado del amazónico norte de Brasil, “provocado por mineros ilegales, quienes, según información pública, en presencia de niñas y niños, abrieron fuego contra miembros de la comunidad Paliminú”.
Según la CIDH, dos niños, de uno y cinco años, fueron víctimas del ataque.
El presidente del consejo distrital de salud indígena en la zona, Junior Hekurari, dijo a medios locales que en el ataque murieron tres mineros ilegales y hubo varios heridos, entre ellos un yanomami, aunque la policía no confirmó los decesos.
En esa área a orillas del río Uraricorera, que discurre cerca de la frontera con Venezuela y es afluente del Branco, abundan los mineros ilegales que explotan oro, y los indígenas construyen barreras para impedir su paso y tratan de retener el material destinado a las minas de los invasores.
El territorio indígena yanomami (etnia también presente en el sur de Venezuela) es formalmente una reserva de 9,4 millones de hectáreas con un estimado de 27 000 habitantes, recurrentemente invadida por “garimpeiros”, buscadores de oro, que podrían ser hasta 20 000 según informaciones recogidas por la CIDH.
Por otra parte, la CIDH se informó el 25 de marzo de un ataque contra la sede de la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborûn, en la ciudad de Jacareacanga, al suroeste del estado de Pará, también norteño y amazónico.
Agregó que el Ministerio Público Federal ha emitido acciones urgentes a las fuerzas federales para detener la invasión de grupos armados conformados por mineros ilegales, sin que haya respuesta.
El texto de la CIDH recogió palabras de una joven munduruku, quien expresó que “vemos cómo nuestros bosques se convierten en grandes charcas de barro. Vemos cómo las fuentes de nuestros ríos van sedimentando y cómo sus cursos se van desviando”.
Asimismo “vemos cómo desaparecen las sombras de los árboles, cómo disminuyen los frutos que recolectamos, y cómo el agua cristalina del río Tapajós, de los igarapés (brazos de río) y de los manantiales, se vuelve cada día más turbia. Vemos, en fin, cómo el humo de los incendios oscurece nuestro atardecer”.
La declaración agrega preocupación porque la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el 13 de mayo el proyecto de Ley 3729/2004, que flexibiliza las exigencias ambientales para emprendimientos agropecuarios y energéticos.
“De llegar a promulgarse una ley de este alcance, los derechos humanos de los pueblos indígenas y sus territorios, incluyendo los de los pueblos yanomami y munduruku, se verán aún más impactados”, sostuvieron la CIDH y Acnudh.
También se preocupan por un proyecto de decreto que autorizaría al Presidente de la República a denunciar el Convenio 169 (derechos de los pueblos indígenas) de la Organización Internacional del Trabajo, y por un proyecto de ley que liberaría actividades mineras en tierras indígenas.
La CIDH y Acnudh “recuerdan al Estado que la relación única de existencia entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios ha sido ampliamente reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos”.
Asimismo “el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, reconocido por el derecho internacional, tiene estrecha relación con el uso y disposición de las tierras y territorios, lo que genera obligaciones específicas a los Estados en materia de protección”.
Por todo ello “exhortan al Estado de Brasil a cumplir con su deber de proteger la vida, la integridad personal, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas yanomami y munduruku”.
“Ello es necesario y urgente para terminar con las acciones de invasores que tienen por objeto apoderarse de sus recursos naturales y han significado la muerte de sus miembros, la contaminación de sus fuentes de subsistencia y la deforestación de grandes extensiones de sus territorios”, concluyó el texto de la CIDH y Acnudh.
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